Una sociedad más laica. PÉRDIDA DE INFLUENCIA DE LA IGLESIA CATÓLICA

 

Por Sol Prieto*

Los cambios sociales en marcha desde el retorno de la democracia marcan una distancia cada vez mayor de la esfera civil con las posiciones doctrinales de la Iglesia católica, principalmente en el orden sexual. La jerarquía eclesiástica parece tomar nota de ello en sus estrategias políticas.

 

En los últimos años, los movimientos feministas y por la diversidad sexual lograron mostrar y cuestionar, en una prédica cada vez más masiva, las desigualdades y exclusiones que hacen al orden sexual. Este cuestionamiento implicó destacar que el anudamiento entre sexualidad y reproducción naturaliza y legitima un orden desigual en el que los cuerpos, las sexualidades y las identidades de las mujeres son encuadrados desde lo reproductivo. Lo cual deja a las mujeres “sujetas” al rol de madres y a las necesidades y los mandatos de otros (niños, niños “por nacer”, “padres” e incluso “la soberanía nacional”). Debido a que el Estado argentino presenta una fuerte matriz católica en su génesis y en su historia, la jerarquía católica funcionó durante más de un siglo como un pilar central en la defensa de este orden sexual.

Sin embargo, los cambios en marcha en la sociedad argentina, sobre todo desde el retorno de la democracia, permiten matizar esta afirmación. Esto se debe a que ciertos patrones identitarios (de clase, políticos, familiares, etarios) que permitieron durante gran parte del siglo XX definir contenidos centrales para los proyectos de vida de las personas se debilitaron dando un lugar primordial a las decisiones individuales. Estos cambios se tradujeron en un proceso de creciente desinstitucionalización e individuación en el modo en el cual las personas viven la religión y se relacionan con aquello en lo que creen. Sin ir más lejos, la primera Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas, realizada por el Programa de Sociedad Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (perteneciente al CONICET), en 2008, arroja interesantes resultados en este sentido. Por ejemplo, el 69,1% de los católicos en Argentina, ligeramente por encima de la población general (63,9%), considera que el aborto debería estar permitido en algunas circunstancias; el 60,5% estima que se les debería permitir el sacerdocio a las mujeres; el 79,3% considera que a los sacerdotes se les debería permitir formar una familia; el 80,8% piensa que las relaciones sexuales antes del matrimonio son una experiencia positiva; el 93% está de acuerdo con que en las escuelas se enseñen todos los métodos anticonceptivos. Estas cifras dan cuenta de que fenómenos sociales más amplios como la individuación, la desinstitucionalización y la pluralización de las creencias y convicciones personales también están presentes en el mundo de los católicos.

A la vez que existe esta valorización creciente de las opciones personales, estas identidades disidentes al orden sexual vigente se expresaron y se expresan en el espacio público cada vez con más fuerza y en conjunto con una multiplicidad de sujetos sociales (trabajadores formales e informales, desocupados, estudiantes, juventudes, ruralistas, etcétera) que reclaman para sí visibilidad, legitimidad y participación en las decisiones políticas. Esta dinámica, que probablemente se deba a la consolidación de una democracia en la que las demandas y el reconocimiento se construyen en gran medida a través de la movilización popular en las calles, también es un factor clave que posibilita el proceso de legalización del aborto en Argentina.

Un actor en retirada

Este fenómeno social amplio de pluralización y puja por el reconocimiento en el espacio público habilitó cambios en el modo en el cual la legislación encuadra la sexualidad, las identidades de género, la educación, la reproducción, la salud, la moral familiar y las decisiones personalísimas en Argentina. La observación cuidadosa del modo en el que ocurrieron estos cambios permite pensar que el movimiento católico y la jerarquía de la Iglesia católica no incidieron exitosamente en los debates ni funcionaron como actores de veto.

