¿Hacia dónde se dirige Mauricio Macri?  

Escribió: Guillermo Gigliani[1]                                                                          

Macri inauguró su gestión presidencial en diciembre de 2015 con una devaluación del orden del 40% que desató una escalada inflacionaria. Además, estableció la apertura del mercado de cambios y la eliminación de las retenciones a las exportaciones agrícolas y de la minería[2]. Paralelamente, dispuso una suba de tasas de interés –las Lebac pagaron hasta el 38.5%- y mantuvo el freno sobre la obra pública. Como consecuencia del alza de los precios, el salario real descendió bruscamente y lo propio ocurrió con el consumo, el producto y las inversiones. El paquete de medidas significó una enorme transferencia del ingreso hacia las distintas fracciones de la burguesía. El 29 de abril una multitudinaria concentración popular se manifestó contra la caída del salario y el aumento del desempleo y de la pobreza. Sin embargo, a partir de esa jornada no se pudo poner en marcha un proceso general de luchas, fundamentalmente, por el freno que ejerce la burocracia sindical de las CGT, que juega a no ponerle palos en la rueda al gobierno. 

Tras esa devaluación, Macri buscó avanzar rápidamente porque su meta era conseguir la reactivación de la economía en la segunda mitad de 2016 bajo el impulso de las inversiones, en especial, de las que llegarían de afuera. Por eso, a las pocas semanas ejecutó otra operación de gran trascendencia al conseguir un arreglo con los fondos buitre en los tribunales de Nueva York. Para ello contó con el respaldo del bloque de los partidos del sistema (PJ, FPV, Massa y las formaciones provinciales), que le permitió reunir los dos tercios de los votos en el Congreso, donde el oficialismo está en minoría. Para renegociar esta deuda tuvo que aceptar una tasa de interés muy elevada, superior incluso a la que afrontó Cristina Kirchner con el Club de París. Este acuerdo con los holdouts marca un fundamental cambio de tendencia porque abrió al gobierno la perspectiva de financiarse con fondos del exterior y con ello, dejar atrás cuatro años de penuria de divisas que generaron el estancamiento de la producción. Esta vuelta al mercado de capitales fue facilitada por la cancelación de los pasivos en dólares de Néstor y Cristina Kirchner que había llevado la relación deuda pública externa con privados a mínimos históricos. Tanto Macri como los gobernadores de diverso signo político se han lanzado a una carrera para tomar fondos frescos. Esto significa que el capitalismo argentino está en condiciones de sortear, por lo menos en el corto plazo, la “restricción externa”. De continuar el ritmo actual, la tendencia al endeudamiento puede desembocar en una fuerte vulnerabilidad del sector externo. 

 El anuncio de las tarifas y la reacción de los jueces.

Pero el avance del gobierno se vio bruscamente alterado en julio cuando, tras las subas de la electricidad, los incrementos llegaron al gas con ajustes exorbitantes, que en algunos casos superaban el 1.000%. La brutalidad de estos aumentos aplicados en pleno invierno provocó un descontento generalizado y continuas manifestaciones de movimientos sociales y del sindicalismo combativo. En medio de la indignación popular, varios tribunales judiciales suspendieron las correcciones en el gas, en la electricidad y en el subte de Buenos Aires, alegando vicios jurídicos. Esta injerencia imprevista de los jueces generó desconcierto en el oficialismo, cuya política se venía desenvolviendo sin contratiempos importantes. Por lo demás, a pesar de la suspensión de los aumentos, el solo hecho de que hubieran sido anunciados tuvo un impacto sobre la inflación de julio. De esta forma, el tarifazo se transformó en un serio traspié político y económico para Macri y su equipo. 

Las tarifas de los servicios públicos son un problema que el gobierno deberá resolver a la brevedad. Aun cuando pueda salir del paso más o menos pronto, sus cuentas fiscales ya presentan un deterioro serio, agravado por la persistente recesión. En 2015, el déficit había rondado el 5% del PIB; la estimación del desbalance de 2016 está en valores semejantes o por encima de aquel nivel. Al actual déficit hay que sumar los intereses por la nueva deuda que se vaya contrayendo. Por otra parte, la pérdida financiera dejada por Cristina Kirchner por sus ventas del dólar futuro a una cotización irrisoria y las remuneraciones de las Lebac significan egresos para el banco central. Más allá de los anuncios triunfalistas de Prat Gay y Sturzenegger de bajar la inflación y el déficit fiscal a los niveles que tienen los “países normales”, hoy prevalece la convicción de que esa baja, de sobrevenir, es una tarea que demandará varios años.

