Los peligros de los acuerdos de libre comercio: las 5 amenazas del TTIP a los ancianos europeos

Escribió: Michael Hudson *

El texto que a continuación se reproduce es la versión castellana de una conferencia dictada por Michael Hudson en SANICADEMIA el 9 de mayo pasado en Villach, Austria, con ocasión del V Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología, celebrado sincrónicamente con la 59º Convención Austriaca de Gestión Hospitalaria: “Viviremos más: los retos de la asistencia sanitaria hoy y mañana”.

La manera más obvia de imaginar la evolución futura del cuidado que los europeos prestan a sus mayores consiste en proyectar las tendencias tecnológicas y los costes del aumento de la esperanza de vida: equipos de diagnóstico, tratamientos farmacéuticos actuales y otros mejorados por la medicina venidera. Este tipo de proyecciones muestra un coste creciente para la sociedad de las pensiones y de la asistencia médica, porque una proporción creciente de la población envejecida entra en edad de jubilación. ¿Cómo financiarán eso las economías?

Me gustaría señalar algunos de los problemas específicos que están ya asomando en el frente político. Yo supongo que la razón por la que ustedes me han invitado aquí como norteamericano es porque mi país lo ha hecho casi todo mal en materia de salud. Nuestra experiencia puede ofrecer una buena lección a los europeos, porque se trata de evitarla: y hay que decir que, hasta ahora, Europa la había evitado.

Comencemos diciendo para los no iniciados que la privatización de la sanidad resulta mucho más cara que el estilo público europeo de pagador único. Los precios monopólicos son más elevados. Y, huelga decirlo, el fraude es un problema.

La Obamacare norteamericana y sus leyes de contratación de seguros fueron dictadas por lobistas políticos al servicio de intereses particulares. Lo mismo que el TTIP, el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión. Desde los tiempos de George W. Bush, el gobierno estadounidense ha tenido prohibido negociar a favor de precios al por mayor bajos en los productos de las grandes compañías farmacéuticas. El grueso de los norteamericanos cree que las Agencias de Gestión de la Salud (HMOs, por sus siglas en inglés) rebosan de corrupción y fraudes de facturación. Las compañías de seguros se han llenado los bolsillos gastando un montón de dinero en técnicas burocráticas especializadas en rechazar pacientes con ciertas probabilidades de necesitar una asistencia sanitaria costosa. Los médicos  necesitan contratar especialistas a tiempo completo solo para rellenar el papeleo. El error es constante, y cualquier visita al médico, incluso para una sencilla inspección rutinaria anual, requiere, las más de las veces, que los pacientes pierdan varias horas al teléfono con la compañía de seguros para enmendar facturaciones excesivas.

El sueño de los lobistas estadounidenses del “libre mercado” es pasar los costos de la asistencia sanitaria a sus usuarios, en vez de asumirlos a través de un programa público. Conforme a los planes actuales, apoyados tanto por la dirección del Partido Republicano como por la dirección del Partido Demócrata, esos costes de usuario serían idealmente pagados mediante cuentas preahorro, particularmente de “ahorro sanitario”, unas cuentas destinadas a ser gestionadas por los bancos de Wall Street como una suerte de fondos mutuos (con todos los riesgos financieros que eso trae consigo: el mismo tipo de riesgos que han puesto en dificultades serias al grueso de los fondos de pensiones estadounidenses en nuestros días).

El motivo de que la cuestión de la asistencia sanitaria estadounidense a la tercera edad resulte tan relevante para los europeos es que el TTIP con que el Presidente Barack Obama presionó a la Canciller alemana Angela Merkel hace dos semanas representa una amenaza de largo alcance para las políticas públicas europeas.

El acuerdo se ha ido perfilando en secreto, y sólo se ha hecho accesible a los parlamentarios en una sala especial para leer sin poder copiar nada. Ni siquiera a los parlamentarios europeos se les permitió ver los detalles. Porque los términos del TTIP son tan terribles, que jamás podrían ser aprobados por los votantes. Por eso los lobistas de los bancos, de las compañías de seguros, de las empresas farmacéuticas, de las transnacionales petroleras y gasísticas y de otros intereses particulares –que son quienes pusieron la ley por escrito— tratan de esquivar los controles gubernamentales democráticos e ir directamente a Bruselas (y, en los EEUU, al Ejecutivo).

