Declaración de la liga Socialista Revolucionaria, Argentina

18 de diciembre del 2012

 

A 11 AÑOS DEL 19-20 DE DICIEMBRE DE 2001. Similitudes, diferencias y tareas pendientes

Del “Que se Vayan Todos” a “el regreso de los muertos vivos” 

 

Llegamos a un nuevo aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando la “era neoliberal” tocó fondo en la Argentina capitalista, tras la aplicación a ultranza de todas sus medidas económicas, laborales y gremiales. La crisis no expresó el fracaso de la política de la década de 1990, del Consenso de Washington, sino que fue la consecuencia inevitable del éxito de esa política. Y puso fin al gobierno falsamente progresista de la Alianza UCR-PJ, encabezado por Fernando de la Rúa.

     El país se vio hundido en su más profunda crisis, entró en cesación de pagos y creó un ejército de desocupados inédito en la Argentina. De la Rúa había inaugurado su mandato en 1999 asesinando a dos trabajadores en el puente de Corrientes, cortado por docentes en huelga. Y el 20 de marzo del 2001, rescató del tacho de basura en el que la población lo había tirado ya en 1996, al repudiado ministro Domingo Cavallo, para volver a ponerlo al frente del Ministerio de Economía. En pocos meses, Cavallo decidió enterrar el 1a1 creado por él en 1992, para supuestamente frenar la fuga de capitales que se venía produciendo a lo largo del año. El 1 de diciembre de 2001 se decretó el Corralito, pero con un aviso previo off de record a los bancos y las grandes empresas monopólicas, lo que facilitó que durante la última semana de noviembre se fugaran US$ 10.000 millones (¡en tan solo siete días!). En consecuencia, el Corralito vino a salvar a los bancos, cuyas arcas estaban vacías, prohibiendo a los ahorristas el retiro de sus fondos y fijando un tope de $ 250 semanales incluso para los retiros correspondientes a salarios. Ni está de más decir que gran cantidad de empresas dejaron de pagar los sueldos, amparadas en el hecho real de que no podían disponer de los fondos “acorralados” en sus cuentas bancarias.

     Ya en el 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde decidió una devaluación del 300 % de la moneda nacional. Es decir, el 1a1 pasó a 1a   3, pero a los bancos se les permitió devolver los ahorros en dólares a un cambio de 1a1,40. Posteriormente, la presidencia de Néstor Kirchner le compensó a los bancos incluso ese miserable desembolso de 0,40 por cada dólar pagado, siendo que ellos mismos eran los principales responsables del vaciamiento.

 

Los actores sociales y políticos

La rebelión popular del 19-20 de diciembre del 2001 no fue un rayo en cielo sereno. Venía abonada por la recesión que había empezado a manifestarse a lo largo de todo ese año, acompañada por la creciente fuga de capitales. Hasta tal punto esto acicateó la resistencia de los trabajadores, que hasta la burocrática CGT presidida por Hugo Moyano se vio obligada a convocar a un paro general el día 13 de diciembre. Paro que fue completamente exitoso, en contraste con una movilización convocada por el líder cegetista un día antes en la Plaza de Mayo, que no superó los 3.000 manifestantes, siendo que el grueso de la concurrencia la aportaron las organizaciones de izquierda que se autodenominan “trotskistas” (MST, MAS, PTS, PO...), tal como vuelven a hacer este 19 de diciembre de 2012.

     El PJ tradicional (Duhalde), como siempre, no estuvo dispuesto a aceptar que el Estado lo manejara una fuerza política ajena a ellos (en aquel caso, la UCR) y, en el marco de la inestabilidad y el descontento social, la creciente pobreza y la desocupación masiva, los “punteros” e intendentes pejotistas fogonearon desmanes y saqueos a supermercados, manipulando la genuina desesperación de los más pobres. Los barrios del conurbano bonaerense eran recorridos por patrulleros que alertaban a los vecinos “cierren todo, porque están viniendo los saqueadores”. Y las persianas bajas impedían ver que no llegaban los anunciados saqueadores, al mismo tiempo que creaban una “histeria social” que dio el pie para que desde la Presidencia se anunciara el estado de sitio, alrededor de las 15 horas del día 19, y un discurso de De la Rúa a las 22 horas.

