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La
huelga de los trabajadores de la CCSS se veía venir. Son muchos los problemas
que se han acumulado en los servicios de salud desde hace varias décadas. Son
sistemáticos los planes de la burguesía por desmantelar y saquear la salud pública,
estresarla para impulsar la salud privada y aprovechar su condición pública
para usarla como fuente de ingreso para venta de servicios, caja chica del
Estado al tiempo que este y los patronos no le pagan sus cuotas.
El
deterioro en la atención externa y en la hospitalización, las colas para la
atención primaria en los Ebais y Clínicas, las colas para consulta y para
exámenes en el servicio de especialidades, las colas para cirugías, el recorte
del cuadro básico de medicamentos y la mala calidad de los mismos, la
insuficiencia y deterioro de la infraestructura y de los equipos, etc, que
afecta a los trabajadores y sus familias que hacen uso del derecho a la salud
pública por medio de la CCSS y a los mismos trabajadores que dan el servicio.
Los
problemas también los sufren los propios trabajadores de esa institución, que
han visto incrementar su ritmo de trabajo, desmejorar sus condiciones laborales
y sus derechos. Por ejemplo, debiendo aprovechar que la Caja no nombra el
personal requerido, para laborar turnos extraordinarios, o acogerse a
pagos por disponibilidad que mejoran o redondean el salario pero traen
consecuencias desgastantes en la salud y en las relaciones con sus pacientes y
usuarios y desarticulan sus relaciones familiares.
El
deterioro de la seguridad social inclusive lleva a degradar el trabajo digno cuando
un importante sector de los trabajadores de la salud y no solo médicos asumen la
actitud de indiferencia, el cinismo, el
mal trato a los pacientes y usuarios y se corrompen bajo el auspicio de las
políticas de los Jerarcas y del Gobierno que practican el “chorizo”. Este sector
de trabajadores termina haciendo lo
propio, en pequeño, con respecto a sus funciones. Los “biombos”, la estructura
de tráfico de influencias con respecto a sus familiares, amigos o compañeros
para gestionar una cita, un medicamento, una cirugía o cualquier otro
servicio son prácticas comunes en un
buen sector de los médicos y de los trabajadores de la Caja en general.
Una huelga que pasó de una
demanda particular a potenciar la crisis de la CCSS
La
huelga, que inicialmente reclamaba la anulación del derecho de que las
incapacidades se contabilizaran para el aguinaldo y la pensión y para que el
Gobierno pagara la multimillonaria deuda que este tiene con la CCSS, sobrepasó
estos limitados objetivos. La huelga abrió el espacio a los trabajadores para
indignarse y manifestar la “bronca” o el descontento con las condiciones tanto
de servicio como de las laborales y colocó el problema de la salud pública a
nivel nacional como tema sobre el cual no terminan de manifestarse los
distintos actores sociales.
Con
una duración de cuatro días, pero con una representativa participación de
trabajadores de la mayoría de los centros hospitalarios y clínicas, la huelga
tomó un curso más político que reivindicativo
que, sin embargo, no era el propósito de las dirigencias burocráticas de
la misma. Ya para el tercer día cuando se realiza una importante marcha en el
centro de San José, la huelga se había convertido en una manifestación de
denuncia de la situación grave de la salud pública.
Había,
sin embargo, una situación de asilamiento y confusión por la orientación
reivindicativista o economicista de las demandas originales y de la jugada del
Gobierno de decir que abonaba un poco a la millonaria deuda de 431 mil millones
de colones con un depósito de 54 mil
millones por medio de emisión de bonos condicionados a la aprobación del Plan Fiscal (según Herrero el
Ministro de Hacienda) lo que aparentaba estar resolviendo una de las demandas
originarias de la huelga.
El
asilamiento y confusión provocado por
esa orientación reivindicativista de las burocracias sindicales del sector
salud y su nefasto método de no preparar y votar en asambleas democráticas de
base un Plan de lucha, un pliego que fuera acumulando fuerzas internas y
externas y votar un plan de lucha escalonado con paros que prepararan la Huelga
Indefinida, llevó a una negociación muy pobre e inconsulta.
