Cumbre del 9 de diciembre: más agresiones a la población trabajadora

Escribieron: G. Buster y Daniel Raventós en sinpermiso.info

 

Conforme a los acuerdos de la cumbre europea sobre la crisis económica ya número 25 del pasado 9 de diciembre, que el presidente francés ha calificado con tan huera pompa como "refundación de Europa", el déficit fiscal de cada país miembro no debe superar el 3% del PIB y la deuda pública tampoco debe superar el 60% del PIB. Esas limitaciones no son nuevas. Los acuerdos del 9 de diciembre, sin detrimento de otras valoraciones específicas adicionales, tienen de nuevo que la Comisión Europea y el BCE actuarán de controladores sobre la disciplina presupuestaria (mediante sanciones y otras imposiciones) para que ningún estado miembro se desvíe de las limitaciones mencionadas. ¿El objetivo? Se declara que las políticas económicas de todos los miembros deben converger. ¿Lo previsible? Las ya muy asimétricas proporciones económicas entre unos y miembros centrales y otros de periféricos seguirán creciendo.

 

Según proyecciones y estimaciones de la propia Comisión Europea resulta que para el año 2012 casi ninguna economía de la UE cumplirá con ambos criterios del 3% de déficit fiscal del PIB y del 60% de deuda pública. Así, para poner como casos significativos solamente las grandes economías, Alemania tendrá para el año próximo una deuda pública superior al 81% del PIB, Francia, de más del 89%, Italia de más del 120% y el Reino de España de un 74%.

 

Además, esta cumbre del 9 de diciembre es la ratificación de que sólo una Europa más pequeña -la que esté dispuesta a aceptar las condiciones impuestas por la hegemonía de Alemania para salvar al euro-, es capaz de seguir aplicando una disciplina de ajuste neoliberal que enfrenta ya a distintos sectores de las oligarquías que hasta ahora habían apoyado un mismo proyecto de construcción europea. Esa "pequeña Europa del euro" no pretende ya sustentarse en un proyecto ciudadano, sino en la omnipotencia de las tecnocracias al servicio de los mercados. A juzgar por las reacciones de los doctos comentaristas del Financial Times, que son los asesores de cabecera de las oligarquías europeas, a ésta tendrán que seguir muchas más cumbres del euro. Porque, incapaz de reconocer que el problema de fondo es una arquitectura institucional del euro absolutamente desequilibrada desde sus orígenes, el eje franco-alemán sigue empeñado en unas políticas económicas procíclicas y un ajuste fiscal y presupuestario de choque (que agudiza la recesión y amenazan con una deflación en el Sur de Europa) que ensanchan aún más si cabe la vulnerabilidad ante la crisis de la deuda soberana. Es más, al utilizar la "crisis de la deuda" como ariete para imponer la política de austeridad, impide que puedan irse reabsorbiendo tanto la deuda como el déficit publico gracias al crecimiento de las economías.

 

Porque al final, la gestión de la deuda soberana no solo se ha convertido en el mejor negocio para la recuperación de los beneficios del sector financiero -al recibir préstamos inagotables al 1% del BCE y revender bonos en el mercado secundario al 4 o 5%- sino también en el caballo de troya para imponer unos ajustes neoliberales, estado-miembro a estado-miembro, sustituyendo la legitimidad y la soberanía democrática, cuanto éstas no se achantan como en Irlanda, Portugal o el Reino de España, por el recurso último de los gobiernos tecnocráticos que, como Italia o Grecia, ya solo responden a la troika del BCE-FMI-Comisión Europea.

 

¿Puede la imposición generalizada de las políticas de ajuste corregir los desequilibrios sistémicos de la zona euro? El comunicado de la Cumbre comienza afirmando que ese es su objetivo: una arquitectura reforzada para la unión económica, que abra camino a una gobernanza común presupuestaria. Como mencionábamos al inicio, se reafirman las reglas de Maastricht sobre el déficit público -3% de déficit presupuestario, 60% de deuda pública-, pero se crea un mecanismo automático de castigo, que actuará a partir de la nueva definición de déficit público para la eurozona: "cuando el déficit estructural anual exceda el 0,5% del PIB nominal". Este mecanismo deberá incorporarse al ordenamiento jurídico interno de los estados miembros, a imagen y semejanza de Alemania, y como ya ha hecho el gobierno del PSOE en el Reino de España en una de sus más serviles y últimas actuaciones. Cuando ello ocurra, la Comisión -a la que se reduce a su papel de guardianaa de los tratados- y el BCE deberán actuar, imponiendo multas y hojas de ruta para reconducir al estado miembro a la disciplina presupuestaria común de la eurozona, cuyo objetivo debe ser la convergencia de las políticas económicas, aunque su resultado fáctico será aumentar la asimetría de sus economías reales. Las Cumbres del Euro se reunirán, al menos, dos veces al año para guiar y gestionar como un régimen intergubernamental este proceso.