     Prudentemente, el grueso de la población se refugió en sus casas, esperando los anuncios presidenciales.

     Y después de las 22 llegaron las palabras de De la Rúa que encendieron la mecha de la rebelión popular: se mantiene el corralito y se impone el estado de sitio. Esa fue la alarma que hizo sonar la primera cacerola. Las calles se fueron llenando de vecinos que iban levantando barrio tras barrio, en dirección a la Plaza de Mayo. Llegados a Congreso, un descomunal despliegue represivo enfrentó a los manifestantes a gasazo limpio. Miles y miles de jóvenes hicieron, esa noche, un curso acelerado de cómo un pañuelo embebido en limón podía ayudar a protegerse del “disuasivo mensaje” policial.

     La mañana del 20, las radios anunciaban sendos comunicados de la CCC (Alderete) y la CTA (Luis D’Elía) donde anunciaban  la suspensión de una movilización de desocupados que tenían prevista desde un mes antes, porque “la plaza está llena de provocadores”. En la Plaza de Mayo, los caballos de la policía montada pisoteaban a las Madres, que habían adelantado su habitual ronda de los jueves en repudio al estado de sitio. De nuevo el humo de los gases intentó dispersar la indignación de los empleados que pululan habitualmente por la zona. La avenida de Mayo fue una batalla campal: la policía motorizada corría tras la gente, ostentando armas largas, amenazando a los que se asomaban a las ventanas y disparando hacia cualquier parte, “por las dudas”. Y la gente se replegaba para convertirse a su vez en perseguidores, empuñando piedras, vallas, tachos... lo que encontraban en el camino. La vanguardia en esta pelea fueron los “motoqueros”. Hacia las 19 horas, la policía ya había acabado con más de 30 vidas. Y a las 19.45 (Clarín, 21/12/2991) De la Rúa abandonaba su cargo, huyendo en helicóptero. La CGT de Moyano se limitó a guardar silencio.

     La turbulencia social se incrementó día tras día y la burguesía no lograba cerrar filas. Así, los mecanismos sucesorios previstos en la Constitución dieron lugar a sucesivos presidentes que caían como muñecos al calor de la furia popular. Hasta que el 31 de diciembre la burguesía cerró filas detrás de Eduardo Duhalde, y no hubo furia que alcanzara para voltearlo.

     Estos hechos se dieron en medio de que venía gestándose un incipiente proceso asambleario en los barrios de la capital federal, las principales localidades del Conurbano y algunas ciudades del país, con un peso mayoritario de trabajadores que debatían y decidían allí lo que les estaba vedado en sus lugares de empleo. Este fenómeno se acrecentó a partir de las jornadas de diciembre, y estableció una coordinación de sus acciones en el Parque Centenario. El punto más importante de su desarrollo se expresó en la convocatoria a movilizaciones en todo el país para el viernes 25 de enero de 2002.

Masivas movilizaciones sacudieron la mayoría de las ciudades del país, siempre enfrentadas por una brutal represión. Por primera vez, en la historia de los últimos 50 años del movimiento obrero del país, se llevaba adelante una medida de lucha nacional convocada por “los nadie”, por fuera de la CGT y los sindicatos tradicionales. Fue un verdadero “alerta rojo” para la burguesía.

