Documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

24 de marzo 2013

 

Compañeros  y compañeras:

 

El 24  de marzo   nos  convoca año  a  año  en esta  Plaza para repudiar  el golpe  más brutal  de nuestra historia. Estamos  aquí, y en  todas las  plazas del país, reivindicando los sueños y la lucha de  nuestros  30.000 compañeros y compañeras desaparecidas que dieron su  vida  por  conquistar un país sin opresión, sin explotación,  sin injusticia, sin represión.

 

Decimos  presente en esta  cita con la  Memoria, la  Verdad y la Justicia y con el  compromiso  militante  de   mirar el futuro  con las   banderas  de la  rebeldía  que  la dictadura  no pudo acallar.

 

Estamos aquí, apoyando las crecientes luchas de los trabajadores y de  nuestro pueblo en defensa  de sus  derechos y contra cualquier  forma de  represión y criminalización de  la  protesta.

Decimos presente! A nuestros 30.000 compañeros detenidos  desaparecidos y decimos también   ¡presente¡ a todos los luchadores populares asesinados por la  represión durante   los gobiernos constitucionales

 

En esta cita histórica de nuestro pueblo, de cada 24 de marzo, repudiamos a la  dictadura que, a costa de la  sangre de nuestro pueblo,  impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre.

 

Repudiamos la  brutal represión, racional y planificada  contra  nuestro pueblo,  que tiene  un nombre  preciso: genocidio. Genocidio que impuso la desaparición de  hombres, mujeres,  jóvenes  , niños,  como paradigma del terror y  que  tuvo como objetivo  aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular  que se proponía  conseguir profundas  transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó destruir todas las formas  de organización de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de  delegados, centros de  estudiantes, organizaciones políticas, barriales,  profesionales,  las  más  diversas militancias

 

 

Repudiamos los  campos de  concentración, la  desaparición, el  asesinato, la  cárcel, el  exilio,  el secuestro, la  tortura, el robo  de  niños, que impuso  la  más  brutal dictadura que conoce nuestra historia.

 

Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que  comenzaron  a ensayarse antes del  golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el  accionar de la Triple  A y demás  bandas  fascistas en todo el país.

 

Estamos  aquí para  repudiar  a los  grupos del poder económico  que  planificaron y financiaron el golpe a favor de  una  política  que  los beneficiara a costa  de  la miseria   sistemática  para  nuestro pueblo.

 

Denunciamos  también  a las  patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron  cuerpos de  delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los  ampararon, a los  políticos que  los  avalaron y  a los  grandes medios de  comunicación  que  les  lavaron la cara a todos ellos.

Por todos y  cada uno  de  los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió  nuestro pueblo: ¡ denunciamos  y  exigimos justicia!!

 

El camino iniciado con el heroísmo de las madres plantadas frente a la dictadura y la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos casi 40 años de presencia en las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable, de conseguir castigo a los genocidas.

La anulación de las infames leyes de impunidad de Alfonsín primero y el indulto menemista posterior, abrieron la posibilidad de juzgar a los genocidas. Este logro histórico de nuestra lucha no hubiera  sido posible sin la  rebelión popular del 19 y 20  de  diciembre del 2001.

 

Hoy, a casi 10 años, hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país, con un resultado de 396 represores condenados y poco  más de 1000 procesados. Este año han comenzado los juicios de la ESMA, en Buenos Aires; La Perla en Córdoba, y Arsenales y Jefatura de Inteligencia, en Tucumán. Entre los tres reúnen delitos contra 1500 víctimas y 150 acusados. 

 

Sin embargo la impunidad de la dictadura de ninguna manera ha llegado a su fin.

 

Existieron más de 600 centros clandestinos durante la dictadura y no  llegamos ni a 2 represores por campo condenados!  Cada día de atraso en el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura es un día ganado por la impunidad biológica: 396 son los represores condenados y  320 los represores que murieron impunes  antes de llegar a la justicia.

 

 

Hay más de 60 represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Hace pocos días Martínez de Hoz, el ministro hacedor de la miseria planificada impuesta por la dictadura, que contaba con el beneficio del arresto domiciliario, murió en su  lujoso departamento del  edificio Kavanagh sin recibir condena. 