El propósito del TTIP es substraerse a la aplicación de las leyes, substituyendo eso con tribunales especiales de árbitros nombrados por los intereses particulares. Y eso incluye a la asistencia sanitaria. La semana pasada, el mayor sindicato británico, Unite, alertó de que el TTIP significaría herir de muerte al Servicio Nacional de Salud y su consiguiente privatización.[1] Aunque “Austria, Alemania, Grecia e Italia han introducido reservas explícitas en el TTIP, a fin de proteger las regulaciones existentes en materia de asistencia sanitaria”, la estrategia del lobismo privatizador es disponer de una tratado “de aplicación provisional” que acelere y fuerce el rumbo por la vía de sostener a los políticos favorables. Las objeciones se irán dejando de lado, a medida que la ley “provisional” se convierte en un fait accompli.

Yo creo que la mejor perspectiva que puedo ofrecerles a ustedes es mostrarles cómo están trabajando los distintos grupos de intereses para moldear las decisiones políticas en los concerniente al papel de lo público y lo privado en materia de asistencia sanitaria. Este es un asunto del que tuve que ocuparme durante cerca de cuarenta años. En 1976 contribuí a la sección de economía con dos informes auspiciados por The Futures Group en Glastonbury, Connecticut para la National Science Foundation. Se trataba en esos dos informes de analizar las consecuencias económicas y financieras de las tecnologías que prolonga la esperanza de vida: When We Live Longer: Prospects for America (coescrito con Herb Gurjuoy et al., 1977) y A Technology Assessment of Life-Extending Technologies (Vol. 5: Demography, Economics and Aging, 1977). Me parece que fueron los primeros informes que detallaban las implicaciones que para el sistema de Seguridad Social iba a tener una población crecientemente envejecida, así como las consiguientes tensiones financieras intergeneracionales. 

Los políticos norteamericanos y los economistas dedicados a ejercicios de prospectiva se interesaban por los efectos presupuestarios en la sanidad pública de una proporción creciente de la población capaz de vivir una vida humana hasta el máximo de sus posibilidades en el presente (unos 125 años), lo que se llamó la “cuadratura” de la curva de esperanza de vida. ¿Cuál es la mejor respuesta pública a la realización de ese sueño? O, más precisamente, ¿cómo deberían lidiar los gobiernos con los intereses particulares que buscarán meramente sacar ventaja y beneficios de esos avances tecnológicos?

Cada grupo de intereses particulares tiene su propia perspectiva. El grueso de los políticos en los EEUU son abogados, y lo que les preocupa es que los contratos de asistencia de la Seguridad Social, de las pensiones y de las prestaciones sanitarias sean derechos jurídicos inviolables e inmodificables. El Presidente Eisenhower llamó a la Seguridad Social el “tercer carril” de la política norteamericana: quería decir con ello que cualquier político o partido que se propusiera rebajar o degradar sus promesas, tendría que salir pitando de su despacho, castigado por los electores. 

Era obvio que una población que iba a vivir más, tendría que recibir más Seguridad Social y más pagos de pensiones, y que una proporción creciente del ingreso nacional tendría que gastarse en su asistencia sanitaria. Algunos de los políticos con los que hablé entonces eran tan pesimistas en lo que a costos hace, que uno de ellos me dijo lo mal que le sabía que se hubiera inventado la diálisis de riñón, porque con tanta gente con problemas nefríticos costaría una fortuna suministrar ese servicio a todos quienes lo necesitaran.

Algunos políticos buscaban formas de no financiar tecnologías médicas caras, aduciendo la razón de que, si llegaran a desarrollarse, el Estado tendría la obligación de suministrar las tecnologías más caras (especialmente, diálisis y transplante de órganos) al conjunto de la población: los costes de hacerlo absorberían prácticamente todo el crecimiento económico.

Una de las visiones del futuro consideraba que los tratamientos médicos más costosos sólo podrán resultar accesibles en las islas, en las caribeñas, pongamos por caso. Después de todo, ¿no desarrolló Hipócrates su práctica en la isla de Cos?

Como se pronosticó hace décadas, el cuidado de la salud es el coste más aceleradamente creciente en los EEUU. Lo que ninguno de nosotros fue lo bastante cínico como para pronosticar fue el papel corruptor jugado por los intereses particulares en la maximización de costos por la vía de tratar cada elemento de la atención sanitaria en un centro de beneficios: en realidad, en una oportunidad para extraer rentas monopólicas.