El caso de la ley de Matrimonio Igualitario es un ejemplo clave para analizar esta cuestión. A partir de una investigación sobre las intervenciones de grupos evangélicos y católicos sobre los debates en torno al matrimonio igualitario, Mariela Mosqueira, Marcos Carbonelli y Karina Felitti, marcaron que, si bien la Iglesia católica se movilizó ante la posible sanción de esta norma, el grueso de las demostraciones de fuerza en el espacio público dependió de la convocatoria de instituciones evangélicas como ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina), las iniciativas de la AAAC (Asociación Argentina de Abogados Cristianos) y la labor de los diputados evangélicos Hugo Acuña y Cynthia Hotton, quienes se dedicaron a tratar el tema en los medios de comunicación.

Mientras el debate público social del Matrimonio Igualitario crecía en visibilidad y los colectivos en defensa de la diversidad sexual avanzaban en la batalla por el sentido común, reapareció la amenaza por parte de algunos obispos de excomulgar a los diputados y senadores que apoyaran su sanción, lo cual había ocurrido en 1987, luego de la sanción del divorcio vincular. Pero a pesar de estas amenazas, y de que el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, afirmara que el Matrimonio Igualitario se trataba de “una movida del Padre de la Mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”, la aprobación de la ley por amplia mayoría dejó en evidencia que la Iglesia católica, aunque es un jugador en las dinámicas coalicionales, no necesariamente define los resultados.

Lo mismo ocurrió entre 2011 y 2012, durante el debate de la Ley 26.742, conocida popularmente como “ley de muerte digna”. De acuerdo a esta norma, los individuos tienen “autonomía de la voluntad” para rechazar procedimientos quirúrgicos, de reanimación o de soporte vital, desproporcionados. Tanto en este debate como en su antecedente (una ley similar sancionada en Río Negro), múltiples agentes católicos se movilizaron en contra. Acudieron a las audiencias públicas en carácter de expertos y responsables de organizaciones no gubernamentales, publicaron notas en la Agencia de Información Católica y en otros medios de comunicación. También difundieron comunicados y mensajes de los obispos. Sin embargo, la capacidad de la Iglesia para impedir la sanción fue insuficiente y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó sus reparos una vez ya sancionada la ley. En una declaración de la Comisión Ejecutiva de la CEA, los obispos criticaron la medida, denominando “eutanasia pasiva” a la posibilidad, por parte de los pacientes, de rechazar la hidratación y la alimentación a partir de directivas anticipadas.

Lo mismo ocurrió entre el 2012 y 2013, en el debate de la Ley 26.862, conocida como “ley de fecundación asistida”. En el documento “Reflexiones y aportes sobre algunos temas vinculados a la reforma del Código Civil”, la CEA planteó que la fecundación artificial debía “ser prohibida por las objeciones éticas y jurídicas que merece”. De todos modos aclaró que, en caso de que se promovieran legalmente técnicas de fecundación in vitro, los embriones debían tener los mismos derechos que los embriones implantados en el útero. A pesar de este cuestionamiento, la Iglesia católica no intervino en el debate de la norma propiamente dicha, que se sancionó con un amplio consenso social.

La Ley 16.743, conocida como “ley de identidad de género” fue un caso similar. Promulgada en 2012, esta ley reconoce el derecho con el que cuentan todas las personas de hacer coincidir su cuerpo (incluida su genitalidad), su nombre y su documentación oficial, con su identidad de género autopercibida. El artículo 11 establece el “derecho al libre desarrollo personal”: implica que todas las personas mayores de dieciocho años pueden acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida. Esto, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. En este caso, la Iglesia católica no emitió pronunciamientos durante el tiempo que duró el debate en ambas cámaras. La Conferencia Episcopal emitió una brevísima declaración luego de que fuera sancionada. Teniendo en cuenta el tono de otros documentos del mismo tipo, las críticas al proyecto fueron moderadas. Y en comparación con otros documentos, muy contemplativas de la situación y los reclamos de las personas trans. De este modo, los obispos marcaron que, si bien había que tener en cuenta “el significado objetivo del dato biológico como elemento primario”, en una legislación sobre identidad sexual esto no significaba “desconocer la realidad de personas que sufren por estos motivos”. Nuevamente, la ley se sancionó por mayoría y con un importante consenso social.