 

Denunciamos que las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas, y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio. A este ritmo serán necesarios por lo menos 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados.

 

Denunciamos a los jueces cómplices de los genocidas que entorpecen y demoran las causas, y denunciamos al Poder Ejecutivo, que tuvo y tiene la posibilidad de impulsar  las  medidas necesarias para  acelerar los juicios y no lo hace.

 

 

Por eso desde la anulación de las leyes de impunidad hemos luchado porque se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración, y por todos los delitos que cometieron contra todos nuestros compañeros.

 

 

CARCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS

 

Exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados.

 

Luchamos por la identidad de los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices. La política oficial no abre los archivos y sólo impulsa que quienes duden de sus orígenes, se hagan una prueba genética.

Los jóvenes que recuperaron su identidad hasta el momento son 108  y la cantidad de grupos de familia con muestra genética en poder del Banco Nacional de Datos Genéticos sólo son 246 y estas no alcanzan para la restitución de la  identidad de las restantes 400 personas denunciadas y apropiadas como botín por la dictadura.

Por eso exigimos que se establezca rápidamente  un mecanismo para que las  muestras  de todos los restos óseos sin identificar  integren el  Banco Nacional  de Datos Genéticos y que  todos los  familiares de víctimas  de desaparición forzada puedan integrar la base  del  Banco. De está manera aumentará la identificación de personas nacidas en cautiverio o secuestradas en sus primeros años de vida y que actualmente no pueden ser identificadas por no haber muestras genéticas de sus familias.

Exigimos la  máxima  transparencia en el  manejo  de los  datos y que se impida  su manipulación   política  por parte de  organismos  del  Estado.

 

APERTURA  y PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA.

RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES APROPIADOS.

 

Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el Gobierno no tiene.

 

Nuestros compañeros Julio López, secuestrado en el 2006 y Silvia Suppo, asesinada en el 2010 en Santa Fe,  que testimoniaron y lucharon contra la impunidad de los genocidas son hoy símbolos que evidencian descarnadamente la continuidad del aparato represivo de la dictadura y la política de impunidad y olvido que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales quieren imponer sobre estos nuevos crímenes. Sus causas están plagadas de encubrimiento e impunidad. Exigimos también el esclarecimiento del asesinato de Mirta Raia en Tucumán.

 

Con todos estos años de lucha hemos derrotado la teoría de  los dos demonios, logramos anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y reabrir las  causas contra los genocidas. 

 

En los juicios no solo buscamos la condena de los genocidas, sino también damos pasos en la construcción de una memoria y una historia desde las luchas e intereses populares. Por  eso los Centros Clandestinos de Detención deben ser espacios de denuncia de los crímenes  contra  el pueblo y de construcción de memoria. Una memoria  que  recupere la historia,  las luchas, las banderas y sueños por los que lucharon los 30000 compañeros detenidos desaparecidos: la de un país sin opresores ni oprimidos; sin explotadores ni explotados.

 

Nos oponemos a que los Centros clandestinos de detención se transformen en lugares de recreación. Por eso  nos oponemos a que en la ESMA se realicen festivales, cursos de cocina, o que haya payasos o murgas.

 Repudiamos el asado proselitista  realizado en la ESMA por el Ministro Alak, el viceministro Álvarez y el secretario de derechos humanos Fresnedas. Esos  “asaditos”, con su siniestra significación ,asociada  a  tortura  y muerte,  son  una  ofensa  a la  memoria colectiva. Por  eso  repudiamos las  declaraciones de la Presidenta, que afirma que “en la ESMA  hubo asados y los seguirá habiendo”.    

 

Denunciamos el  nuevo intento del gobierno nacional de banalizar el Casino de Oficiales de la ESMA, modificando el único lugar que queda realmente como Espacio de la Memoria, como relato de lo  sucedido en las 17 manzanas que ocupaba  ese Centro  Clandestino. Cuesta creer que se proponga instalar una fuente de agua y realizar intervenciones arquitectónicas en el lugar donde  se mantenía  secuestrados y torturados a los compañeros.

 

El gobierno dice que donde hubo muerte debe haber alegría, porque este sería el proyecto de país por el que lucharon los 30000 detenidos desaparecidos. Les decimos que no es cierto, que nuestros 30000 detenidos desaparecidos lucharon para terminar con la desigualdad y la dominación y por construir un país solidario. Y que entonces la única alegría posible es continuar la lucha para hacer realidad sus sueños.

