Declaración a 10 años de la rebelión popular de diciembre de 2001

Para el Estado y el gobierno de las patronales, los trabajadores somos terroristas.

 

Hoy, a 10 años de aquellas jornadas, el mundo entero está inmerso en la misma crisis que asoló a los trabajadores de la Argentina, pero a escala planetaria.

Como siempre, los poderosos tratan de confiscar nuestra memoria, poniendo en primer plano los padecimientos económicos y la “violencia” de aquellos días, como si no se supiera quién la desató; como si no se supiera que esa violencia fue ejercida desde un solo lado. También tratan de que olvidemos que la fuerza de la movilización popular obligó a la salida prematura de un gobierno que, después de articular el más grande desfalco económico al bolsillo popular,

sólo tuvo como respuesta la imposición del “estado de sitio”.

Esa lucha dejó un saldo de más de 30 asesinados y los responsables de esos crímenes siguen impunes: De la Rúa está libre, como también está libre Cavallo pese a la defraudación cometida contra todo el pueblo trabajador, al igual que está libre Menem, que había iniciado el camino que De la Rúa continuó, y como también está libre Duhalde que intentó sofocar el descontento popular con la masacre de Avellaneda...

Grandes franjas de la población se unían en el clamor de “Que se vayan todos”, expresando su convicción de que todas las instituciones del Estado y sus representantes (políticos, sindicales, uniformados, eclesiásticos...) eran los artífices de todos sus padecimientos.

Pasaron diez años, y hoy el mundo entero transita la misma debacle económica, porque tanto ayer como hoy, esos padecimientos no son el fruto de un “modelo” sino de todo el sistema de explotación capitalista.

En la Argentina, pese a que el Gobierno afirma que aquí no llega la crisis por la “genialidad” de sus medidas económicas, se prepara para dar el mayor golpe al bolsillo de los trabajadores. Y, como es lógico, para hacerlo ha montado un andamiaje represivo feroz. Ese es el gran logro que los Kirchner le han aportado a la burguesía en estos diez años: han sido los gobiernos que lograron instrumentar el más serio avance en la recomposición de las instituciones del

Estado que habían colapsado en el 2001, para que un eventual (más que seguro) nuevo estallido popular no los encuentre desprevenidos. En función de ello, en 2007 votaron la llamada ley “antiterrorista” destinada a castigar la protesta obrera y popular y que acaban de profundizar, y desdoblaron el Ministerio de Defensa con la creación del de Seguridad, para darle lugar a la Gendarmería y la Prefectura en las tareas de “seguridad interior”... es decir, en las tareas de represión interna. Todos sabemos de qué se trata todo esto, con su presencia en toda la zona sur de Buenos Aires, y con el papel que han jugado en todos estos años en todas las protestas obreras, desde Corrientes hasta Santa Cruz.

Los delegados obreros y otros luchadores populares vienen siendo procesados bajo los términos de la ley antiterrorista. Y la Presidenta se da el lujo de burlarse de las denuncias de enfermedades laborales y de equiparar las huelgas, con “chantajes extorsivos”...

En realidad es muy lógico que diga todo esto, dado que un 54% de los votos la han avalado para hacerlo: en primer lugar el 14 de agosto y, luego, el 23 de octubre.

Nadie puede llamarse a engaño, ni mucho menos mostrarse sorprendido, o hablar de un más supuesto que real “doble discurso” del Gobierno. Este gobierno, con los ocho años precedentes, ha tenido el mérito de hablar muy claro: expresó que había que realizar los juicios a los genocidas, porque era necesario “dar vuelta la página” de ese capítulo de la historia argentina; en consecuencia, hizo silencio sobre la desaparición de Julio López que lleva 5 años; se comprometió con el Vaticano a que bajo su administración no se legalizaría el derecho al aborto; reorientó la carátula de la causa Amia, para ponerla al servicio de la política guerrerista de EE.UU., que requería una “excusa” para justificar su ataque contra Irán; suprimió la figura penal de “delito económico” que permitió el salvataje a los bancos subsidiándolos para el miserable reconocimiento del dólar a $1,40; no se cansó de reiterar su reclamo por la ley de tierras, que legitima la entrega de un tercio del país a empresas extranjeras depredadoras; hizo punta, detrás de Brasil, en la creación de la fuerza invasora de Haití, para cubrirle la espalda en el continente a las necesidades militares del imperialismo yanqui; impulsó la ley de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para conseguir mediante una ley lo que la clase dominante no podía conseguir con militancia genuina entre la gente...

Fue un éxito para los capitalistas: en primer lugar, porque un 54% de los votantes lo avalaron en las urnas. Todo esto no estaba oculto: estaba ante los ojos de quien quisiera verlo, desde mucho antes de las elecciones.

Lo dijeron, lo reiteraron, lo denunciaron durante años diversos organismos de derechos humanos, barriales, indígenas, populares y políticos... Y, sobre todo, como bien dijo la Presidenta el 10 de diciembre, hay que recordar su discurso del 1 de marzo de este año: todos estos temas estaban contenidos en aquel discurso (que difundimos ampliamente, y que fue tema de nuestra reunión abierta mensual de ese mes).

El que no quiere oír, no oye. Y la realidad es que la abrumadora mayoría de los explotados no han querido oír... pero la abrumadora mayoría de los explotadores sí la oyeron; ¿cómo se explica, si no, la escasa votación de las otras variantes burguesas que pregonaban abiertamente sus objetivos de ajuste y represión?

Hoy, más que nunca, a diez años del 19 y 20 de diciembre, tenemos que preguntarnos qué nos faltó; y tenemos que impedir que nos arranquen de la memoria los logros que tuvimos.

En síntesis, para nosotros, recordar que para “que se vayan todos”, hay que echarlos; y que el camino para lograrlo comenzó a gestarse hace diez años, con la irrupción de las asambleas populares, que deberían desarrollarse como una construcción consciente de poder, para echar a los asaltantes capitalistas y reemplazarlos por un poder opuesto: el de los explotados y oprimidos, que abran paso a la construcción de una nueva sociedad, abierta, solidaria, igualitaria y fraterna.

Por eso marchamos este 20 de diciembre:

  1. NO A LA LEY ANTITERRORISTA
  2. DESPROCESAMIENTO DE RUBÉN SOBRERO, ROBERTO MARTINO Y MAS DE 5.000 DELEGADOS Y LUCHADORES POPULARES
  3. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
  4. 5 AÑOS DESAPARECIDO: JULIO LÓPEZ ¿DÓNDE ESTÁ?
  5. Contra la impunidad del Estado genocida de los explotadores, sus gobiernos y los burócratas a su servicio:

 

ORGANIZACIÓN Y LUCHA

Liga Socialista Revolucionaria 19/12/2011