La privatización del seguro de salud bajo la Obamacare ha sido una bendición para el sector financiero y para las compañías de seguros. Inicialmente una propuesta Republicana de “libre mercado”, se precisó de la llegada al poder del Partido Demócrata para desbaratar la presión popular a favor de la “asistencia médica para todos” en forma de un cuidado sanitario público de pagador único. Ni siquiera se permitió la menor discusión en el Congreso a favor de la asistencia sanitaria pública. (Yo era consejero económico del candidato a la presidencia Dennis Kucinich, a quien la dirección del Partido Demócrata impidió presentar siquiera la opción pública en el debate parlamentario.)

El enorme poder de los lobistas de la industria farmacéutica compró la lealtad de los políticos que terminaron bloqueando la aplicación a las empresas farmacéuticas de las leyes antimonopólicas. Como ya tuve ocasión de decir, esos lobistas llegaron incluso a tener éxito a la hora de impedir que el gobierno pudiera llegar a negociar precios con las transnacionales farmacéuticas.

Menciono todo esto, porque la solución de los EEUU debería ser escarmiento en cabeza ajena y enseñar a los europeos y a otros países qué debe evitarse a la hora de gestionar la asistencia a los mayores. Eso es particularmente importante para Europa, porque sus políticas neoliberales favorables al sector financiero traen consigo un paulatino declive económico contractor del presupuesto de las familias y de las empresas. Cinco cosas deben preocupar sobre todo.

1) Clasificación de los enfermos: la restricción de la asistencia sanitaria más cara a los ricos

Tener ingresos más bajos trae consigo una menor esperanza de vida: una salud peor y hasta los suicidios contribuyen a ello. La tasa de matrimonios y de nacimientos también es más baja, en la medida en que el crecimiento se ralentiza y las economías se polarizan. Rusia, Ucrania, Letonia y otros Estados postsoviéticos enseñan eso: y podría pronosticarse para el resto de Europa. Eso eleva la razón entre la población anciana y la población en edad de trabajar. Una fuerza de trabajo de crecimiento ralentizado genera más y más jubilados.

Estudios realizados en casi todos los países muestran concluyentemente que el nivel de salud y la esperanza de vida se están polarizando entre los ricos y los pobres. Un estudio norteamericano reciente observa: “El hiato en la esperanza de vida entre los ricos y los pobres en los EEUU experimenta ahora mismo un crecimiento acelerado. Desde 2001, los hombres norteamericanos pertenecientes al 5 por ciento más rico han visto incrementar su esperanza de vida en más de dos años. Las mujeres norteamericanas en ese segmento han registrado un incremento de casi tres años. Entretanto, el 5% más pobre de los norteamericanos no  ha registrado ningún incremento substancial. ”[2]

Eso tiene implicaciones importantes en relación con las recientes propuestas para elevar la edad de jubilación para poder cobrar una pensión. Sólo los ricos viven más, no los trabajadores manuales. Elevar la edad de jubilación significaría privar a estos últimos de los años de jubilación de los que disfrutarán los individuos con mejores ingresos a resultas de sus vidas laborales menos estragadas.

Antes me referí a un escenario apuntado por los futurólogos: que la mejor atención médica podría resultar sólo accesible en “islas medicalizadas”, o a su equivalente en los EEUU, los llamados “planes de seguro sanitario Cadillac”. 

2) Culpar a las víctimas de su insano medio ambiente, como un problema de “responsabilidad personal” suya.

George W. Bush recomendaba que los pobres se limitaran a ir al hospital de urgencias cuando enfermaran. Esta, huelga decirlo, es la solución más cara. La prevención es harto más económica. Pero movimientos en ese sentido han sido favorecidos por la industria tabaquera, la de bebidas ligeras azucaradas y otros suministradores de mala salud. 

Una mejor salud y una mayor esperanza de vida no sólo se consiguen con tecnología médica avanzada, sino también con mejores niveles de salud pública, así como con dietas personalizadas y ejercicio físico. Fumar cigarrillos, beber alcohol e ingerir comida basura hasta la obesidad son los comportamientos más perjudiciales para la salud y la longevidad. En los EEUU, la diabetes infantil está creciendo muy rápidamente, especialmente entre las minorías raciales y étnicas y los pobres en general.