Las turbulencias de la hora actual muestran un segundo semestre de 2016 con dificultades. Sin la “lluvia de inversiones” prometida durante la campaña, Macri no tiene otro remedio que impulsar un plan de obras públicas de una magnitud capaz de contrarrestar la recesión. Todas estas cuestiones se desarrollarán en los meses venideros y condicionarán la suerte del oficialismo en 2017, que es un año con elecciones parlamentarias.  La persistencia de la inflación podría crear serios problemas, entre otras cosas, en aquellos convenios que pactaron cláusulas gatillo para ajustar los salarios. Además, obligará al banco central a mantener elevadas las tasas de interés. En cuanto al tipo de cambio, si decide mantenerlo fijo en 15 pesos como ancla contra la inflación, en corto tiempo, volverá a la misma paridad real que tenía con Cristina Kirchner a fines de 2015. De profundizarse el desempleo y el deterioro de los ingresos, franjas de la población seguirán pasando a la informalidad y a la marginalidad social, como ocurrió durante el menemismo. Asimismo, Macri corre peligro, de cara a las elecciones de 2017, de que cobren fuerza otros dirigentes con ideas políticas afines y que ya cuenten con un apoyo significativo del electorado. Sergio Massa podría ser un candidato con chances, por su mayor moderación y porque podría arrastrar a franjas importantes del peronismo.

Como se señaló, la reanimación de la economía está atada a que el gasto público en inversión adquiera proporciones significativas, aunque existe el inconveniente de que su concreción demande algún tiempo por razones administrativas. Además de ello, en la apuesta oficial, se espera que los aumentos salariales que hoy están entrando en vigencia recompongan en parte el poder de compra de la población. Otro elemento clave es que el país ha entrado en una fase de endeudamiento en el exterior. La experiencia de las últimas décadas muestra que, normalmente, los períodos con un flujo positivo de capitales son períodos con expansión económica, más allá de las características que tenga esta última y de los peligros que conlleve un ciclo de endeudamiento hacia el futuro. En tercer término, a pesar de que Brasil no levanta cabeza,  la balanza comercial argentina se verá favorecida por el precio alto de la soja (380/400 dólares por tn) y por la baja cotización del petróleo (45 dólares el barril). Por lo demás, la recesión contribuirá a que en 2016 se obtenga un saldo más o menos equilibrado. Un último asunto es el buen resultado que podría lograr el blanqueo de capitales fugados en el exterior, en un contexto internacional de presión de los países centrales para controlar los paraísos fiscales y las operaciones ilícitas. Este blanqueo ha despertado una gran euforia en los hombres de las finanzas –Guillermo Kohan acaba de pronosticar que la recaudación tributaria llegaría a los 5.000 millones de dólares (El Cronista, 25 de julio de 2016)- siendo probable que se exteriorice un monto elevado y el gobierno se junte con un buen ingreso por ello. De poder avanzar en este camino, Macri recobraría aire para negociar con gobernadores e intendentes y llegar con chances para enfrentar a Massa y al FPV en las elecciones de 2017.

El largo plazo: ¿cómo será reestructurada la industria?

En este panorama sacudido por la recesión, el descontento popular, la injerencia de los jueces en el esquema tarifario y sin que aparezcan las prometidas inversiones extranjeras, el equipo económico dio a conocer algunas ideas sobre el largo plazo. Dada su orientación neoliberal, la apuesta inicial identificó a aquellos sectores que gozan de ventajas comparativas basadas en los recursos naturales  –“competitivos”, en el lenguaje de hoy- como el agro, la agroindustria, la minería y los hidrocarburos. También, algunas ramas concentradas de servicios, como las telecomunicaciones y otros, lograrían despertar el interés de los inversores foráneos. El mantenimiento de condiciones favorables para las finanzas complementa esta agenda de los economistas de Macri. Todos estos son enunciados de carácter general, pero no se han anunciado planes de inversión ni proyectos concretos, hasta el momento.