La observación de estos ejemplos permite afirmar que tanto la jerarquía como el movimiento católico (representado en este tipo de debates por las organizaciones “provida” y por cuadros vinculados a universidades e institutos) se mostraron como actores en retirada: en varios casos las críticas de la Conferencia Episcopal fueron moderadas e incluso en algunas discusiones, previendo la derrota de la posición doctrinaria, este órgano expresó sus disconformidades luego de sancionadas la normas.

Rupturas y continuidades

El declive del catolicismo como actor de peso en este tipo de debates se tradujo en una adaptación de la estrategia eclesiástica que implica rupturas y continuidades con sus mensajes y modos de acción movimientista e institucional habitual. Éstos pueden analizarse a través de tres dimensiones: los actores y repertorios de acción movilizados, los discursos y la recepción por parte de los actores políticos.

Gran parte de los actores y los repertorios puestos en juego en el debate sobre el aborto legal estuvieron presentes en peleas previas. Las organizaciones “provida” y los cuadros científicos e intelectuales (provenientes de campos como la medicina, la psicología y la bioética pero también el derecho, la filosofía, el trabajo social, el periodismo y la educación) tuvieron protagonismo sobre todo en las audiencias públicas que se realizaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esto representó una continuidad importante respecto a las batallas previas.

Los obispos, por su parte, jugaron un rol clave en el trabajo de lobby sobre diputados y senadores enviando notas a los indecisos, recorriendo despachos, y en algunos casos teniendo actitudes más o menos beligerantes con quienes adelantaron su posición a favor del derecho a decidir. Estas actitudes beligerantes alternaron entre acciones más discretas, como enviar pequeños muñecos con forma de fetos en cajitas a los diputados, hasta acciones más visibles como amenazarlos con la excomunión en celebraciones litúrgicas y populares.

Las movilizaciones y misas en el espacio público también jugaron un rol importante a lo largo de este proceso. La marcha “provida” del 25 de marzo, “Día del niño por nacer” fue un hito importante de presencia católica en la ciudad de Buenos Aires y fue acompañada por un Domingo de Ramos en el que se exhibió la consigna “Vale Toda Vida”. A fines de mayo, en Rosario se realizó el II Encuentro Nacional de Juventud, que se abrió con una marcha hasta el Monumento a la Bandera en el que los animadores leyeron la consigna de la movilización: “Todos nosotros, junto a la Virgen, le decimos sí a la vida”. Y el domingo 8 de julio al pie de la Basílica de Luján se realizó una misa bajo el lema: “A tus pies [por la virgen de Luján] renovamos la esperanza, #ValeTodaVida”. A esta misa concurrió más gente que la que concurre a estos eventos pero menos que la que concurre a las peregrinaciones.

La centralidad de los curas que integran la Vicaría para la Pastoral en Villas de Emergencia y otros sacerdotes que trabajan en barrios populares, sobre todo el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, representó una innovación en esta disputa. Si bien el nivel de exposición de Di Paola es elevado tratándose de un sacerdote, en general no había estado presente en debates previos referidos a la sexualidad como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y otros casos analizados. Esto tiene que ver con un cambio en el discurso católico sobre el aborto.