No
había pretexto o justificación para que las demás burocracias del magisterio,
del ICE, de los bancos, de Recope, muelles, etc, no salieran a acompañar esta
lucha y a sumar fuerzas. En su lugar cuando mucho algunas de esas dirigencias sacaron campos
pagados de formal apoyo o se echaron uno que otro discurso de “solidaridad”
pero no metieron a su gente en esta lucha por la defensa de la salud pública y
la Caja.
La
huelga así tenía los días contados. No tenía posibilidad de sostenerse para la
siguiente semana y no podía sacar nada en concreto como ocurrió. Pese a ello balancear la huelga solo por esos
pobres resultados no sería justo. Gracias a la huelga han caído el anterior
Presidente Ejecutivo Eduardo Doryan y la misma Ministra de Salud. El panal lo
alborotó la huelga pero eso no es suficiente porque la burguesía también está
interesada en colocar el tema de la Caja
para preparar y gestionar la intervención y reestructuración de la Caja
en función de los intereses privados, de su desmantelamiento a fondo y de la
privatización del sistema de salud público.
Desmantelando la C.C.S.S.
La
política de todos los gobiernos que siguieron al de la administración Carazo se
caracterizaron por ajustar, recortar y bajar el perfil de derechos y servicios
de la salud pública. Primero, para cumplir con
las reducciones del déficit fiscal y hacer de la CCSS un comprador de
bonos del Estado para pagar deuda interna y externa, así como para someter a la
institución a los planes de ajuste estructural, PAES que entre otras medidas
obligó a la llamada “movilidad laboral” con reducción de personal y
privatización de muchos servicios como el de vigilancia en el Seguro Social.
Hubo
aumentos en las cotizaciones de los trabajadores y patronos para remontar un
poco la crisis de finales de los 70s y principios de los 80s que permitieron
acomodar un poco las finanzas de la Caja, pagarle a los acreedores,
fundamentalmente. Empezaron los primeros experimentos de privatización de
servicios de salud vía las cooperativas en Pavas, Tibás y Coronado y la gestión
de nuevos préstamos con los organismos
financieros internacionales.
Se
suscribieron los planes de reposición de equipos con préstamos como el finlandés y el español que sabemos fue un
invento de un sector de la burguesía que en medio de la crisis apostaba a su
poder político para, por medio del “chorizo” crear necesidades (aumento de
burocracia gerencial de alto costo en la administración) o suplir y renovar
equipos, haciéndose del pago de comisiones (tráfico de influencias, juicio a
Calderón Fournier y requerimiento judicial a José María Figueres), al
direccionar la suscripción de préstamos con empresas multinacionales de segunda
o tercera categoría europeas que requerían colocar productos o equipos de salud. Las políticas
para las aperturas de mercado y los TLC dieron mayor espacio para deprimir los
servicios de salud desmantelando cada vez más la provisión propia de materiales
o de medicamentos y suscribiendo compras supuestamente de mayor ventaja
económica por medio de la apertura o liberalización del mercado mundial
haciéndose con ello fuertes negocios y desastres de despilfarro como los
medicamentos vencidos y las prácticas de captura de empresas privadas de almacenamiento de medicinas en bodega o
almacenes fiscales que no permitían que la Caja los retirara por diferencias en
los contratos.
Las
políticas de ajuste estructural, reducción de la participación del Estado en
los servicios, depresión del servicio de salud con la intención de promover la
medicina privada en el marco de los TLC y el interés de focalizar los servicios
en sectores más vulnerables con claro propósito politiquero electoral y con
claro propósito político preventivo de placebo social, no dejan de hacer crujir
las ya debilitadas estructuras de la salud pública.
En
la pasada administración Arias, con el propósito de ganar la partida del Referéndum,
contuvieron los planes de desmantelamiento para cortar lanzas de los críticos
del NO al TLC. Dirigentes del Sí, prominentes figuras como el Dr. Longino Soto
Pacheco salían por TV, prensa y radio asegurando que la Caja no sería tocada
por el TLC para calmar las dudas que la amenaza de la apertura de mercados provocaban
en la población.