La industria es un terreno más complejo y aquí surgen interrogantes. Por un lado, Macri colocó en esa área de gobierno a los cuadros políticos de la UIA, que restablecieron el listado de las llamadas  “producciones sensibles”, como textiles, calzado y juguetes, cuyas importaciones están sometidas a un monitoreo. Sin embargo, este equipo no fue capaz de frenar las cuantiosas importaciones de bienes de consumo trabadas por el gobierno anterior, que fueron liberadas por la Secretaría de Comercio en los primeros días de gestión. Recientemente (El Cronista, 2 de agosto), trascendió la existencia de un “plan productivo” para promover “sectores competitivos”, entre los cuales se cuentan vehículos, electrónica de consumo y textiles, entre otros.  Esto implica que la rama automotriz, concentrada en un puñado de multinacionales y que fue la nave insignia de Cavallo y de Néstor y Cristina Kirchner, entrará en una nueva fase de negociaciones con Brasil y, probablemente, de exigencias de componentes nacionales cuyos resultados  no siempre suelen cumplirse. La electrónica de consumo constituye una armaduría de piezas importadas radicada en Tierra del Fuego, que Cristina Kirchner impulsó sin ningún tipo de previsión en términos de su balanza de divisas  y cuya reestructuración es muy difícil. Todo hace prever que se regulará la variedad (no necesariamente la cantidad) de bienes que hoy se ensamblan con elevado costo fiscal y altísima proporción de componentes del exterior. En cuanto a los textiles, amenazados por las importaciones de China y otros países, su suerte dependerá de que se continúe con algún tipo de control estatal. 

Las mayores incógnitas sobre lo que piensa el equipo de Macri aparecen en los restantes sectores, como el complejo metalmecánico de limitado desarrollo tecnológico y con una importante dotación de asalariados. Es un sector integrado casi totalmente por empresas medianas o pequeñas y que hoy se encuentra fuertemente afectado por la caída de ventas y por los elevados costos del crédito. Los mismos interrogantes se abren para otras ramas fabriles. Sin embargo, cualquier reestructuración significativa sólo podrá ser concretada después de las elecciones de 2017, cuyo resultado dirá hasta qué punto el gobierno podrá avanzar en una apertura importadora, con la consiguiente ola de despidos. A pesar del carácter incompleto y todavía vago de los anticipos del gobierno, estas ideas dejan ver que se está muy lejos de un proyecto de desarrollo productivo, capaz de encarar los límite estructurales que tiene el aparato industrial como su nivel tecnológico o el enorme déficit de su balanza de divisas que arrastra desde hace dos décadas y media. En otras palabras, la declinación del sector manufacturero –comparado con la marcha de los países que atraviesan por procesos de industrialización- continuará ese curso.

Al mismo tiempo, es importante señalar que un futuro ciclo industrial alcista también acarreará  dificultades, porque toda fase de expansión de las manufacturas conlleva importaciones cada vez mayores de insumos y, por ende, desequilibrios crecientes de divisas. A partir de cierto límite – cuando emerge la “restricción externa”- esos desbalances suelen ocasionar sacudimientos en la balanza comercial, frente a los cuales el gobierno podría apelar a políticas de ajuste.

El dólar y la rentabilidad del capitalismo argentino.

En la periferia semi-industrializada, el precio del dólar es un instrumento clave que sirve para redistribuir el plusvalor entre las distintas fracciones de la burguesía. Un dólar alto encarece las importaciones y acrecienta la rentabilidad de la burguesía industrial. De igual manera, favorece a las otras fracciones del bloque orientadas al mercado externo, como el agro, el complejo alimenticio, la minería y los hidrocarburos. En cambio, disminuye la rentabilidad de los sectores no transables como los servicios y también encarece el turismo fuera del país y la remisión de las utilidades a las casas matrices. 

Más allá de estos efectos heterogéneos sobre la rentabilidad de las distintas fracciones, es importante tener en cuenta otro factor de gran relevancia. Se trata de la dificultad que tiene el capitalismo argentino para fijar una paridad cambiaria relativamente alta que se mantenga por un tiempo razonable. En nuestro país, los gobiernos de distinto signo político buscan evitar un tipo de cambio atrasado, sobre todo, en momentos en que la restricción externa –esto es la falta de divisas- se erige en un freno para la producción. La experiencia reciente de Kicillof (2014) y de Prat Gay (2016), con significativas devaluaciones que se vieron rápidamente licuadas por el aumento de los precios, evidencia este serio problema. Existen diversas fuerzas endógenas que actúan en ese sentido. Una de ellas es la enorme volatilidad que tienen los precios nominales en la Argentina, comparado con el resto de los países de la región. En diversas etapas históricas, las modificaciones en los precios relativos originan aceleraciones inflacionarias muy intensas. Desde 2007 hasta hoy, el país atraviesa por una de esas fases. En segundo lugar, las políticas de altas tasas de interés y el consiguiente ingreso de capitales de corto plazo del exterior generan una abundancia de divisas en el mercado financiero y dejan estable la cotización del dólar aunque la inflación no se haya detenido; en otros términos reina la estabilidad cambiaria pero los precios aumentan. En tercer término, el conflicto de ingresos entre asalariados y capitalistas o entre diversas fracciones capitalistas (agro versus industria o transables versus no transables) son elementos que disparan los precios internos. Esto ocurre también dentro de la industria, cuyos bienes finales reciben un diverso grado de protección, y cuya declinante rentabilidad provocada por su escasa productividad suele ser compensada con subas en los precios de las manufacturas. 