Pero ante grandes crisis, sobre todo cuando cruje la institucionalidad, ahí está la iglesia católica  siempre dispuesta a actuar en las sombras, clandestinamente, para engañar, manipular y enfriar los ánimos de los explotados. Lo más lamentable, es que sus intereses coincidían exactamente con el de las corrientes de izquierda tradicionales (PO, MAS, MST, y otras): encolumnar el movimiento asambleario detrás de los desocupados, para disputarse la mayor tajada en la administración de la beneficencia del Estado; así, lo que no podían ganar en militancia genuina, se reemplazaba por las listas del hambre, para engordar las filas de sus respectivos aparatos. Altamira no vaciló en expresarlo con claridad en La Nación (24/2/2002): “[Se] necesita una transformación social, pero para eso hay que tener un programa y sólo puede ser dado por los partidos”.

     No por casualidad, todas las organizaciones de izquierdas  rechazaron de plano la propuesta de impulsar las asambleas barriales que la LSR les hizo llegar por iniciativa de Jorge Guidobono (ver recuadro). Por eso, junto con la Iglesia, contribuyeron a disciplinarlas y vaciarlas; y terminaron de enterrarlas cuando el PO y el MST se enfrentaron a trompadas en el Parque Centenario, disputando protagonismo de aparatos en la preparación del 1º de Mayo “unitario” (!!!!).

 

De la represión a los planes sociales

Constatado el hecho de que toda la efervescencia social carecía de una orientación política clasista revolucionaria, Duhalde apostó a aplastar al movimiento de masas mediante la represión. Así, el 26 de junio de 2002, en lo que se recuerda como “masacre del Puente Pueyrredón”, fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

     Estos asesinatos no hicieron más que reavivar el odio social que espontáneamente llenó la Plaza de Mayo en repudio a los hechos que, además, fueron documentados por los medios de difusión. Tan fuerte fue el repudio popular, que incluso en el feriado del 9 de julio derivó en una movilización de más de 100.000 personas, que Duhalde tuvo que cambiar su estrategia. Así, los planes sociales pasaron de 200.000 en junio, a 2 millones en octubre. Lo que no pudieron lograr las balas, lo logró la política de dividir mediante prebendas. Al mismo tiempo, se vio obligado a convocar a elecciones anticipadas en marzo de 2003 (cuando aspiraba a quedarse hasta octubre). Las izquierdas, como siempre a contramano, proponían boicotear las elecciones, como si un proceso revolucionario estuviera vivo, cuando, en realidad, la conquista electoral fue también un subproducto del repudio a la masacre de Avellaneda.

    

La era K

Por todo lo dicho, afirmamos que el gobierno de Néstor Kirchner (NK) fue un subproducto distorsivo del proceso subjetivo abierto en diciembre del 2001, de rechazo a la “era neoliberal menemista” y su continuidad en el gobierno aliancista (por ejemplo, De la Rúa firmó un decreto que extendió la concesión del yacimiento Loma La Lata en favor de YPF-Repsol hasta el 2027, plazo que trascendía ampliamente su mandato. Y una de las primeras medidas de NK fue decretar una nueva extensión hasta el 2047). Eso es lo que explica, a la vez, que el nuevo gobierno eligiera la bandera de los Derechos Humanos como un sello diferenciador del gobierno de Duhalde, que fue –a la vez– quien catapultó a NK al sillón de Rivadavia.

     En lo ideológico-social, el afán dominante de las masas era eminentemente democrático. No se trataba de un reclamo puntual, por aumento de salarios, o devolución de los ahorros... El grito predominante era “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, “Fuera la Corte Suprema”, “Sin radicales, sin peronistas, vamos a vivir mejor”... Junto a eso, se desarrollaba todo tipo de debates en la organización vecinal asamblearia y deliberativa. Por primera vez, el vecino que tenía algo para decir, se sentía escuchado por sus pares: el oscurantismo individualista de la década de 1990 se había roto.

     Este afán democrático se tradujo, en el ámbito del Poder Ejecutivo, en la política “de Derechos Humanos”, de un presidente que se proclamó “hijo de las Madres de Plaza de Mayo” y legitimó ampliamente la escasa votación obtenida en las urnas.