 

La zanahoria vendrá de la mano del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que prestará -a imagen y semejanza del FMI- a los estados miembros que no puedan encontrar ya financiación para su deuda en los mercados. El BCE se limitará, mientras tanto, a financiar, sin límite de liquidez, a la banca privada europea. La responsabilidad de mantener el gotero para los estados miembros, anémicos por su financiación previa de la deuda privada, corresponderá solo al MEDE, aunque lo opere también el BCE. El Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) -la solución a la crisis de la deuda soberana acordada en anteriores Cumbres, pero que nunca ha llegado a arrancar- se subordina ahora al MEDE y ambos deberán contar con recursos suficientes, con un coeficiente mínimo de capitalización del 15% para ofrecer préstamos por valor de 500.000 millones de euros. Pero como el MEDE no estará en funcionamiento hasta el mes de julio del 2012, los estados miembros ampliarán en un plazo de diez días su aportación al FMI por un monto de 200.000 millones de euros, para sostener mientras tanto a Grecia, Irlanda y Portugal y los otros estados miembros de la UE que no pertenecen al euro y que están prácticamente quebrados, como los estados bálticos o Hungría.

 

El MEDE funcionará, a solicitud de la Comisión y el BCE, con una mayoría de voto del 85% de su capital. Su control queda así en manos del eje franco-alemán. El próximo gobierno español de Rajoy queda excluido del derecho de veto, al no alcanzar su aportación el 15% del capital del MEDE: es decir, entre los estados miembros cuyas prioridades quedan subordinadas al núcleo duro.

 

Como ha amenazado Draghi, el BCE se ira ajustando a su mandato de no monetizar la deuda presupuestaria de los estados miembros. Ello después de lanzar 207.500 millones de euros en el mercado secundario de bonos desde mayo de 2010. Una violación de su reglamento que ha sido utilizada como último recurso para salvar a la banca privada, mantener la tasa de interés de los bonos de deuda por debajo del 6% y para disciplinar a los estados miembros. La semana antes de la Cumbre, el BCE se limitó a comprar bonos por valor de 635 millones, aplicando la consigna de sostener a los estados miembros acosados por los mercados "como la cuerda sostiene al ahorcado". El respiro consistió en bajar el diferencial de 395 a 332 para el Reino de España y de 474 a 338 para Italia. Se calla por sabido que Monti y Zapatero-Rajoy fueron en la Cumbre, tras esta advertencia, acérrimos defensores del eje franco-alemán.

 

Quien no fue nada entusiasta de esta imposición de intereses estratégicos por parte de las oligarquías del euro, fue David Cameron, el primer ministro británico. Por un lado, llegaba a la Cumbre con la fuerte presión de los conservadores "euroescépticos", que vienen exigiendo un referéndum sobre el papel de Gran Bretaña en la UE. Por otro, de la industria financiera de la City, que no está dispuesta a ser regulada por los intereses de una moneda como el euro, que no es la suya. Su veto a los acuerdos de "Merkozy" los recondujeron de un nuevo tratado comunitario a un acuerdo intergubernamental de los estados miembros del euro, al que podían sumarse quienes aspirasen a integrarse en la moneda única. Gran Bretaña quedaba en los márgenes del mercado común y el Tratado de Lisboa, los dominios definidos de la Comisión, fuera de la "nueva Europa" de la gobernanza económica del euro.

 

¿De dónde partíamos?

La cumbre del 9 de diciembre no partía de un escenario novedoso. Ya llevamos tres años largos de crisis económica y muchos meses de medidas económicas que, a falta de la posibilidad de una devaluación monetaria, eufemísticamente llevan el nombre de "devaluación interior" (es decir, reducción del gasto público, preferentemente el social, y pérdida constante de los salarios reales). No solamente las medidas hasta ahora practicadas han supuesto un cierto enderezamiento de los problemas que se trataba de combatir sino que estos se han agravado de forma inequívocamente más crecida. Veamos. Cada vez se destruyen más inversiones productivas y se crea más desempleo. Como resultado, cada vez se perciben menos ingresos públicos. Las constantes recetas se traducen en mayores planes de austeridad, mayores "disciplinas " fiscales, mayores ataques en definitiva a las condiciones de trabajo y de vida de la población trabajadora. Lo que a su vez conlleva mayores tasas de desempleo, mayores índices de pobreza, menos inversiones. 