Las devaluaciones que se licúan en corto tiempo por el alza de los  precios internos no es algo que data de años recientes. Cavallo, por ejemplo, vio alterada en pocos meses su estrategia de manejarse con un dólar alto por el incremento de los precios internos que ocurrió a partir de abril de 2001. Sólo la brutal devaluación de 2002, en la crisis de mayor gravedad de la Argentina contemporánea, permitió que Duhalde y Kirchner mantuvieran una paridad elevada durante un tiempo prolongado.

El proyecto de Macri es el programa unificado de las clases dominantes.

En la Argentina de 2016, la política económica de Macri aparece como el programa unificado de las clases dominantes. Para expresarlo en un plano más concreto, ese programa realizó los reclamos exigidos por los capitalistas en los últimos tiempos, tales como la devaluación, la liberación del mercado de cambios, el arreglo con los buitres, el aliento a la inversión extranjera y el levantamiento de los controles y regulaciones y un ajuste del salario real en favor de las clases altas, entre otros.  

La circunstancia de que algunas de esas modificaciones favorezcan en mayor medida a algunas fracciones del bloque y que otras fracciones se consideren insatisfechas no invalida aquella afirmación. El programa único de la burguesía no se caracteriza por beneficiar a todas las fracciones por igual, entre otras cosas, por los efectos diferenciados que origina el tipo de cambio. Su característica principal es que constituye el instrumento apto para impulsar la reproducción ampliada del capital en su conjunto. Más aun, podría perjudicar los intereses económicos de algunas de ellas, por un período largo. El pasado muestra muchos de estos proyectos, en los que conviven  disputas de intereses entre los sectores hegemónicos. El plan Martínez de Hoz (1976) y el plan Cavallo (1991) representaron programas unificados de las clases dominantes y a pesar de ello, la “tablita cambiaria” (1979-1981) generó pérdidas sustanciales al agro y, sobre todo, a la industria. Otro tanto ocurrió bajo la convertibilidad de los noventa, cuando el capital industrial se vio afectado por el atraso cambiario y la apertura importadora, con efectos negativos sobre los estratos medianos y pequeños, algunos de los cuales quedaron fuera del mercado. 

La valorización financiera bajo Macri.

No hay duda que desde diciembre pasado se transitó a una fase de intensa especulación en los mercados financieros, debido a las elevadas tasas de interés que se pagan sobre los depósitos bancarios (o sobre las Lebac, con las que el gobierno promovió esta estrategia). En tal sentido, se estaría reeditando la experiencia de Menem, en la que los fondos líquidos se canalizaban hacia las colocaciones bancarias debido a su alta rentabilidad. Esta afirmación es válida, pero exige precisiones. Es cierto que la política de Macri ofrece rendimientos financieros altos que atraen capitales externos de corto plazo al sistema bancario. Además, esas altas tasas de interés tienen un impacto negativo sobre las empresas que necesitan crédito para producir.  Ciertamente, esta política frena la posibilidad de una expansión en el corto plazo. Su persistencia en el largo plazo sería inviable porque, en algún punto, frenaría la acumulación del capital y desembocaría en una crisis.

Sin embargo, es un error considerar que las actividades especulativas se reducen sólo a este esquema que rigió durante el menemismo y que ahora es reeditado por el banco central. La compra de dólares en el mercado de cambios (a un tipo de cambio bajo o a uno alto) también es una actividad especulativa porque los fondos disponibles se destinan al atesoramiento en moneda dura, en vez de ser invertidos productivamente. Si se acepta esta idea, hoy no se estaría frente a un corte pronunciado con el pasado inmediato. De acuerdo a datos del BCRA, entre 2007 y 2011, bajo el kirchnerismo se registró una extraordinaria fuga de capitales (adquisición de activos externos por el sector privado no financiero) de 80.000 millones de dólares, en condiciones de plena libertad de entrada y de salida de fondos financieros. Este proceso significó una merma notable de las reservas en dólares del país, alimentó un desborde inflacionario y, además, apartó una enorme masa del excedente nacional de la inversión reproductiva.