Una manera obvia de rebajar el gasto en sanidad es llevar una vida más sana. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bloomberg trató de prohibir la venta en expendedores de latas de bebidas azucaradas. Los abogados de la industria de comida basura, apoyados por los restaurantes de comida rápida y por los empresarios de cines y teatros, bloquearon esa iniciativa. Y un instrumento jurídico todavía más eficaz para bloquear las alarmas sobre la salud pública está contenido en el Tratado Transpacífico recomercio y en su contraparte europea, el TTIP. Porque esos tratados siguen a pies juntillas el ya existente NAFTA (Tratado Norteamericano de Libre Comercio), que prevé enormes multas para los gobiernos que alerten a sus poblaciones de los peligros de fumar o de otros comportamientos insanos que resultan altamente rentables para las empresas tabaqueras, para las productoras de bebidas azucaradas y para restaurantes de comida rápida que venden pseudoalimentos de discutible valor nutritivo. Bajo el propuesto tratado neoliberal, puesto en manos de los políticos europeos por los lobistas norteamericanos, las alertas y avisos públicos de los riesgos sanitarios de fumar significarán para los gobiernos tener que indemnizar a las compañías tabacaleras por los ingresos que habrían tenido de no haber mediado esas alertas públicas. Ya ha habido multas de este tipo contra Australia, que no hace sino tratar de mejorar la salud pública exigiendo la publicación de esas alarmas en el envoltorio de los paquetes de cigarrillos. Un informe australiano reciente concluye del modo siguiente:

“Las políticas contra el tabaco practicadas en los últimos años han sido efectivas a la hora de bajar las tasas de consumo de tabaco, pero ahora se precisará de intervenciones innovadoras para poder seguir promoviendo un cambio en todas las poblaciones.

“Se identificaron seis capítulos con potencial para limitar la capacidad pública para llevar a cabo políticas de control del consumo de tabaco. Los capítulos clave son: inversión, particularmente el mecanismo ISDS [véase más abajo]; normas relacionadas con marcas y propiedad intelectual, coherencia regulatoria, servicios transfronterizos y barreras técnicas al comercio… Muchos otros capítulos pueden también afectar al potencial de control del tabaco. Varias cláusulas en estas partes del TPP pueden ofrecer a la industria tabaquera mayor influencia sobre la toma de decisiones políticas y más vías para oponerse legalmente a las medidas de control del tabaco, así como para prevenir la introducción de nuevas políticas públicas.” [3]

La semana pasada, la Corte Europea de Justicia confirmó la Directiva de Productos Tabaqueros de 2014 contra las alegaciones presentadas por British-American Tobacco (BAT) y Philip Morris. Análogamente a leyes de otros países, la Directiva europea imponía la publicación de avisos en los paquetes de cigarrillos alertando a los fumadores de que la nicotina mata. Pero las compañías en cuestión juraron seguir peleando, y el TTIP es ahora su mayor esperanza.

3) Los peligros de privatización del derecho a la salud bajo el TTIP 

Un artículo británico reciente plantea así el problema:

“Un objetivo destacado del TTIP es hacer todavía más sombrío el Sistema de Resolución de Disputas Estado-Inversor (ISDS), un instrumento del derecho internacional público que garantiza a las empresas el derecho a acudir a un tribunal alegando que las políticas de un Estado han perjudicado sus intereses comerciales… El economista Max Otte ha calificado al ISDS como un ‘desempoderamiento total de la política’. Los tribunales son confidenciales, como es habitual en los procesos de arbitraje. Las negociaciones sobre el ISDS dentro del TTIP son también secretas, al objeto de que la tinta con que se escribe el tratado se seque antes de que pueda provocar oposición al hacerse público…

“Como dijo el Economist , ‘si buscas convencer a la opinión pública de que los tratados comerciales internacionales son una vía para hacer que las empresas transnacionales se enriquezcan a expensas del ciudadano común, no hay mejor forma de proceder’.” [4]

4) Los peligros de la financiarización

El modo más eficiente de financiar la atención sanitaria a la tercera edad –y las pensiones— sigue siendo la planificación del pago por retención en la fuente. Eso se ha venido haciendo crecientemente difícil en un contexto neoliberal caracterizado por un crecimiento económico menguante y la consiguiente mengua demográfica. La historia de horror en nuestros días es una situación como la de Ucrania, de donde ha huido la fuerza de trabajo, dejando al apoyo a los ancianos con un magrísimo presupuesto social. Y ese modelo de evolución está siguiendo todo la zona postsoviética, desde Alemania del este hasta los países bálticos.