De la misma manera, el esfuerzo por captar y mostrar referentes “provida” en los medios de comunicación (como el periodista Mariano Obarrio, la mediática Amalia Granata o el periodista deportivo Gastón Recondo) representó una innovación respecto a los actores y repertorios de acción previos. Esta innovación, al igual que la marca identitaria del pañuelo celeste análogo al pañuelo verde,  dialogó con la estrategia de captar y mostrar actrices, cantantes, periodistas y otras referentes de los medios y del espectáculo.
Por último, la participación del papa Francisco en el debate resultó, por motivos obvios, una novedad respecto a la estrategia institucional previa de la Iglesia católica. Luego de que el 14 de junio el proyecto de legalización del aborto obtuviera media sanción, Jorge Bergoglio dijo que el aborto se realiza con propósitos eugenésicos y que por lo tanto representa a un “nazismo con guantes blancos”. “Está de moda, es habitual. Cuando en el embarazo se ve que quizás el niño no está bien o viene con cualquier cosa: la primera oferta es ‘¿lo tiramos?’. Es el homicidio de los chicos. Para resolver una vida tranquila, se tira un inocente”, fue el discurso que el Papa dio en una reunión con el Foro de Asociaciones Familiares (Forum Familia) en el Vaticano.

En lo que se refiere a los discursos católicos en torno al aborto, existieron continuidades pero también algunas rupturas respecto a los discursos previos. Muy sintéticamente, a los discursos que asimilan un feto a un niño y por lo tanto un aborto a un homicidio, se agregaron discursos que destacan el sentido liberador y empoderador que tiene para las mujeres pobres el convertirse en madres. En diálogo con los discursos feministas que venían haciendo hincapié en la legalización del aborto como una forma de proteger la salud de las mujeres pobres que abortan clandestinamente, el discurso católico buscó así acercarse a una fundamentación más “social” que moral. En este mismo sentido se destacaron “el amor a la vida” y “la esperanza” como rasgos característicos de los sectores más populares en Argentina, apelando a atribuir la demanda de legalizar el aborto a los sectores medios y acomodados. Este discurso empalmó con otro, de larga data en la memoria católica nacional, pero que había estado relativamente ausente en los últimos tiempos, que consiste en oponer una Buenos Aires “tilinga”, “atea” y servil a los intereses foráneos e imperialistas a un “interior católico” y por lo tanto “verdaderamente argentino”. Estos discursos se conectan fuertemente entre sí porque apelan a mostrar a las demandas del feminismo como cuestionamientos a la identidad argentina, representada como católica.

Estos discursos también están presentes en la resistencia a la legalización del aborto por parte de legisladores, sobre todo integrantes del Senado, quienes en nombre de la defensa de la identidad de sus provincias se oponen al proyecto promovido por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esto se relaciona con la tercera dimensión, es decir, la recepción de estas acciones y discursos por parte de los actores políticos. Si bien en los últimos años la autonomía de la política respecto a las posiciones católicas doctrinarias creció notablemente (los ejemplos mencionados dan cuenta de este fenómeno), una encuesta a diputados y senadores realizada por Juan Esquivel en 2011 muestra que el 52% de los legisladores se habían reunido ese año con un obispo y el 45% con un sacerdote. Los temas discutidos en estas reuniones eran la educación sexual, el matrimonio gay, la definición de contenidos religiosos en la educación pública, y la ayuda social, entre otros. Es muy posible que esta permeabilidad activa entre religión y política siga presente en el Senado.

A pesar de la integralidad de la estrategia del catolicismo y de las innovaciones respecto a disputas anteriores, algunos elementos permiten advertir que desde el campo católico se prevé un resultado adverso, si no en el corto, en el mediano plazo. Estos elementos tienen que ver con el tono de los pronunciamientos eclesiásticos (mucho menos virulentos que en otros momentos de la historia) y cierta aceptación implícita de esta realidad por parte de sectores vinculados al trabajo con los pobres: los curas villeros recientemente llamaron a los católicos comprometidos con la vida a crear “Hogares del Abrazo Maternal”, es decir, centros de contención para mujeres con embarazos de riesgo o inesperados. Esto podría indicar que estos sectores, previendo la legalización, realizarán un trabajo de contención social para evitar que las mujeres pobres que están en duda opten por interrumpir sus embarazos. En suma, todos los sectores de la sociedad, inclusive el catolicismo, parecen estar preparándose para la legalización del aborto. 

* Socióloga, becaria doctoral (CEIL-CONICET).

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur