propuesta Socialista
por la Revolución Socialista Mundial

Editorial: Demofascismo a la vista.

Nota central: EEUU: una estafa de 16 billones de dólares.

Nota de contratapa: A 116 años de la muerte de Federico Engels.

Panorama nacional

La crisis de la CCSS es la crisis de la concepción burguesa sobre la salud y de la prestación de sus servicios.

1948-2010. 62 años de ocultamientos y mentiras. Ulate no ganó legalmente las elecciones.

Panorama internacional

La juventud chilena dijo: No a la educación de mercado

La balanza se inclina a la derecha en América Latina. Venezuela y Cuba no son la excepción.

"Esta violencia continua se frenará. No permitiremos que en nuestras calles exista una cultura del miedo", dijo Cameron.

Fuera de programa

Página de la cultura: "Los géneros populares de la novela han sido los grandes críticos del capitalismo".

Nota de tapa

Luces y sombras de la Huelga de la CCSS

Escribe: Pablo Hernández A.

La huelga de los trabajadores de la CCSS se veía venir. Son muchos los problemas que se han acumulado en los servicios de salud desde hace varias décadas. Son sistemáticos los planes de la burguesía por  desmantelar y saquear la salud pública, estresarla para impulsar la salud privada y aprovechar su condición pública para usarla como fuente de ingreso para venta de servicios, caja chica del Estado al tiempo que este y los patronos no le pagan sus cuotas.

El deterioro en la atención externa y en la hospitalización, las colas para la atención primaria en los Ebais y Clínicas, las colas para consulta y para exámenes en el servicio de especialidades, las colas para cirugías, el recorte del cuadro básico de medicamentos y la mala calidad de los mismos, la insuficiencia y deterioro de la infraestructura y de los equipos, etc, que afecta a los trabajadores y sus familias que hacen uso del derecho a la salud pública por medio de la CCSS y a los mismos trabajadores que dan el servicio.

Los problemas también los sufren  los  propios trabajadores de esa institución, que han visto incrementar su ritmo de trabajo, desmejorar sus condiciones laborales y sus derechos. Por ejemplo, debiendo aprovechar que la Caja no nombra el personal requerido, para laborar turnos extraordinarios, o acogerse  a  pagos por disponibilidad que mejoran o redondean el salario pero traen consecuencias desgastantes en la salud y en las relaciones con sus pacientes y usuarios y desarticulan sus relaciones familiares. 

El deterioro de la seguridad social inclusive lleva a degradar el trabajo digno cuando un importante sector de los trabajadores de la salud y no solo médicos asumen la actitud  de indiferencia, el cinismo, el mal trato a los pacientes y usuarios y se corrompen bajo el auspicio de las políticas de los Jerarcas y del Gobierno que practican el “chorizo”. Este sector de trabajadores termina  haciendo lo propio, en pequeño, con respecto a sus funciones. Los “biombos”, la estructura de tráfico de influencias con respecto a sus familiares, amigos o compañeros para gestionar una cita, un medicamento, una cirugía o cualquier otro servicio  son prácticas comunes en un buen sector de los médicos y de los trabajadores  de la Caja en general.

Una huelga que pasó de una demanda particular a potenciar la crisis de la CCSS

La huelga, que inicialmente reclamaba la anulación del derecho de que las incapacidades se contabilizaran para el aguinaldo y la pensión y para que el Gobierno pagara la multimillonaria deuda que este tiene con la CCSS, sobrepasó estos limitados objetivos. La huelga abrió el espacio a los trabajadores para indignarse y manifestar la “bronca” o el descontento con las condiciones tanto de servicio como de las laborales y colocó el problema de la salud pública a nivel nacional como tema sobre el cual no terminan de manifestarse los distintos actores sociales.

Con una duración de cuatro días, pero con una representativa participación de trabajadores de la mayoría de los centros hospitalarios y clínicas, la huelga tomó un curso más político que reivindicativo  que, sin embargo, no era el propósito de las dirigencias burocráticas de la misma. Ya para el tercer día cuando se realiza una importante marcha en el centro de San José, la huelga se había convertido en una manifestación de denuncia de la situación grave de la salud pública.