     Luego, la película es conocida por todos: el famoso “viento de cola” de la inédita suba de los precios de los commodities posibilitó años de crecimiento para la macroeconomía argentina. La gran burguesía se engolosinó con esa ganancia desmesurada y parasitaria, y cuando en el 2008 el Gobierno pretendió que un minúsculo porcentaje de las exportaciones fueran a las arcas del Estado para financiar a la industria local y a la ayuda social, pusieron “el grito en el cielo”, y empezaron su cruzada “por la libertad de expresión, la democracia, la independencia de la justicia, contra la corrupción...”.

     En septiembre de ese año, estalló la crisis económica del sistema capitalista mundial, con la quiebra de Lehman Brothers, e inevitables consecuencias también para las burguesías latinoamericanas, de las que la Argentina no está ajena. Como siempre sucede, a más crisis capitalista,  más enfrentamientos y hasta guerrerismo entre los distintos sectores burgueses para disputar quién se queda con la mayor tajada de plusvalía. No en vano, los yanquis reinstalaron la IV Flota en el Mar Caribe para controlar todo el continente sudamericano.

     En la Argentina, volvieron la inflación y un montón de padecimientos, incluyendo una nueva camada de desocupados.

     Pero, con todo, no hay el menor punto de comparación, para bien y para mal, entre la Argentina 2001 y la del 2012. La cacerola que sonó en aquellas jornadas puede ser la misma que sonó el 13 de septiembre o el 8 de noviembre. Pero el guiso que en ella se cocinaba es opuesto. Antes, la sociedad clamaba “que se vayan todos” y hoy, todos los enemigos de aquellas jornadas se han unido para dirimir la interna del PJ, en una suerte de reedición de la vieja “unión democrática”, tristemente célebre para todos los explotados de la Argentina, manipulando los genuinos reclamos obreros para llevar agua a su molino capitalista y oportunista.

     Los mismos que nunca se fueron, están hoy en la Casa Rosada y en actos y movilizaciones opositoras, de claro sesgo antiobrero. Esta oposición que cuestiona al Gobierno, lo hace porque quiere volver a las viejas políticas de ajuste y de entrega del patrimonio nacional a los grandes pulpos monopólicos multinacionales. Entre tanto, el mismo gobierno que se autotitula “nacional y popular” no hace más que subordinarse a la política exterior guerrerista estadounidense y amparar a la megaminería depredadora o monopolios contaminantes como Monsanto.

     Es decir, a 11 años de aquellos días, estamos ante esa misma necesidad de “Que se vayan todos”, pero habiendo constatado que para que se vayan, hay que echarlos. Y no de cualquier manera, ni a manos de cualquiera: hay que construir organismos de poder popular, asamblearios y democráticos para la lucha, que crezcan hasta disputarle el poder a quienes hoy lo detentan, y echar a los asaltantes capitalistas. Para instaurar un poder opuesto, de los explotados y oprimidos, que abra paso a una nueva sociedad, libre de toda cadena.

     Nada de eso será posible, si no cobramos conciencia de lo vivido, y no sacamos conclusiones de sus tareas pendientes. Entre otras, hoy tiene plena vigencia el reclamo de “CARCEL A DE LA RÚA, CAVALLO, DUHALDE y todos los que rifaron el país”, junto a la abolición de la ley antiterrorista con la que se penaliza la protesta social, aquí y en toda la América latina.

     No se trata, entonces, de solicitarle al capitalismo “que la crisis la paguen ellos”, porque eso es un mal chiste mientras sigamos viviendo en el sistema capitalista donde “ellos” son los que tienen el poder, tal como el Vaticano clamaba en los 90 por un “capitalismo humano”. Tampoco se trata de aconsejarle a la burguesía cómo solucionar su crisis, tal como las izquierdas le recomendaban la convocatoria a una Asamblea Constituyente frente a la crisis del 2001, para recomponer las instituciones a las que las masas le manifestaban su repudio.

     De lo que se trata hoy, es de revolucionar el país, y nuestras conciencias