¿Dónde viviremos?

Escribió: James Meek en Viento Sur

La escasez de vivienda que se ha ido formando durante los últimos treinta años está llegando a un punto crítico. El partido en el poder, cuya figura emblemática de finales del siglo XX, Margaret Thatcher, tuvo mucho que ver en la surgimiento del problema, está respondiendo separando a la gente con menos recursos económicos y apelotonándola en los espacios habitables más pequeños, más inseguros y miserables. De hecho, aunque no tenga una intencionalidad explícita, es una cruzada para que los pobres sigan siendo pobres; una Campaña por una Pobreza Real. Aunque el gobierno no ha llegado a declarar una guerra abierta a los pobres, ¿en qué hubiera cambiado la situación si lo hubiese hecho?

Tomemos un ejemplo; veamos las cosas desde el punto de vista de Pat Quinn. Lo que le están haciendo a ella ha venido fraguándose muy lentamente, a lo largo de un período de meses, y no se trata que una banda de matones le tiran la puerta abajo y le insultan a la cara, sino que es un proceso llevado a cabo a través de formularios, cartas y entrevistas con personas amables que le explican, en un tono de disculpa, que ellos simplemente están aplicando una nueve serie de normativas. A sus sesenta años, tras haber trabajado durante treinta años, antes de ser declarada demasiado enferma para continuar trabajando, a Pat Quinn se le dice, de hecho, que es una vaga y que el piso de dos habitaciones que le proporciona el ayuntamiento y en el que ha vivido los últimos cuarenta años y donde murió su marido, es un lujo que no se merece. Ha sido definida como candidata al auto-desahucio. Básicamente, el gobierno está intentando matarla de hambre para que se vaya. Sin el subsidio de ayuda para la vivienda no puede pagar la renta, y como el gobierno ha recortado el subsidio, ya no le llega para poder pagar la rente del piso municipal de dos habitaciones que habita. Sólo alcanza para un piso de una habitación; uno teórico, que en realidad no existe. Esto es lo significa la “bedroom tax”/1.

“Es muy, muy complicado lidiar con esto”, me dijo Quinn cuando la visité. “Esta es mi casa, no sólo un lugar del municipio donde vivo. Pueden hacerme esto sólo porque no tengo nada. Estoy segura de que si estuviese en sus manos, nos matarían. De verdad lo creo.” La situación no sería tan dura para Quinn si su casero, en el distrito de Tower Hamlets en el este de Londres, o alguna de las asociaciones locales de vivienda -organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen viviendas con rentas bajas- o sus homólogos en los distritos vecinos, o el sector privado, tuvieran disponibles pisos de una habitación a precios asequibles. Pero no los tienen. En el momento que escribo esto, el piso con una habitación más barato en el área donde vive Quinn cuesta 240 libras por semana (impuestos municipales incluidos), cantidad muy cercana al subsidio máximo por persona que el gobierno está dispuesto a dar. La demanda es intensa – los pisos por lo general no están en el mercado más de 48 horas – y desde que se estableció la nuevas normativa por la que los subsidios van directamente al arrendatario en vez de al propietario, los propietarios privados serán más cautos que nunca a la hora de alquilar a beneficiarios de subsidios. Ya no existe la antigua lista de espera de los ayuntamientos. Ahora en algunas zonas existen listas de espera para “vivienda social”, un conjunto de propiedades de los municipios y de asociaciones de vivienda con rentas subsidiadas. En Tower Hamlets, hay 22 mil personas en la lista. Un número importante de ellas tendrán familias, por lo que resulta complicado saber cuantos individuos representa realmente esa cifra, pero corresponde a un quinto de todos los hogares del distrito. De esos 22 mil, 10 mil están en espera de un piso de una habitación. Quinientos llevan esperando ya 12 años o más. ¿Cuántos pisos de una habitación estarán disponibles en 2012-2013? Sólo 840. La oferta y la demanda han fluctuado al margen una de la otra, y no sólo en cuanto a la vivienda social. En ese mismo período, el precio de venta de los pisos privados en Tower Hamlets subió un 5% y en el vecino Hackney, que tiene una demografía similar, se incrementó en un salvaje 15%.

No hay suficientes casas en Tower Hamlets. No hay suficientes casas en Londres, en el sureste, en Gran Bretaña. La escasez se agrava. Cada año, la población aumenta y la disminución del tamaño medio de los hogares añade un cuarto de millón de hogares a los 26 millones que ya tenemos. El número de nuevas viviendas construidas apenas está por encima de las cien mil. Para comprender como se llegó a esto, uno tiene que volver la vista atrás hasta 1979, cuando Margaret Thatcher empezó a obligar a las autoridades locales a vender las viviendas municipales a cualquier inquilino que fuese capaz y estuviese dispuesto a comprar, con descuentos de hasta un 50%. Fue una de esas políticas peculiares que todavía parece contener en su propio nombre la explicación completa de lo que significa: “Right to Buy” /2. Aplaudida tanto por los tories como por el nuevo laborismo como una jugada electoral maestra, ofrecía a un grupo de gente relativamente pequeño una oportunidad que les cambiaría la vida; no por casualidad este grupo contenía a un buen número de votantes indecisos.

