“Bienvenidos” a la barbarie capitalista

 Chile el repris de Haití

 El devastador terremoto del sábado 27 de febrero frente a las costas de Concepción, Chile, no se escapa de  tener las mismas consecuencias que tuvo el de Haití.  A pesar de ser  Chile un país menos atrasado que Haití, las características que tiene la disposición y utilización de la tierra y de los asentamientos humanos en un sistema capitalista, así como las relaciones sociales, políticas y económicas que este sistema impone en la sociedad, hace que Chile sea un “deja vu” en relación a lo visto y vivido en Haití.

 Es muy difícil pensar en una invulnerabilidad absoluta de las estructuras viales, edificaciones y casas ante un terremoto de la magnitud del que vivió Chile días atrás, pero que un edificio de dos años de construido se desplomara íntegro dice de la irresponsabilidad del Estado en las características y controles en las construcciones. Muchas de las construcciones que más sufrieron o colapsaron son de gentes sencillas que para hacerse de sus viviendas han construido con lo que pueden y no con lo que deben para una zona de características sísmicas tan activas como Chile. Es cada vez más evidente que las leyes de concentración de capital del sistema capitalista se manifiesta en la concentración urbanística irracional, anárquica, des-planificada y en función de facilitar la actividad del sistema de producción capitalista como reducción de costos y concentración de mano de obra, por ejemplo que hacen crecer a grados de locura las ciudades y centros urbanísticos.

 La falta de previsión del Estado y del Gobierno fue tal que las autoridades ni siquiera se dieron cuenta del “tsunami” que arrasó con lo que el terremoto había dejado en pie en las poblaciones costeras. Ningún sistema de alarma de tsunami, ni protocolo para enfrentarlo se tenía en las poblaciones costeras y ninguno se aplicó. En una zona de permanente actividad sísmica esto es una muestra de la desidia e irresponsabilidad del sistema capitalista y sus gobiernos.

 Una vez terminado el sismo, las autoridades gubernamentales respondieron lenta y arrogantemente. Tardaron varios días para pedir ayuda internacional porque para la burguesía chilena aceptar la incapacidad de poder resolver las consecuencias del terremoto con sus propios medios dejaría en figurillas  la imagen de país en sostenido crecimiento económico.

 Pero su inmovilismo y lentitud pasmosa, así como la cruda y clara realidad de que tal crecimiento económico no se ha derramado sobre las mayorías que viven en condiciones de pobreza, hizo que la necesidad superara las falsas apariencias. Los llamados saqueos fueron la forma en que estas poblaciones sumidas en la pobreza, ante un evento natural devastador, salieran a reclamar lo que el derecho a la vida les impone. Se apropiaron de los productos de consumo básico y de todo cuanto pudieran hacer suyo para transarlo por productos que necesitaban con urgencia. Muchos habían perdido sus casas y estaban durmiendo en las calles. Las autoridades han tardado días para asegurar en muchas poblaciones el agua y mucho menos han garantizado electricidad.

Que los desposeídos salieran a expropiar a los poseedores difícilmente puede ser calificado como “saqueo”. Desde luego que las masas empobrecidas sin organización ni dirección revolucionarias realizan estas acciones de la manera más desordenada y donde se confunden elementos de lumpenaje. Pero aún así sus acciones no nos merecen la condena que los poseedores y los gobernantes se empeñan en hacer de estos actos.

 Encarados de otra forma, con comités de afectados, con división de tareas para frenar actos de pillaje, con mecanismos para la distribución de lo expropiado y no de manera individualizada la sobrevivencia estaría mejor garantizada. Pero no sería suficiente. Habría que plantearse la exigencia al Gobierno de la expropiación de todos los stocks y todos los productos en bodegas de las grandes empresas de la alimentación y distribución de productos como las grandes cadenas de supermercados y las fábricas de alimentos, medicinas y ropa. A ello seguiría la exigencia de que la distribución de lo expropiado y de las ayudas  internacionales y recursos de las instituciones del Estado esté en manos de los mismos afectados en asambleas y comités democráticos e independientes del Estado.

Las organizaciones de afectados y las organizaciones sociales y políticas  chilenas deberían exigir también la moratoria inmediata de la deuda interna y externa para destinar recursos a la reconstrucción y una serie de medidas  como  la expropiación de tierras para los nuevos asentamientos o construcciones, la reducción de la jornada laboral a 35 horas para que la gente que perdió sus trabajos por los efectos del terremoto puedan encontrar trabajo. Así mismo deberían exigir el retiro de las tropas del Ejército chileno y la instauración de comités de vigilancia de los mismos afectados en milicias obreras y  populares que se encarguen de frenar las actividades lúmpenes, el pillaje, el robo y la seguridad de la pequeña y mediana propiedad.