Después
del TLC se destapó la crisis económica mundial y Arias tomó las medidas anti
cíclicas para que no se le rompiera su
frágil dominio (por unos cuantos miles había ganado el Sí al TLC en el
referéndum dejando al país partido en dos) y a los problemas de gobernabilidad
se le abriera un descontento popular especialmente de los sectores de
trabajadores privados y sectores medios que sufrieron la pérdida de sus
trabajos y una drástica reducción del salario con el Plan Escudo. La política
de “peor es nada” con que la Ministra de Obras Públicas, Karla González
justifico el adefesio de “autopista a Caldera” fue la base fundamental del Plan
Escudo que presentaba la reducción de la jornada y del salario como mal menor
ante la situación de recesión económica. La Caja fue un proveedor de
paliativos, incrementándose las pensiones no contributivas, sosteniendo los
servicios de salud incrementando también la captación de mano de obra haciendo
crecer en más de siete mil los puestos de trabajo en la Caja. Esta y el MEP
fueron utilizadas con criterio político y electoral para compensar el desempleo
en el sector privado y contener un agravamiento de la crisis de gobernabilidad
y de respuesta de descontento social.
No
solo se captó más de 10.956 nuevos empleos en la Caja durante la administración
Arias, sino que se implementó el sistema de cubrir los faltantes en todos los
niveles con pago de horas extraordinarias. El plan era muy concreto: Se puede
caer todo menos la salud y la educación y aunque sea de mala calidad y
servicio, “peor es nada”y aunque fuera visto como un mal la continuidad de los
Arias con el triunfo de Laura Chinchilla era mejor esto que la nada o la falta
de alternativa de los libertarios y del PAC con Ottón Solís.
La
persistencia de la crisis del capitalismo
mundial, el agravamiento del déficit fiscal del Gobierno, la presión por
retomar a fondo la ofensiva privatizadora, la política de un sector de la
burguesía por llevar intencionalmente al límite las contradicciones y
ambivalencias de la desmarcada Administración de Laura Chinchilla, para vender
la oferta de “mano dura” con Rodrigo Arias, ha hecho saltar primero los rumores de una inminente quiebra
del Régimen de Pensiones de la Caja el año pasado y de hacer sentir los trazos de un camino de
recorte del gasto en todos los niveles y desde luego que en el salarial, y de
una reestructuración a fondo de la salud pública que la burguesía está
convencida que debe ser cargada sobre las espaldas de los trabajadores, tanto
cotizantes como por los mismos trabajadores de la Caja.
Las
medidas de recorte del Presupuesto en hospitales como el Escalante Pradilla en Pérez
Zeledón, o el Calderón Guardia, así como la disposición de no pagar la
totalidad de las incapacidades a sus empleados y el nuevo Reglamento de
Incapacidades que pretende economizar cerca de nueve mil millones de colones al
año, con mayores restricciones, se suma al “compadre hablado” con la Organización
Panamericana de la Salud que ha aprovechado la “oportunidad” para dar un
informe sobre la situación de la Caja que concluye entre otras cosas en la
necesidad de recortar gastos.
Las
organizaciones sindicales y gremiales de la Caja, sintiendo pasos de animal
grande, salieron a denunciar que el gestor de las políticas de deterioro de la Caja es el mismo gobierno
que tiene una deuda de más de setecientos mil millones de colones. Pero la
denuncia la hicieron para obligar a este y a los jerarcas de la Caja a que no
procedieran a implementar la eliminación del derecho del pago de las
incapacidades a los trabajadores de esa institución. Como es característico de
las dirigencias burocráticas y conciliadoras con el sistema y sus gobiernos,
las dirigencias sindicales de la Caja amenazaron con una medida que
inicialmente y como es su costumbre se inscribía en la táctica de amenazar con
la vaina vacía. Es decir llamaron a una
huelga indefinida como medida de susto ante la impotencia de una decisión firme
del Gobierno de no pagar las incapacidades.