 

 

Compañeras y compañeros:

 

Salimos,  una  vez  más, a  denunciar  la impunidad  de  ayer  y de  hoy. Por eso hoy denunciamos al gobierno nacional, que pretende adueñarse de las banderas de derechos  humanos, que honramos con nuestra lucha de  tantos años,  para ocultar  su responsabilidad en la continuidad de la  impunidad y su política de mano dura hacia  las luchas  populares.

Denunciamos que  Cristina  Fernández  de Kirchner  tiene una  política  que  privilegia la entrega y descarga la  crisis  sobre las  espaldas de nuestro pueblo. El gobierno paga la usuraria y fraudulenta deuda externa, denunciada por  años  por el movimiento popular  y las  organizaciones de ddhh.  Garantiza ganancias  millonarias a  empresas extranjeras  que saquean nuestros recursos y superexplotan  a los  trabajadores, mantiene compromisos con empresas imperialistas de la minería contaminante, refuerza sus  vínculos con los agronegocios como el de  la  rosca  sojera, y la  extranjerización  de  la  tierra. 

Asegura los beneficios a su propio grupo económico y  a  sus amigos, como Monsanto, y mantiene y profundiza las  reformas  antiobreras del menemismo.

 

Porque  estamos comprometidos con la  historia, el presente y el futuro, somos parte de las  luchas  que recorren  todo el país: puebladas, cortes de calles y rutas, huelgas, acampes, piquetes, las más  diversas  acciones que dan voz  a  la defensa  de los derechos de los  trabajadores ocupados y desocupados, de  los   jubilados, de los estudiantes, de los pueblos que defienden  las  condiciones ambientales de la  depredación, de los campesinos, de los pueblos  originarios, de quienes  reclaman tierra y vivienda, salud y educación.

Saludamos al pueblo de Esquel en el décimo aniversario del plebiscito que le dijo no a la Mina con el 82 % de los votos. Y con ellos y con todos los asambleístas decimos no a la megaminería a cielo abierto.

 

La  inflación  devora  los  ingresos populares. El supuesto congelamiento de los  precios y la  tarjeta  Moreno son un fraude para imponer  los  topes salariales. Continúa  el impuesto al  salario y cientos  de miles  de trabajadores  se quedan sin salario familiar, mientras  la asignación universal por  hijo no cubre  las  mínimas  necesidades y no  llega  a  todos.  

Estos  hechos son la  verdadera contracara de  un discurso enmascarador , que  pretende  vender a su gobierno como  progresista, nacional, popular  y  defensor  de los ddhh.

Denunciamos  también  a los  gobiernos  provinciales  del oficialismo y la  oposición que despliegan políticas de ajuste en sus provincias.

 

El ajuste  provoca la  reacción  de millones de trabajadores, como se demostró en numerosas luchas y en el paro general del 20 de noviembre.

Saludamos desde esta Plaza la lucha de los docentes  y estatales que recorre la Argentina y  ratificamos la necesidad de superar las medidas parciales con un plan de lucha y un nuevo paro general. 

Hoy vemos con mucha  preocupación que, junto  a la  política de ajuste y entrega y como  respuesta  a  la  movilización  popular, el  gobierno  avanza  en la represión y la  criminalización de  la  protesta.

En estos  10 años  de  gobierno  kirchnerista  han sido  asesinados  numerosos luchadores populares,  y su número ha  crecido en forma cualitativa  en los últimos  3 años. Las luchas por tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios  dignos,  por los derechos de  los pueblos originarios,  y contra  esta  política de  hambre y entrega  encuentra   una  y otra vez nombres propios  de  asesinados  del movimiento popular.

Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy)- Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte (Neuquén)- Javier Chocobar (Tucumán)-Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (Bariloche)- Mariano Ferreira- Roberto López y Mario López (Formosa)- Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (Indoamericano) Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (Jujuy)- Mártires Lopez (Chaco)-Cristian Ferreyra (Santiago del Estero) – Diego Jáuregui (Avellaneda)-Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (Rosario, Santa Fe)- Noemí Condorí (Escobar)- Miguel Galván (Santiago del Estero) - Celestina Jara y su nieta de ocho meses (Formosa)- Imer Flores (Chaco)- Juan Manuel Asijak de 16 años (Formosa).