Y hay que decir que la situación norteamericana es peor, porque la Seguridad Social, Medicare y las pensiones se adelantan por la vía de la financiarización (se pagan por anticipado). Durante décadas, los ahorros han sido orillados para transformarse en acciones y compras de bonos. El problema es que cuando se jubilan más trabajadores que los que entran a contribuir a planes de pensiones o similares, sus precios bajarán. Y eso dejará al plan de jubilación subfinanciado.

En la medida en que los tipos de interés se han reducido a casi cero desde 2008 a causa de la llamada flexibilización cuantitativa practicada por la Reserva Federal y ahora por el Banco Central Europeo, los fondos de pensiones y las compañías de seguros se desesperan por satisfacer los objetivos estadísticamente necesarios. Así que se han echado al monte de la especulación con complejos derivados financieros registrando enormes pérdidas, porque sus gestores no están a la altura de los tiburones de Wall Street.

Tal vez resulte oportuno mencionar aquí la locura monetaria de una Eurozona que carece de un banco central capaz de monetizar los déficits presupuestarios para gastar en la economía y ayudar al crecimiento. Porque esta es la función propia de un banco central de verdad, desde el Banco de Inglaterra hasta el Sistema de la Reserva Federal. El votante europeo se deja atemorizar por una teoría económica basura que sostiene que sólo los bancos comerciales deberían crear dinero y crédito, y no los bancos centrales. La verdad es muy otra: los bancos centrales pueden crear el dinero necesario para financiar programas de salud pública sin generar inflación económica. Lo que generaría inflación de los costes de atención sanitaria, especialmente del cuidado adecuado de los ancianos, sería la privatización y el abandono de la política de salud a las grandes empresas mejor situadas para sacar beneficios.

5) El peligro de los acuerdos comerciales en punto a elevar el coste de los fármacos y de la tecnología médica. 

La revolución tecnológica médica trae consigo enormes oportunidades para extraer rentas, especialmente en el tratamiento de los ancianos. El estudio australiano antes citado observa los peligros acarreados por el TPP (y por lo mismo, por su versión europea) en lo atinente al gasto en salud pública, especialmente los costes de salud de los ancianos. Diseñado en muy buena medida para proteger los “derechos de propiedad intelectual”, el tratado propuesto aspira a incrementar las rentas monopólicas extraídas por el sector farmacéutico. 

Las cláusulas propuestas para el TPP con potencial para limitar las exigencias de etiquetado de los alimentos en Australia incluyen el mecanismo USDS; el capítulo sobre coherencia regulatoria y el capítulo sobre las barreras técnicas al comercio. Las cláusulas contenidas en esos capítulos del TPP tienen potencial para restringir el margen de quienes toman decisiones políticas para regular del modo instrumentalmente más efectivo la nutrición como parte de la salud pública. Por ejemplo, la industria alimentaria podría sostener que la introducción de un etiquetado obligatorio en la parte frontal del empaquetado sería una barrera técnica al comercio. Sin una fuerte intervención compensatoria para mejorar la consciencia del consumidor sobre la relativa saludabilidad de los alimentos, es lo más probable que no haya cambios en las actuales altas tasas de obesidad, síndrome metabólico y enfermedades no contagiosas. Eso tendría un impacto negativo en la salud, particularmente en las poblaciones vulnerables.

Para no iniciados: el tratado comercial limita la capacidad de las farmacias públicas o municipales para negociar a favor de precios más bajos para los fármacos. Análogamente, cualquier intento de legislación antimonopólica exigiría que los gobiernos pagaran a los productores o a los inversores extranjeros el lucro cesante, es decir, tanto dinero como el que éstos habrían ingresado si no hubiera habido “interferencia en los mercados” (esto es, regulación). Eso incrementaría espectacularmente el costo de la asistencia sanitaria, y “muchas cláusulas del TPP propuestas durante las negociaciones resultan análogamente dañinas para la salud.”

“Hay pruebas más que suficientes para concluir que los incrementos del costo de los medicamentos lleva a un creciente copago por parte de los pacientes, y que el incremento del copago de los pacientes lleva a unas tasas más bajas del uso de las recetas. Los cambios en los costes de las recetas impactan directamente en las poblaciones vulnerables con menos capacidad de adaptación de sus bolsillos a los pagos crecientes, particularmente las mujeres, los ancianos, las minorías culturales y lingüísticas y las poblaciones con bajos ingresos, así como los enfermos crónicos, las comunidades geográficamente remotas y las poblaciones aborígenes y los isleños del estrecho de Torres.”