Hay otro punto que también debe ser considerado. Es cierto que la política de tasas altas beneficia, en primer lugar, al sector financiero que está especializado en estas transacciones. Sin embargo, como señalan Duménil y Lévy, todas las fracciones capitalistas llevan a cabo estas operaciones y todas ellas embolsan esas ganancias monetarias. Dicho de otra manera, las transacciones especulativas del capital agrario o industrial o de servicios constituyen una parte muy importante de la actividad financiera en el capitalismo contemporáneo.

Las tareas que hoy deben afrontar la izquierda.

Hoy la izquierda ocupa un lugar en la primera fila en la resistencia contra la ofensiva de Macri para reducir el salario y el empleo. Las fuerzas de izquierda despliegan una presencia activa en las fábricas, en los barrios, en las calles y en las aulas y bregan por la unidad de acción contra la política oficial. En este camino, también luchan por reagrupar al sindicalismo combativo y antiburocrático y por reconquistar gremios y juntas internas dominadas por la burocracia sindical. En el frente político, cuentan con el prestigio de los parlamentarios del FIT en el congreso y en las legislaturas provinciales, que apoyan las acciones de los trabajadores en huelga y que reclaman que los diputados y otros representantes electos sean remunerados con sueldos equivalentes a los que reciben los docentes. Esta conducta contrasta abiertamente con la que se ve en los políticos del sistema, que está signada por cuentas en paraísos off-shore y por bolsones y cajas repletas de dólares.

Asimismo, la izquierda y el amplio espectro de luchadores sociales y gremiales defienden una perspectiva económica y política radicalmente distinta y entienden que la reconstrucción de las bases productivas debe regirse por condiciones de otro tipo. En primer lugar, se debe atender a los requerimientos mínimos de trabajo, educación, vivienda y salud de toda la población. En segundo término, la planificación para el crecimiento exige contar con el manejo efectivo de los recursos productivos. La programación socialista con control democrático de los trabajadores, una idea unánimemente rechazada por los partidos de orientación capitalista, constituye la herramienta central para llevar adelante un nuevo funcionamiento de la economía. El desarrollo de las fuerzas productivas no puede quedar sujeto a la libre acción del mercado ni tampoco al impulso estatal a  la demanda agregada que no controla el destino de los flujos que se inyectan en la economía.

Hay que señalar que este tipo de gestión no debe circunscribirse sólo a un plan de crecimiento y de modernización. En la Argentina, no resultaría posible encarar las políticas más inmediatas de la coyuntura económica sin una intervención programada en la esfera de la producción y de la distribución. Esto es, la atención de las necesidades cotidianas de la población exige una gestión popular que evite las distorsiones que las fuerzas de los mercados genera sobre la oferta productiva. En un trabajo reciente, Roberto Frenkel (Clarín Eco, 19 julio de 2016), aporta una explicación muy importante de por qué bajo el kirchnerismo la pobreza ascendió al 29% de la población en 2005, según los datos del Observatorio Social de la UCA. De acuerdo a este economista, entre 2001 y 2015, los precios en la Argentina subieron catorce veces. Pero los precios de los alimentos aumentaron veinticuatro veces y aquéllos que definen la canasta básica de necesidades, en veintidós. Esto es, bajo un gobierno que llevó a cabo un proceso redistributivo de alcance limitado, la falta de intervención y gestión popular en las cadenas de producción y de comercialización –para ponerlo más simple, la ausencia de programación económica- generó inevitables desbordes en los circuitos productivos y desequilibrios en el sistema de precios con un impacto directo sobre la pobreza, como lo muestran los índices presentados por Frenkel. En el debate público abierto por el EDI (Economistas de Izquierda) en enero de 2002 se planteó la necesidad de impulsar un programa socialista al servicio de los trabajadores y del país. Ese programa hoy conserva plena vigencia.

 



[1] Integrante del EDI y miembro de la SEC

[2] Las retenciones a la soja, en cambio, disminuyeron del 35% al 30%.