Golpe de Estado en Paraguay

Escribió: Juan García especial para ARGENPRESS.info

Las concesiones a la derecha realizadas por Fernando Lugo -en especial luego de la masacre de camppesinos- no sirvieron para evitar el golpe. Lugo asumió con la promesa de la reforma agraria y con la crítica a la apropiación de tierras públicas por parte de la oligarquía paraguaya. Sin embargo, cuando las ocupaciones de tierras de las organizaciones campesinas fueron denunciadas a la Justicia y esta convalidó los títulos de los terratenientes paraguayos y brasileños, Lugo se jugó a desalojarlas.

El hambre de la soja, que vive un boom exportador en Paraguay, no permite concesiones en materia de tierras. El desalojo violento de las tierras de Blas Riquelme -terrateniente del Partido Colorado-, en el que murieron once campesinos y seis policías tiene el antecedente de los desalojos “pacíficos” de Ñanducay, en los primeros meses del año. La denuncia del gobierno, de que los colorados -el partido de la oligarquía terrateniente- se encontraban atrincherados en la Justicia y en el parlamento, sirvió para… una capitulación frente a la Justicia y al parlamento.

El nombramiento del colorado Candia Amarilla como ministro del Interior luego de la masacre de Curuguaty fue un último intento de generar un gobierno de acuerdo con la derecha. Algunos observadores lo atribuyen a un intento de cambio de alianzas de Lugo, con vistas a las elecciones de abril, lo que detonó la ruptura final con el partido del vicepresidente Franco (Partido Liberal). No le dio el resultado que esperaba, porque colorados y liberales se conjugaron para voltearlo. La política agraria de los golpistas es una guerra sin cuartel contra el campesinado, en defensa de los “agronegocios” con Monsanto y con los pulpos de la producción de semillas y transgénicos. Esto no impide que a tan sólo 48 horas del golpe se haya producido una nueva ocupación de tierras en Capiibary (O Globo, 23/6). El polvorín agrario en Paraguay está intacto.

Río Tinto

El golpe se entronca, sin embargo, con una segunda crisis. Sucede que la minera Río Tinto -canadiense- está negociando, desde hace tres años, la construcción de un mega emprendimiento de producción de aluminio en Paraguay, que pasaría a exportar casi 700.000 toneladas anuales. La planta transformaría el aluminio en el segundo producto de exportación de Paraguay. La entrada de Río Tinto cambia el cuadro de influencias en la burguesía paraguaya.

El tema central de la instalación de la planta pasa por el uso de la energía. Paraguay utiliza 2.200 MW de energía; la planta utilizaría 1.100 MW más. Río Tinto chocó con Lugo sobre los precios de la energía. Reclamaba un precio de 30 dólares por MW (una estafa monumental) y el gobierno había fijado, en una primera ronda de negociaciones, el precio de 60 pesos por MW (Reuters, 14/6). Pero, lo más importante, un volumen de consumo de ese nivel por parte de una empresa monopólica lleva a reconfigurar todos los acuerdos por el uso de la energía entre Brasil, Argentina y Paraguay, por Yacyretá y, sobre todo, por Itaipú. No resulta casual, entonces, que el primer país en saludar el golpe de Estado y en reconocer al nuevo gobierno haya sido Canadá.

El embajador estadounidense visitó al nuevo Presidente paraguayo el sábado previo. Bajo Lugo avanzó en Paraguay la penetración militar de Estados Unidos. Los yanquis capacitan una parte de las fuerzas armadas paraguayas, tienen bases y sectores militares actuantes en el Chaco paraguayo con motivos “humanitarios”. Lo reconoce la propia embajada en su página web. La importancia geoestratégica de Paraguay, una base para acceder al Amazonas y una reserva clave de agua y de energía, resulta un factor de interés para el imperialismo norteamericano.

Brasil y la Unasur

Los propietarios brasileños de tierras en Paraguay son un sector importante. Estos “brasiguayos” reclaman al gobierno de Brasil que reconozca al gobierno de Franco.

El canciller brasileño, Patriota, había viajado antes a Paraguay para disuadir a los colorados del golpe. La misión fracasó (Página/12, 24/6). El gobierno de Brasil teme que se vean afectados los acuerdos por Itaipú, que quedarían comprometidos por el ingreso de Río Tinto, una rival de la minera brasileña Vale do Rio Doce. Si el golpe sojero apunta contra la minería, Brasil pasará a apoyarlo a corto plazo, en defensa de los contratos de energía. Ya hemos dicho en estas páginas que la Unasur es un armado de la burguesía paulista, que depende de la energía paraguaya. Río Tinto, al igual que la presencia estadounidense en Paraguay, son un factor de desestabilización para Brasil y de choque con la burguesía brasileña.

La política brasileña no consiguió disimular las rupturas al interior de la propia Unasur. México señaló que el proceso había sido legal. El golpe derechista a Lugo golpea el eje chavista.

El apoyo de la Unasur no salvó en su momento al hondureño Zelaya de la destitución. Los golpistas se apuraron a consumar el golpe, en parte, para poder negociar desde el poder con los gobiernos vecinos. Un acuerdo en torno de los factores en disputa -la energía, la tierra, etcétera- podría mandar al diablo la “lucha anti golpista” de Dilma Rouseff y de Cristina Kirchner. El elogio de todos los gobiernos del discurso de Lugo de retirarse y no llamar a las masas a movilizarse -la “resistencia pacífica”- marca que tienen límites insalvables para enfrentar el golpe por la vía de la movilización popular, que pondría en jaque, no solamente el control sobre la tierra de la oligarquía paraguaya, sino todo el esquema de colonización económica montado en torno de la represa de Itaipú y de los intereses brasileños.

La movilización política independiente contra el golpe debería ir acompañada del planteo en favor de una asamblea constituyente contra el Estado “colorado” de Paraguay, una tarea de los trabajadores y del pueblo de toda Latinoamérica.