La campaña Right to Buy se diferenciaba de las privatizaciones del período previo en muchas cosas. Estaba estrechamente vinculada al uso personal por parte del comprador de un bien privatizado. Si el Royal Mail hubiese sido vendido sobre la misma base, los compradores tendrían un descuento en el precio de las acciones basado en el número de cartas que hubiesen enviado a lo largo de su vida. Según Hugo Young, Thatcher tuvo que ser convencida por un desesperado Edward Heath, su líder por entonces, que había sido persuadido tras su derrota electoral en febrero de 1974 por su amigo Pierre Trudeau. Sin duda Thatcher mostró reticencias. Right to Buy violaba los valores básicos thatcherianos: la autosuficiencia era buena, las limosnas estatales malas. Right to Buy fue una limosna de carácter masivo a gente que se suponía que no necesitaba esas limosnas. De hecho, esa era precisamente la razón por la que obtuvieran la limosna: porque eran el tipo de gente que no necesitaba limosnas.

Fue con diferencia la mayor privatización en Gran Bretaña, valorada en unos 40 millones de libras en sus primeros 25 años. Pero el dinero obtenido tras vender la enorme inversión británica en vivienda - una inversión hecha a expensas de otras necesidades acuciantes en un país pobre que se recuperaba de la guerra – no volvería jamás a ser empleado en viviendas. Los municipios no tenían permitido gastar el dinero que obtenían para remplazar las casas que vendían y los fondos para vivienda del gobierno central fueron severamente recortados. De todos los gastos hechos por el gobierno de Thatcher durante su primer mandato, distinguido por su forma de blandir el hacha, tres cuartas partes provenían del presupuesto para vivienda.

Lo que uno pueda pensar sobre lo que esperaban los thatcherianos que sucediera una vez pusieran en marcha Right to Buy depende de lo cínico que sea respecto a sus motivos. El punto de vista más benigno es que pensaban que la oferta y la demanda eran una sencilla ley elástica, y que el mercado tomaría las riendas: los constructores privados construirían más viviendas, tanto para la venta como el alquiler, mientras el número de viviendas municipales en construcción menguaba. Un número cada vez menor de la gente más pobre sería atendida por el stock residual de vivienda municipal, por las asociaciones de vivienda sin ánimo de lucro – que todavía recibirían subsidios gubernamentales para construir viviendas para los menos acomodados – y a aquellos que están realmente sin un centavo, obtendrían unas oscuras prestaciones sociales extras conocidas como subsidios a la vivienda.

Pero las cosas no fueron así. Uno de sus resultados puede verse de forma cruda en el manifiesto online para autoconstructores de casas privadas, A Right to Build. Publicado en 2011 por la escuela de arquitectura de la Universidad de Sheffield y el despacho de arquitectura londinense "00:/" , estaba pensado como un ataque al dominio de las siete grandes constructoras privadas - en orden descendiente de tamaño, Taylor Wimpey, Barrat Homes, Persimmon, Bellway, Redrow, Bovis y Crest Nicholson – que poseen casi el 40 por ciento del mercado de vivienda nueva. Pero el dato más impactante en el documento es el gráfico que muestra la historia de la construcción de viviendas y los precios de la vivienda en Gran Bretaña desde 1946.

El gráfico muestra que en la década de los 80, mientras la construcción de nuevas viviendas municipales caía hasta casi desaparecer, hubo un ligero incremento en el número de viviendas privadas construidas, alcanzando un pico de unas 200 mil casas por año al final de la década. Después volvió a caer, y permanece así. Entre los primeros noventa y el comienzo de la crisis de 2008, lo que supuestamente constituyó un tiempo de boom en Gran Bretaña, el número de nuevas viviendas privadas construidas por año no aumentó. Apenas se movió de la marca anual de 150 mil viviendas. El mercado falló. A la creciente demanda no le correspondió una oferta creciente. En medio del boom, cuando el desequilibrio entre la cantidad de gente buscando una vivienda y la oferta de viviendas nuevas alcanzó un punto de inflexión, el precio medio de la vivienda despegó como un cohete, triplicándose entre el ascenso de Tony Blair y el estallido de 2008. (En Tower Hamlets, los precios se incrementaron tres veces y medio). Incluso teniendo en cuenta la inflación a lo largo de ese período (36%), resulta un incremento aterrador.

