Menores migrantes y catástrofe social

Editorial de La Jornada, México

La reunión multilateral sobre migración de niños y adolescentes realizada ayer en Guatemala, en la que participaron el vicepresidente de Esta­dos Unidos, Joe Biden; los presidentes de Guatemala y El Salvador, Otto Pérez Molina y Salvador Sánchez Cerén, respectivamente; el jefe de gabinete del gobierno de Honduras, Jorge Hernández Alcerro, y el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, tuvo como telón de fondo la cifras dadas a conocer la víspera por el gobierno de Washington: entre octubre de 2013 y junio de 2014 han sido detenidos más de 52 mil menores migrantes que se internaron solos a ese país, sin la documentación requerida, cifra que represente casi el doble de los que entraron sin acompañante durante el año anterior.

En el contexto del encuentro realizado en el país centroamericano pudieron escucharse posturas y propuestas de solución conservadoras y limitadas al ámbito de la comunicación social, como el planteamiento del representante de nuestro país al gobierno de Estados Unidos para que emprenda una campaña de concientización que advierta sobre los riesgos existentes para los niños migrantes. Mucho más novedosa resultó la propuesta formulada por el representante hondureño en el sentido de eliminar las barreras migratorias existentes y sentar las bases para un libre flujo de personas en la región, lo cual fue rechazado por el vicepresidente estadunidense –cuyo gobierno ha sido particularmente implacable en la persecución y deportación de extranjeros indocumentados– y desestimado por el gobierno de nuestro país, en una clara muestra de sumisión a la política migratoria de la Casa Blanca.

Son de sobra conocidas las condiciones de abuso y atropello que padecen millones de migrantes indocumentados –muchos de ellos connacionales– en Estados Unidos a consecuencia de la política de persecución y criminalización que aplica el gobierno de Washington. Por añadidura, en años recientes han salido a la luz pública diversos datos que documentan la comisión, en México, de atropellos iguales, o peores, contra ciudadanos de otros países; denuncias de maltrato, secuestro, extorsión y hasta asesinato de migrantes irregulares, cometidos tanto por autoridades migratorias como por grupos delictivos. Ahora, los datos proporcionados por el gobierno estadunidense arrojan los reflectores a la trágica situación que enfrentan los migrantes infantiles y juveniles, y dan elementos para ponderar la magnitud de ese fenómeno.

Ciertamente la migración es un fenómeno connatural a las sociedades humanas y tan antiguo como la especie; pero en el momento actual se ve alimentado por la pobreza, la falta de empleo y la ausencia de horizontes de movilidad social en países como el nuestro –consecuencias, a su vez, del modelo económico neoliberal aún vigente–; la sostenida desintegración y la ruptura de los tejidos sociales; la inseguridad pública y la negación sistemática de derechos sociales: tales elementos han orillado a un número creciente de niños y adolescentes a incorporarse al campo laboral y a desempeñar actividades que suponen un riesgo para su integridad y han configurado un escenario propicio para éxodos humanos como el que año con año emprenden decenas de miles de niños con la intención de llegar a territorio estadunidense.

En tal circunstancia, no basta con condenar el maltrato, la crueldad y el racismo de Estados Unidos hacia los migrantes irregulares; antes bien, resulta obligado voltear los ojos a la realidad interna de países como el nuestro y reconocer que en ellos priva un escenario de catástrofe social que arroja decenas o cientos de miles de desplazados, entre los que se encuentran una buena cantidad de niños y niñas.

En lo inmediato, y como una forma significativa de reducir el peligro que corren miles de niños y adolescentes en su tránsito a Estados Unidos, sería pertinente que los gobiernos de la región, empezando por el de México, consideren propuestas como la formulada ayer por el régimen hondureño de otorgar el libre paso a los flujos de personas. A fin de cuentas, por lo que hace a nuestro país, la ausencia de documentos migratorios no constituye un delito grave en las leyes vigentes y no debiera ser, en consecuencia, criminalizada.