Había, sin embargo, una situación de asilamiento y confusión por la orientación reivindicativista o economicista de las demandas originales y de la jugada del Gobierno de decir que abonaba un poco a la millonaria deuda de 431 mil millones de colones con un depósito de 54 mil  millones por medio de emisión de bonos condicionados a la  aprobación del Plan Fiscal (según Herrero el Ministro de Hacienda) lo que aparentaba estar resolviendo una de las demandas originarias de la huelga.

El asilamiento y confusión  provocado por esa orientación reivindicativista de las burocracias sindicales del sector salud y su nefasto método de no preparar y votar en asambleas democráticas de base un Plan de lucha, un pliego que fuera acumulando fuerzas internas y externas y votar un plan de lucha escalonado con paros que prepararan la Huelga Indefinida, llevó a una negociación muy pobre e inconsulta.

No había pretexto o justificación para que las demás burocracias del magisterio, del ICE, de los bancos, de Recope, muelles, etc, no salieran a acompañar esta lucha y a sumar fuerzas. En su lugar cuando mucho  algunas de esas dirigencias sacaron campos pagados de formal apoyo o se echaron uno que otro discurso de “solidaridad” pero no metieron a su gente en esta lucha por la defensa de la salud pública y la Caja.

La huelga así tenía los días contados. No tenía posibilidad de sostenerse para la siguiente semana y no podía sacar nada en concreto como ocurrió.  Pese a ello balancear la huelga solo por esos pobres resultados no sería justo. Gracias a la huelga han caído el anterior Presidente Ejecutivo Eduardo Doryan y la misma Ministra de Salud. El panal lo alborotó la huelga pero eso no es suficiente porque la burguesía también está interesada en colocar el tema de la Caja  para preparar y gestionar la intervención y reestructuración de la Caja en función de los intereses privados, de su desmantelamiento a fondo y de la privatización del sistema de salud público.

Desmantelando la C.C.S.S.

La política de todos los gobiernos que siguieron al de la administración Carazo se caracterizaron por ajustar, recortar y bajar el perfil de derechos y servicios de la salud pública. Primero, para cumplir con  las reducciones del déficit fiscal y hacer de la CCSS un comprador de bonos del Estado para pagar deuda interna y externa, así como para someter a la institución a los planes de ajuste estructural, PAES que entre otras medidas obligó a la llamada “movilidad laboral” con reducción de personal y privatización de muchos servicios como el de vigilancia en el Seguro Social.

Hubo aumentos en las cotizaciones de los trabajadores y patronos para remontar un poco la crisis de finales de los 70s y principios de los 80s que permitieron acomodar un poco las finanzas de la Caja, pagarle a los acreedores, fundamentalmente. Empezaron los primeros experimentos de privatización de servicios de salud vía las cooperativas en Pavas, Tibás y Coronado y la gestión de nuevos préstamos  con los organismos financieros internacionales.

Se suscribieron los planes de reposición de equipos con préstamos como el  finlandés y el español que sabemos fue un invento de un sector de la burguesía que en medio de la crisis apostaba a su poder político para, por medio del “chorizo” crear necesidades (aumento de burocracia gerencial de alto costo en la administración) o suplir y renovar equipos, haciéndose del pago de comisiones (tráfico de influencias, juicio a Calderón Fournier y requerimiento judicial a José María Figueres), al direccionar la suscripción de préstamos con empresas multinacionales de segunda o tercera categoría europeas que requerían colocar  productos o equipos de salud. Las políticas para las aperturas de mercado y los TLC dieron mayor espacio para deprimir los servicios de salud desmantelando cada vez más la provisión propia de materiales o de medicamentos y suscribiendo compras supuestamente de mayor ventaja económica por medio de la apertura o liberalización del mercado mundial haciéndose con ello fuertes negocios y desastres de despilfarro como los medicamentos vencidos y las prácticas de captura de empresas privadas  de almacenamiento de medicinas en bodega o almacenes fiscales que no permitían que la Caja los retirara por diferencias en los contratos.