Las dirigencias burocráticas de
salud responsables de que este round lo aprovechara el Gobierno
Las
dirigencias de UNDECA, ANEP, FOCCAS, Unión Médica Nacional y Siprocimeca, no salieron a plantear una lucha por la
defensa de la salud pública y de la Caja ante la ofensiva que se estaba
anunciando por parte del Gobierno y los jerarcas de la Caja. Para defender el
derecho conquistado del pago de las incapacidades apelaban a hacer eje de su argumentación en la deuda
multimillonaria del Gobierno con la Caja, pero como un gancho o recurso para
fortalecer la demanda del reconocimiento del pago de las incapacidades. ANEP,
en particular, salió a plantear que la lucha era más amplia en lo
reivindicativo y era por la correcta aplicación del llamado “Normativa de
Relaciones Laborales” recién aprobado por la Caja en octubre pasado donde se
garantiza la continuidad de una serie de conquistas laborales y salariales que
el anterior Laudo arbitral había otorgado.
No
hubo ninguna política de las dirigencias sindicales burocráticas de definir en
primer lugar una lucha por la defensa de la Caja y de la salud pública ante el
incumplimiento de pago no solo del Gobierno sino de los patronos morosos. No
hubo ningún llamado a conformar un Frente único de organizaciones sociales,
campesinas y sindicales para defender la salud pública y la Caja ante la
morosidad de los patronos y el Gobierno y de las medidas de la OPS y de la
misma Caja- Gobierno, que salió el tercer día de huelga con el nombramiento de
una Comisión que estudiará el dictamen de la OPS y la crisis de la Caja y que
entregará sus propuestas de “solución”.
No
hubo de parte de las dirigencias burocráticas del sector salud una política por
construir desde las bases un plan de lucha y un pliego de demandas. Todo vino
direccionado desde arriba y fundamentalmente de la dirigencia de UNDECA y ANEP
para hacer sin preparación una convocatoria a Huelga Indefinida de un solo
porrazo. No estaban interesadas en crear un amplio movimiento de lucha nacional
por la salud pública, sino asustar con la amenaza y hacer un movimiento
dosificado que abriera una negociación donde los temas de preocupación de las
dirigencias y las medidas que tomara el Gobierno- Caja para la “crisis” se les
tomara en cuenta.
Por
eso tampoco las dirigencias sindicales burocráticas, ni siquiera las más
centristas, convocaron a asambleas para consultar el acuerdo que terminaba con
la huelga el sábado 23 de julio. La huelga solo pretendía para esas dirigencias
que los potenciara como interlocutores de los trabajadores pero al mismo tiempo
que enfriara la calentura de ánimo de lucha de los trabajadores abajo. Y junto
con el Gobierno, lo lograron: Los trabajadores, a falta de un plan de lucha y
una propuesta clara alternativa de la del Gobierno y los patronos a la crisis
de la Caja, no quedan satisfechos de que “el panal se alborotara”, porque los
que tienen la iniciativa, conformando comisiones de alto nivel tanto en la
Asamblea Legislativa como esta que conforma la Caja- Gobierno de cuatro
“especialistas”, son los del Gobierno, los patronos y los organismos
internacionales como la OPS, que vienen a recortar gasto, a reestructurar la
salud y a seguir desmantelándola y privatizándola.
Los
trabajadores no salen satisfechos porque la Caja forma dos comisiones de bajo
nivel, casi de mentirillas, para dar “atolillo con el dedo”, como expresaban
algunos trabajadores el lunes siguiente después del levantamiento de la huelga
en el Hospital San Juan de Dios, para ver lo de las incapacidades y lo de la
deuda del Gobierno y los patronos. Tampoco les satisface que terminando la
semana con una gran marcha, las dirigencias salieran a desmontar sin consultar
a las bases en asambleas ni someter el acuerdo a las bases. Y para sepultar el
ánimo de esos trabajadores que durante cuatro días mantuvieron la huelga
prendida con todas las limitaciones antes apuntadas, la dirigencia aceptó el
rebajo del salario de los días no laborados por la huelga.