Exigimos la aparición con vida de Daniel Solano, joven trabajador desaparecido hace más de un año en Río Negro.

 

 

En el último  año  se multiplicaron  las acciones  represivas directas: La  represión encabezada por el Coronel Sergio Berni contra  los  trabajadores de la  línea  60 y los  desocupados  y trabajadores de cooperativas que  cortaron Panamericana y fueron llevados al ex Centro CD de Campo de Mayo,  se continuó con la  represión en Bariloche, y en días  recientes con  la acción de  la  bonaerense contra  la  pueblada  de  Junín y los  camioneros  de Lomas  de Zamora y  la  de la  Metropolitana de Macri  en Parque Centenario y  la Sala  Alberdi.  

La  existencia  de  presos políticos durante este gobierno, como los  compañeros de  Corral de Bustos  y Bariloche, no sólo es  una violación  a  los  ddhh más  elementales,  sino que convierte a los detenidos en rehenes  ejemplificadores para  todo el movimiento popular.

 

Reclamamos  la  libertad inmediata  de  los  presos de Bariloche  y  Corral  de  Bustos!!!!

 

El  número  de  procesados  por  luchar  aumenta  con cada conflicto,  mientras permanecen  impunes  los  responsables de  crímenes  contra  el pueblo.

Garrahan, Kraft, Fate, ATE Neuquén, dirigentes del Movimiento de desocupados,  son sólo  algunos de los casos que enfrentan juicios  con los que  se pretende castigar a  los que luchan.

 

Exigimos  el cierre de las  causas  y  anulación de las  condenas  a los 5000 luchadores populares  procesados y la  sanción  inmediata del proyecto de ley  contra  la criminalización  de  la protesta!!

 

 

Denunciamos  el espionaje  y la  infiltración  en el movimiento  obrero y popular  que se expresa en  el  Proyecto  Equis. Se ha  puesto  de  manifiesto la  mentira  de  la  ministra  Garré que  pretendía  reducir   a un software lo que es, en realidad una actividad planificada y sistemática sobre las organizaciones  populares, que se utiliza para armar causas contra los que luchan. Este espionaje  viola  derechos constitucionales básicos. Este es el concepto  de seguridad  democrática de  Garré, Berni  y  Aníbal  Fernández. Desde hace más de un año, venimos denunciando a Gerardo Martínez,  espía  de la  dictadura y espía  después del 83, amparado por  el  gobierno  de Cristina  Fernández.

 

Exigimos el desmantelamiento del proyecto X y de todos los programas de espionaje a las organizaciones populares.

 

 

Cuando no se apeló a la represión directa, se utilizó la represión tercerizada.

Denunciamos la persecución de los trabajadores por parte de burocracias sindicales, asociadas a las patronales y a las patotas, como en el caso de Volswagen Córdoba, Sitraic, Bosch, los trabadores del Programa Buenos Aires Presente, de la Ciudad de Buenos Aires, petroleros  y docentes de Santa Cruz, entre otros.

 

El desarrollo del juicio  por el  asesinato  de Mariano  Ferreyra, que  está entrando en su etapa  final,  confirma abrumadoramente  la  responsabilidad de Pedraza, su patota y los  policías  implicados en el crimen. Con el crimen de Mariano actuaron en defensa del régimen de tercerización laboral y de beneficios empresariales en base a los subsidios del estado, el mismo régimen que luego llevó a la masacre de Once. Reclamamos la perpetua para todos los implicados en el juicio, pero también la investigación y condena de todas las responsabilidades que quedaron en evidencia: los funcionarios del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo, de la secretaría de transporte y de los empresarios del transporte cuyos intereses defendía la burocracia de Pedraza.

 

Exigimos castigo a todos los responsables.

 

En el último periodo se ha recrudecido la represión directa y parapolicial contra los pueblos originarios y los campesinos que defienden sus tierras contra el avance de los pulpos agroexportadores protegidos por los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Así, con el amparo de  Gildo Insfran, Capitanich y Zamora aliados de Cristina Kirchner, se han cobrado la vida de seis miembros de la Comunidad Qom en Formosa y Chaco y dos campesinos de Santiago del Estero.