Las políticas de ajuste estructural, reducción de la participación del Estado en los servicios, depresión del servicio de salud con la intención de promover la medicina privada en el marco de los TLC y el interés de focalizar los servicios en sectores más vulnerables con claro propósito politiquero electoral y con claro propósito político preventivo de placebo social, no dejan de hacer crujir las ya debilitadas estructuras de la salud pública.

En la pasada administración Arias, con el propósito de ganar la partida del Referéndum, contuvieron los planes de desmantelamiento para cortar lanzas de los críticos del NO al TLC. Dirigentes del Sí, prominentes figuras como el Dr. Longino Soto Pacheco salían por TV, prensa y radio asegurando que la Caja no sería tocada por el TLC para calmar las dudas que la amenaza de la apertura de mercados provocaban en la población.

Después del TLC se destapó la crisis económica mundial y Arias tomó las medidas anti cíclicas  para que no se le rompiera su frágil dominio (por unos cuantos miles había ganado el Sí al TLC en el referéndum dejando al país partido en dos) y a los problemas de gobernabilidad se le abriera un descontento popular especialmente de los sectores de trabajadores privados y sectores medios que sufrieron la pérdida de sus trabajos y una drástica reducción del salario con el Plan Escudo. La política de “peor es nada” con que la Ministra de Obras Públicas, Karla González justifico el adefesio de “autopista a Caldera” fue la base fundamental del Plan Escudo que presentaba la reducción de la jornada y del salario como mal menor ante la situación de recesión económica. La Caja fue un proveedor de paliativos, incrementándose las pensiones no contributivas, sosteniendo los servicios de salud incrementando también la captación de mano de obra haciendo crecer en más de siete mil los puestos de trabajo en la Caja. Esta y el MEP fueron utilizadas con criterio político y electoral para compensar el desempleo en el sector privado y contener un agravamiento de la crisis de gobernabilidad y de respuesta de descontento social.

No solo se captó más de 10.956 nuevos empleos en la Caja durante la administración Arias, sino que se implementó el sistema de cubrir los faltantes en todos los niveles con pago de horas extraordinarias. El plan era muy concreto: Se puede caer todo menos la salud y la educación y aunque sea de mala calidad y servicio, “peor es nada”y aunque fuera visto como un mal la continuidad de los Arias con el triunfo de Laura Chinchilla era mejor esto que la nada o la falta de alternativa de los libertarios y del PAC con Ottón Solís.

La persistencia de la crisis del capitalismo  mundial, el agravamiento del déficit fiscal del Gobierno, la presión por retomar a fondo la ofensiva privatizadora, la política de un sector de la burguesía por llevar intencionalmente al límite las contradicciones y ambivalencias de la desmarcada Administración de Laura Chinchilla, para vender la oferta de “mano dura” con Rodrigo Arias, ha hecho saltar  primero los rumores de una inminente quiebra del Régimen de Pensiones de la Caja el año pasado y de  hacer sentir los trazos de un camino de recorte del gasto en todos los niveles y desde luego que en el salarial, y de una reestructuración a fondo de la salud pública que la burguesía está convencida que debe ser cargada sobre las espaldas de los trabajadores, tanto cotizantes como por los mismos trabajadores de la Caja.

Las medidas de recorte del Presupuesto en hospitales como el Escalante Pradilla en Pérez Zeledón, o el Calderón Guardia, así como la disposición de no pagar la totalidad de las incapacidades a sus empleados y el nuevo Reglamento de Incapacidades que pretende economizar cerca de nueve mil millones de colones al año, con mayores restricciones, se suma al “compadre hablado” con la Organización Panamericana de la Salud que ha aprovechado la “oportunidad” para dar un informe sobre la situación de la Caja que concluye entre otras cosas en la necesidad de recortar gastos.