 

¿Y en el Reino de España? El responsable económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, declaró después de la cumbre del 9 de diciembre que en el 2012 no se crearía empleo; por otra parte, distintos servicios de estudios coinciden en que el Reino de España entrará en recesión en el 2012; el director del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo, declaraba el 14 de diciembre que "se está produciendo una recaída de la actividad en medio de un contexto exterior y financiero adverso". ¿Qué supondrá la cumbre del 9 de diciembre ante esta situación? Mayores agresiones a las condiciones de vida y trabajo de la población trabajadora y mantenimiento o agravación de la crisis conómica por bastante tiempo. El gobierno del Partido Popular entra con fuerza en los temas demandados por la banca y la patronal españolas. De entrada, una nueva reforma del mercado laboral que augura renovados ataques a la población trabajadora.

 

Escribíamos con Antoni Domènech en Sin Permiso hace pocas semanas que la situación económica y social del Reino de España es especialmente grave. Por los altísimos niveles de paro y por la pobreza que, inevitablemente, está creciendo de forma muy acelerada. La crisis pilló al Reino de España en una situación que solamente puede comprenderse si se tiene presente la política económica practicada ora por el PP ora por el PSOE a lo largo de varios lustros cuyos resultados resumíamos así: duradera congelación del salario real, y empleos de poca calidad; servidumbre por deuda de la población trabajadora; sobreendeudamiento de las empresas privadas del sector productivo; sobreendeudamiento de la banca española con la banca privada internacional; débil desarrollo del estado del bienestar en relación con la media de la zona euro, que se acumula al largo déficit en gasto social en relación con Europa heredado de la dictadura; estancamiento de la productividad laboral; fuerte déficit comercial, solo comparable entre los países miembros de la OCDE al de EE UU, la economía que durante los años felices de la "globalización" se convirtió en el consumidor de último recurso de la economía mundial; aumento exponencial del coste de la vivienda y, en general, de la vida –que destruye inexorablemente la competitividad exterior de la economía española—, como resultado de una política económica fundada esencialmente en la inflación de activos; completa hegemonía de la economía por parte de rentistas inmobiliarios y financieros; creciente destrucción y puesta en almoneda del sector público y de los bienes comunes mediante privatizaciones que no han sido sino compras, apalancadas en el crédito barato, de activos públicos –incluidos los restos de banca pública y las cajas de ahorro—, a precio de saldo, trocando progresivamente lo que era y tenía que ser satisfacción pública de necesidades sociales en negocio oligopólico, y derechos esenciales –como el acceso a la información, al crédito, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la energía, al transporte, etc.— en mercancías innecesariamente encarecidas por las rentas monopólicas de ellas extraídas por quienes con ellas negocian. Pero, como queda dicho, lo más catastrófico: la gran precarización laboral y el inmenso desempleo (del cual cerca de un 50% es paro juvenil).

 

Hablar de alternativas es difícil porque ineludiblemente deben tenerse en cuenta muchos factores y escenarios en donde supuestamente deberían aplicarse las alternativas: los gobiernos actuales, las disposiciones de resistencia por parte de las clases trabajadoras y de la ciudadanía en general en distintos países, el ascenso de las organizaciones xenófobas en distintos lugares europeos, etc. Pero a modo de ejemplo, las propuestas que el Bloco de Esquerda de Portugal hace ante la situación de la Unión Europea nos parecen muy saludables. Resumidamente son: Referéndum para que la ciudadanía pueda manifestar su opinión sobre las políticas de austeridad. Una intervención inmediata del BCE como prestamista de último recurso a los Estados, comprando las emisiones de títulos de deuda que sean oportunas. Eurobonos que sustituyan a las distintas deudas soberanas. Cambio directo entre deudas públicas de corto y medio plazo de los diferentes Estados europeos, fuera de los mercados financieros. Retirada inmediata de las deudas soberanas del sistema de las agencias de calificación. Auditoría ciudadana de la Deuda, porque "el pueblo tiene el derecho de no pagar deuda que provenga de intereses especulativos, de contratos ilegales o perjudiciales, y tampoco de encargos insoportables".

 

Gustavo Búster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso, España..