Muchas cláusulas del borrador propuesto para el TPP tendrían el potencial de incrementar el coste de los medicamentos. Fueron identificadas en los documentos filtrados sobre la propiedad intelectual; en el anexo sobre la transparencia en la atención sanitaria; y en el capítulo sobre inversión, que incluye un mecanismo ISDS para dirimir las disputas inversor-Estado. De adoptarse finalmente esas cláusulas, lo esperable sería un incremento de los costos de gestión del PBS [el programa público de asistencia sanitaria de Australia] al retrasar la disponibilidad de los medicamentos genéricos y restringir la capacidad del PBS para contener los costos. Un incremento en el costo del PBS para el Estado llevaría muy probablemente a incrementar los copagos de los pacientes.

Sumario

Los patrocinadores europeos del neoliberalismo de estilo estadounidense amenazan con transformar la política europea y, con ella, la estructura de sus economías y de su sociedad. Se están gastando enormes sumas de dinero en relaciones públicas en apoyar a políticos dispuestos a defender el poder monopólico de las grandes empresas frente al poder democrático de los gobiernos y de los votantes. La amenaza más grave a la asistencia sanitaria europea y al cuidado de la población anciana en general es la presión de las empresas y los diplomáticos norteamericanos para allanarse al TTIP.

Es mucho más que un tratado de libre comercio. Su mecanismo de “disputa con el inversor” amenaza con desarmar políticamente a los gobiernos. Busca bloquearlos para que no puedan defender la economía europea, la población europea y la filosofía social básica Europa que ha venido desarrollándose a lo largo del pasado siglo de democracia social.

Por eso  tantos de nosotros en los EEUU luchamos también en contra de este Tratado. Ha sido un asunto de capital importancia en la campaña presidencial de este año. El ya nominado Republicano Donal Trump ha afirmado que la opción pública es, de lejos, la más económica. Y el candidato Demócrata Bernie Sanders se ha opuesto al apoyo de Hilary Clinton, que es el apoyo a sus patronos de Wall Street y de los monopolios farmacéuticos. Y yo espero que una lucha similar se libre ahora en Europa.

Notas:

[1] Hazel Sheffield, “TTIP could cause an NHS sell-off and UK Parliament would be powerless to stop it, says leading union,” The Independent, 29 Abril 2016. http://www.independent.co.uk/news/business/news/ttip-could-cause-an-nhs-sell-off-and-parliament-would-be-powerless-to-stop-it-says-leading-union-a7006471.html

[2] Sam Pizzigati, “Inequality Kills: Top 1% Lives 15 Years Longer Than the Poorest,” Naked Capitalism, 3 Mayo 2016, originalmente publicado en Other Words. http://www.nakedcapitalism.com/2016/05/inequality-kills-top-1-lives-15-years-longer-than-the-poorest.html

[3] Katherine Hirono, Fiona Haigh, Deborah Gleeson, Patrick Harris, Anne Marie Thow y Sharon Frie, “Is health impact assessment useful in the context of trade negotiations? A case study of the Trans Pacific Partnership Agreement,” 4 Abril 2016. http://bmjopen.bmj.com/content/6/4/e010339.full. El informe observa: “El acuerdo final incluye también la posibilidad de excluir al tabaco del ISDS, permitiendo a los países del TPP prevenir el uso del ISDS para desafiar las medidas públicas de control del tabaco. Sin embargo, incluso estas aparentes ‘victorias’ tienen sus limitaciones. A diferencia del tabaco, el sistema de salud, la alimentación y el alcohol no quedan fuera del ISDS, dejando a estas áreas de intervención política desprotegidas frente a las reclamaciones de los inversores extranjeros. Aunque se han incluido varias salvaguardas que tratan de proteger la salud pública, los expertos han planteado dudas de que sean suficientes.”

[4] Glen Newey, “Investors v. States,” London Review of Books blog, 29 April 2016. http://www.lrb.co.uk/blog/2016/04/29/glen-newey/investors-v-states/

Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella

*Michael Hudson. Es profesor de investigación de la facultad de económicas de la Universidad de Missouri, Kansas City e investigador asociado del Instituto de Economía Levy. Su último libro es Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy. (“Matar al huésped: o cómo los parásitos financieros y la deuda destruyen la economía mundial”).

Fuente: Counterpunch, 11 Mayo 2016