Las organizaciones sindicales y gremiales de la Caja, sintiendo pasos de animal grande, salieron a denunciar que el gestor de las políticas  de deterioro de la Caja es el mismo gobierno que tiene una deuda de más de setecientos mil millones de colones. Pero la denuncia la hicieron para obligar a este y a los jerarcas de la Caja a que no procedieran a implementar la eliminación del derecho del pago de las incapacidades a los trabajadores de esa institución. Como es característico de las dirigencias burocráticas y conciliadoras con el sistema y sus gobiernos, las dirigencias sindicales de la Caja amenazaron con una medida que inicialmente y como es su costumbre se inscribía en la táctica de amenazar con la vaina vacía.  Es decir llamaron a una huelga indefinida como medida de susto ante la impotencia de una decisión firme del Gobierno de no pagar las incapacidades.

Las dirigencias burocráticas de salud responsables de que este round lo aprovechara el Gobierno

Las dirigencias de UNDECA, ANEP, FOCCAS, Unión Médica Nacional y Siprocimeca,  no salieron a plantear una lucha por la defensa de la salud pública y de la Caja ante la ofensiva que se estaba anunciando por parte del Gobierno y los jerarcas de la Caja. Para defender el derecho conquistado del pago de las incapacidades apelaban a  hacer eje de su argumentación en la deuda multimillonaria del Gobierno con la Caja, pero como un gancho o recurso para fortalecer la demanda del reconocimiento del pago de las incapacidades. ANEP, en particular, salió a plantear que la lucha era más amplia en lo reivindicativo y era por la correcta aplicación del llamado “Normativa de Relaciones Laborales” recién aprobado por la Caja en octubre pasado donde se garantiza la continuidad de una serie de conquistas laborales y salariales que el anterior Laudo arbitral había otorgado.

No hubo ninguna política de las dirigencias sindicales burocráticas de definir en primer lugar una lucha por la defensa de la Caja y de la salud pública ante el incumplimiento de pago no solo del Gobierno sino de los patronos morosos. No hubo ningún llamado a conformar un Frente único de organizaciones sociales, campesinas y sindicales para defender la salud pública y la Caja ante la morosidad de los patronos y el Gobierno y de las medidas de la OPS y de la misma Caja- Gobierno, que salió el tercer día de huelga con el nombramiento de una Comisión que estudiará el dictamen de la OPS y la crisis de la Caja y que entregará sus propuestas de “solución”.

No hubo de parte de las dirigencias burocráticas del sector salud una política por construir desde las bases un plan de lucha y un pliego de demandas. Todo vino direccionado desde arriba y fundamentalmente de la dirigencia de UNDECA y ANEP para hacer sin preparación una convocatoria a Huelga Indefinida de un solo porrazo. No estaban interesadas en crear un amplio movimiento de lucha nacional por la salud pública, sino asustar con la amenaza y hacer un movimiento dosificado que abriera una negociación donde los temas de preocupación de las dirigencias y las medidas que tomara el Gobierno- Caja para la “crisis” se les tomara en cuenta.

Por eso tampoco las dirigencias sindicales burocráticas, ni siquiera las más centristas, convocaron a asambleas para consultar el acuerdo que terminaba con la huelga el sábado 23 de julio. La huelga solo pretendía para esas dirigencias que los potenciara como interlocutores de los trabajadores pero al mismo tiempo que enfriara la calentura de ánimo de lucha de los trabajadores abajo. Y junto con el Gobierno, lo lograron: Los trabajadores, a falta de un plan de lucha y una propuesta clara alternativa de la del Gobierno y los patronos a la crisis de la Caja, no quedan satisfechos de que “el panal se alborotara”, porque los que tienen la iniciativa, conformando comisiones de alto nivel tanto en la Asamblea Legislativa como esta que conforma la Caja- Gobierno de cuatro “especialistas”, son los del Gobierno, los patronos y los organismos internacionales como la OPS, que vienen a recortar gasto, a reestructurar la salud y a seguir desmantelándola y privatizándola.

Los trabajadores no salen satisfechos porque la Caja forma dos comisiones de bajo nivel, casi de mentirillas, para dar “atolillo con el dedo”, como expresaban algunos trabajadores el lunes siguiente después del levantamiento de la huelga en el Hospital San Juan de Dios, para ver lo de las incapacidades y lo de la deuda del Gobierno y los patronos. Tampoco les satisface que terminando la semana con una gran marcha, las dirigencias salieran a desmontar sin consultar a las bases en asambleas ni someter el acuerdo a las bases. Y para sepultar el ánimo de esos trabajadores que durante cuatro días mantuvieron la huelga prendida con todas las limitaciones antes apuntadas, la dirigencia aceptó el rebajo del salario de los días no laborados por la huelga.