El gráfico tan sólo muestra parte de las desventajas de Right to Buy. Aquellos inquilinos que no compraron sus casas, bien porque no querían o porque no se lo podían permitir, han visto aumentar sus alquileres. Al mismo tiempo, debido a la creciente escasez provocada por la imposibilidad de construir de los municipios, al fracaso de los constructores privados para construir lo suficiente y al débil apoyo del gobierno a las asociaciones de viviendas, el precio de los alquileres en el sector privado ha aumentado. La gente más pobres y más vulnerable de la sociedad, los enfermos, los ancianos, los parados, las madres solteras y sus hijos, han sido repartidos entre un parque de viviendas municipales que continua disminuyendo -las menos propensas a ser vendidas, es decir, las peores- y los deshechos miserables del mercado privado de alquiler.

Gran parte del alquiler en ambas modalidades tiene que ser cubierto por las ayudas a la vivienda, y mientras las viviendas municipales continúan siendo vendidas, la proporción de pobres y marginados que piden ayudas a la vivienda para costosas propiedades privadas aumenta. Mucha gente que compra su casa municipal posteriormente la vende a propietarios privados, que la arriendan a gente perceptora de ayudas a la vivienda que no pueden obtener una casa municipal, con alquileres que duplican o triplican el de las viviendas municipales.

Right to Buy provocó así un asombrosa fuga de dinero estatal -el dinero de los contribuyentes, si uno prefiere pensarlo de ese modo- a manos de las clases rentistas. En primer lugar, el gobierno vendió a la gente casas que poseía con descuentos enormes. Después permitió a los compradores originales quedarse con el beneficio que obtenían al vender sus viviendas a un propietario privado al precio del mercado. Entonces el gobierno subió artificialmente los alquileres en el mercado estrangulando la oferta al imposibilitar a los ayuntamientos la reposición de las viviendas vendidas. Finalmente pagó esos alquileres aumentados artificialmente a los mismos propietarios privados en forma de ayudas a la vivienda, unas ayudas varias veces más elevadas que las que tendría que haber pagado en caso de que las viviendas permanecieran en manos de los ayuntamientos.

En otras palabras, desde tiempos de Thatcher, el gobierno británico ha hecho exactamente lo contrario de lo que ha animado a hacer a las familias: comprar sus propias casas en vez de alquilarlas. Thatcher y sus sucesores han hecho todo lo que han podido para vender el ladrillo y el cemento de la nación, y sólo para verse forzados a tener que alquilarlo, a precios inflados y a las personas que se los vendieron. Antes de Right to Buy, el gobierno gastaba una libra en la construcción de viviendas por cada libra gastada en ayudas al alquiler. Ahora, por cada libra gastada en ayudas a la vivienda, emplea cinco peniques en construcción.

La respuesta el actual gobierno a la crisis de la vivienda consiste en intentar empeorarla. Está dando pasos encaminados a aumentar el precio de la vivienda, sin dar ningún paso para incrementar la oferta. Las dos intervenciones más explícitas del gobierno de coalición en el mercado de la vivienda han sido restringir la oferta y aumentar los precios: la primera en el momento en que recortó dos terceras partes del montante de subvenciones otorgadas a asociaciones de vivienda para construir nuevas viviendas, y la segunda con su burlesca parodia de Right to Buy, “Help to Buy/3, ofreciendo a gente ya acomodada préstamos baratos para sobrepujar por casas sobrevaloradas que de otra forma no podrían permitirse.

Aquellos que creen que el objetivo de las constructoras británicas es construir tantas casas como les sea posible, y que de conseguirlo sólo las aparta un sistema de planificación defectuoso, podría decir que estoy siendo injusto y apuntar hacia otra nueva intervención de la coalición gubernamental. En 2012 la vieja normativa acerca de lo que podía ser construido fue remplazada por un modelo racionalizado llamado Marco Nacional de Política de Territorial (NPPF por sus siglas en inglés) y que traspasó a los ayuntamientos la responsabilidad de asignar tierras suficientes para nuevas viviendas- incluyendo en el campo si fuese necesario - para satisfacer la demanda de los próximos cinco años y un cuarto. Los ayuntamientos que no cumplan, en teoría, se enfrentan a ser intervenidos mediante una apelación si intentan frenar el desarrollo especulativo. Pero designar tierras para la construcción de viviendas no es lo mismo que construirla. Las evidencias históricas sugieren que las constructoras privadas británicas no se han movido tanto por la urgencia de construir el máximo número de viviendas sino por ganar tanto dinero (o perder el menos posible) como fuese posible.