Un triunfo de la Concertación
Social, enemiga de la lucha de los trabajadores
La
concertación social (el colaboracionismo del reformismo del Frente Amplio y las
dirigencias sindicales con la burguesía y su Gobierno) se impuso. La ofensiva
de la burguesía ha obtenido un triunfo al aplacar y tratar de desmoralizar a
las bases que salieron a luchar honestamente en esta huelga en un acuerdo
concertado. Pero otro acuerdo a más alto nivel de la concertación social se
impuso y es el más amenazante y perjudicial: La comisión de los cuatro que
nombró la Caja para analizar y proponer salidas a la crisis de la Caja. Es el
resultado de la concertación especialmente del sector más político de la
burocracia sindical: la dirigencia de la ANEP y del Proyecto Tercera República
y por el Pacto Social, pero que es respaldada por cálculo u omisión premeditada
por todas las dirigencias sindicales y sociales que no condenan esa Comisión.
En
la Comisión están los dos connotados dirigentes del SI AL TLC: Fernando Naranjo
y Rafael Carrillo, al que se le suma Pablo Sauma, directivo y copartícipe de la
política del anterior Gobierno de Arias en la Caja pues fungió como Directivo
en la gestión de Doryan y solo hizo “notas al pie” cuando se trataba de la
obligación de la Caja de ajustar los salarios al percentil 50 que fue
resolución del mismo Gobierno. La cuarta persona es la ficha de la concertación
social: la socióloga Juliana Martínez, cuya cercanía a la ANEP y a las
propuestas de Tercera República y Pacto social son de sobra conocidas. Esta Comisión pretende ser la expresión de la
concertación social para salud y por eso cuenta con el apoyo de las dirigencias
sindicales y de los “progres” (Otra Caja es Posible), de la que saldrá el plan
de reestructuración donde como todo lo que viene del reformismo, será un
acomodo a las políticas de la burguesía “apostando”, término muy “cool” de
los progres, al sacrificio de los trabajadores tanto de la
Caja como de los que cotizamos.
Satisfechos los dirigentes
sindicales y el reformismo de “izquierda” con los resultados del palanqueo de
la huelga para la ansiada concertación a
alto nivel y a bajo nivel en las Comisiones para analizar la llamada por Albino
Vargas en la huelga: la Biblia de los trabajadores”, la “Normativa
de Relaciones laborales” que es lo que más les interesa mientras los
grandes temas los toma la burguesía y los representantes de la concertación en
la Comisión de verdad.
Para salvar la Caja: Frente Único de lucha, plan de lucha y propuesta de los trabajadores
Nada bueno puede esperarse de
esa Comisión Nacional de Concertación nombrada por los jerarcas de la Caja.
Tampoco saldrá nada favorable de las otras Comisiones del levantamiento de la
huelga. Los trabajadores de la Caja y los trabajadores y pueblo en general solo
pueden confiar en sus propias fuerzas. La huelga fue justa y significó un
avance en la denuncia y el destape de la crisis de la Caja, así como el golpe a
algunos de los más cercanos responsables, Doryan y la Ministra Ávila, y un
golpe a la política de intervención y mano dura de ésta última para entrarle a
la Caja después de haberla puesto ellos mismos en crisis.
Pero la denuncia y el destapar
de la crisis y aún la caída de estos dos figurones del equipo de los Arias no
garantiza nada para los defensores de la salud pública y de la Caja si no se
hace una correcta evaluación de las políticas y métodos que se impusieron por
parte de las dirigencias en la huelga y si no se plantea y trabaja por un
Frente de lucha Unitario o Frente único de lucha por la defensa de la salud
pública y de la Caja que elabore una alternativa desde los intereses de los
trabajadores a la salud pública y a la consecución del derecho democrático a la
salud garantizada y pagada por el Estado.
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