 

Basta de reprimir a los pueblos originarios y a los campesinos.

 

Porque renovamos nuestro compromiso para seguir luchando por un país sin opresión y represión es que exigimos la derogación de la nueva ley antiterrorista, propuesta por la presidenta y aprobada entre gallos y medianoche por la mayoría oficialista. Esta ley que fue exigida por el GAFI y el Grupo de los 20 califica de terrorista al que “exige a una autoridad nacional, a un gobierno extranjero o al agente de un organismo internacional que haga o deje de hacer algo”.  Este nuevo engendro represivo es una amenaza latente para todos aquellos que defendemos nuestros derechos en las calles y ha pretendido ser utilizada para perseguir las protestas contra la mega minería.

 

Exigimos  la derogación  de la  ley antiterrorista

 

A 19 años del atentado a la AMIA seguimos exigiendo justicia. Repudiamos ese ataque criminal y nos solidarizamos una vez más con las víctimas. Denunciamos la campaña mentirosa del gobierno diciendo que con el Memorando se va llegar a la verdad, lo cual significará una nueva frustración para los familiares y todo el pueblo argentino. La reciente aprobación de esta ley es una vía muerta para el esclarecimiento de la masacre de la AMIA. Traerá como consecuencia la consagración de la impunidad porque no se propone investigar este crimen del cual el Estado argentino es el principal encubridor y también responsable. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quiere vendermos que persigue a una supuesta conexión internacional en base a informes secretos de la CIA y el Mossad para justificar el abandono de la búsqueda de los responsables locales.

 

Exigimos la apertura inmediata de los archivos secretos y su entrega a una comisión investigadora independiente.

 

A un  año  de  la tragedia de  Once, expresamos  nuestra más  profunda  solidaridad con  las  víctimas  y con sus familiares. Dolorosamente denunciamos  este crimen contra el pueblo largamente  anunciado, producto  de  la  política  de  transporte privatista, de los  grandes negociados con TBA, los Cirigliano  y la  burocracia sindical. Política  que impulsa el gobierno nacional y que es continuidad  de la implementada por el menemismo.

 

Exigimos el  castigo  a Jaime, Schiavi, Cirigliano y de  todos  los responsables.

 

 

La infame absolución de los acusados por el secuestro y sumisión a la trata en el juicio de Marita Verón desnudó la complicidad del aparato policial, el poder político y judicial con las redes de trata, a lo largo y a lo ancho del país. El fallo de Marita produjo una movilización popular de alcance nacional, que representó un golpe, además, contra el Gobierno de Alperovich, responsable de la impunidad.

El femicidio y la violencia de género contra las mujeres es un grave problema social. Las hermanas Jara, María Ovando, Romina Tejerina, Wanda Tadei son nombres emblemáticos de esta cruda realidad social. Denunciamos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, por su actitud de total hipocresía, ya que mientras hablan profusamente del tema, en los hechos no tienen una política que se proponga terminar con la violencia de género y proteger los derechos de las mujeres.

 

 

Exigimos la aparición con vida de las más de 400 mujeres y niños secuestrados y el desmantelamiento de las redes de trata de personas. Juicio y cárcel a todos los responsables y sus cómplices.

 

 

Repudiamos  los apremios  ilegales y  las torturas  sistemáticas en las  cárceles y comisarías  de  todo el país, como las  recientemente ocurridas en Chaco, Tucumán y Jujuy. Denunciamos la criminalización de la  pobreza y  el  gatillo fácil, que lleva cobradas más  de 2300 vidas  durante los  últimos  10 años y las causas armadas contra los jóvenes de barriadas humildes.

Exigimos  la aparición con vida  Luciano  Arruga  y el  castigo  de  todos los responsables. Basta de gatillo  fácil, basta de  asesinar a  los  pobres y los jóvenes!!!    

Compañeras y compañeros

La dictadura genocida que estamos repudiando en esta plaza se propuso terminar con la lucha de nuestro pueblo por un país con pan, trabajo, tierra, salud, educación, vivienda para todos, por una niñez y una vejez protegidas, por una juventud con futuro.

 

Por nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos,

 por el país que soñaron y soñamos, por una Argentina sin opresión y sin explotación, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia   decimos Presente!!

 

30.000 compañeros detenidos desaparecidos: Presente!!!