Un triunfo de la Concertación Social, enemiga de la lucha de los trabajadores

La concertación social (el colaboracionismo del reformismo del Frente Amplio y las dirigencias sindicales con la burguesía y su Gobierno) se impuso. La ofensiva de la burguesía ha obtenido un triunfo al aplacar y tratar de desmoralizar a las bases que salieron a luchar honestamente en esta huelga en un acuerdo concertado. Pero otro acuerdo a más alto nivel de la concertación social se impuso y es el más amenazante y perjudicial: La comisión de los cuatro que nombró la Caja para analizar y proponer salidas a la crisis de la Caja. Es el resultado de la concertación especialmente del sector más político de la burocracia sindical: la dirigencia de la ANEP y del Proyecto Tercera República y por el Pacto Social, pero que es respaldada por cálculo u omisión premeditada por todas las dirigencias sindicales y sociales que no condenan esa Comisión.

En la Comisión están los dos connotados dirigentes del SI AL TLC: Fernando Naranjo y Rafael Carrillo, al que se le suma Pablo Sauma, directivo y copartícipe de la política del anterior Gobierno de Arias en la Caja pues fungió como Directivo en la gestión de Doryan y solo hizo “notas al pie” cuando se trataba de la obligación de la Caja de ajustar los salarios al percentil 50 que fue resolución del mismo Gobierno. La cuarta persona es la ficha de la concertación social: la socióloga Juliana Martínez, cuya cercanía a la ANEP y a las propuestas de Tercera República y Pacto social son de sobra conocidas.  Esta Comisión pretende ser la expresión de la concertación social para salud y por eso cuenta con el apoyo de las dirigencias sindicales y de los “progres” (Otra Caja es Posible), de la que saldrá el plan de reestructuración donde como todo lo que viene del reformismo, será un acomodo a las políticas de la burguesía “apostando”, término muy “cool” de los  progres,  al sacrificio de los trabajadores tanto de la Caja como de los que cotizamos.

Satisfechos los dirigentes sindicales y el reformismo de “izquierda” con los resultados del palanqueo de la huelga para la ansiada concertación  a alto nivel y a bajo nivel en las Comisiones para analizar la llamada por Albino Vargas en la huelga: la Biblia de los trabajadores”, la  “Normativa  de Relaciones laborales” que es lo que más les interesa mientras los grandes temas los toma la burguesía y los representantes de la concertación en la Comisión de verdad.

Para salvar la Caja: Frente Único de lucha,  plan de lucha y propuesta de los trabajadores

Nada bueno puede esperarse de esa Comisión Nacional de Concertación nombrada por los jerarcas de la Caja. Tampoco saldrá nada favorable de las otras Comisiones del levantamiento de la huelga. Los trabajadores de la Caja y los trabajadores y pueblo en general solo pueden confiar en sus propias fuerzas. La huelga fue justa y significó un avance en la denuncia y el destape de la crisis de la Caja, así como el golpe a algunos de los más cercanos responsables, Doryan y la Ministra Ávila, y un golpe a la política de intervención y mano dura de ésta última para entrarle a la Caja después de haberla puesto ellos mismos en crisis.

Pero la denuncia y el destapar de la crisis y aún la caída de estos dos figurones del equipo de los Arias no garantiza nada para los defensores de la salud pública y de la Caja si no se hace una correcta evaluación de las políticas y métodos que se impusieron por parte de las dirigencias en la huelga y si no se plantea y trabaja por un Frente de lucha Unitario o Frente único de lucha por la defensa de la salud pública y de la Caja que elabore una alternativa desde los intereses de los trabajadores a la salud pública y a la consecución del derecho democrático a la salud garantizada y pagada por el Estado.

         Volver a Palabra Socialista