El incierto futuro de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico

Por EDMY AYALA PATRICIA MAZZEI 5 de agosto de 2019

 

Momentos después de asumir el cargo de gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi prometió directamente que dejaría el puesto en los días siguientes si el Senado de la isla votaba en contra de su confirmación, incluso si con eso se volvía uno de los gobernadores con menos tiempo en el cargo.

“Debo admitir que puede pasar”, dijo Pierluisi, “pero esa es la situación”.

Eso fue el viernes 2 de agosto. Para el domingo, Pierluisi parecía haber cambiado de parecer, pues argumentó que el Senado no podía pronunciarse al respecto y que los tribunales resolverían el asunto. Unas horas después fue impugnado.

Este lunes 5 de agosto, Puerto Rico estaba en el mismo lugar en el que ha estado desde hace semanas: en una parálisis política prolongada. No se resolvió con la llegada de Pierluisi a la gobernación, después de que entrase en vigor la renuncia de Ricardo Rosselló. El Tribunal Supremo de Puerto Rico acordó revisar la impugnación en contra del nombramiento de Pierluisi.

Un escándalo desató protestas masivas en contra de Rosselló, tras la filtración de mensajes privados en los que él y sus asesores cercanos insultaban a diversos puertorriqueños. Las dudas sobre si el ascenso de Pierluisi a la gobernación fue legítimo ahora dejan abierta la posibilidad de que la gente salga de nuevo a las calles, en caso de que vean su llegada al puesto como evidencia de que la élite política quiere quedarse en el poder de manera inconstitucional.

“Esto no se trata de si el licenciado Pierluisi es un buen candidato, como han planteado algunos”, dijo Julio E. Fontanet Maldonado, investigador constitucional y decano de la facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. “Hay que defender el Estado de derecho”.

El domingo por la tarde, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le pidió a un tribunal menor de San Juan que emitiera una orden para anular la toma de posesión de Pierluisi como gobernador, con el argumento de que no había sido confirmado primero como secretario de Estado por ambas cámaras de la Asamblea Legislativa.

El secretario de Estado es el segundo en línea para suceder al gobernador en caso de renuncia o salida. La Cámara de Representantes sí confirmó a Pierluisi como secretario de Estado el viernes, pero el Senado no había tenido la audiencia para debatir la confirmación. Y el lunes había dudas sobre si Pierluisi siquiera había presentado todos los papeles necesarios a tiempo antes del voto en la cámara baja.

“En Puerto Rico se vive una situación sin precedentes”, escribió Rivera Schatz en su demanda. El líder del Senado también dirige el Partido Nuevo Progresista, al que pertenecen tanto Pierluisi como Rosselló.

Jenniffer González-Colón, comisionada residente de Puerto Rico en la cámara de representantes de Estados Unidos, y quien criticó el nombramiento de Pierluisi la semana pasada, dijo que la credibilidad de Puerto Rico en Washington estaba en juego mientras no se aclarara el liderazgo de la isla. El gobierno de Trump ha retrasado el envío de 8.300 millones de dólares del fondo de prevención de desastre para la isla, pues están pendientes controles de vigilancia más estrictos.

“Esto se tiene que resolver bien, no puede resolverse con ningún subterfugio legal,” dijo González-Colón a la prensa en el capitolio en San Juan.

El Tribunal Supremo dijo que revisará la impugnación presentada por el Senado y pidió que se introduzcan los argumentos por escrito a más tardar la tarde del martes 6 de agosto. En un inicio, el Senado había programado la audiencia para decidir si confirmar a Pierluisi para este mismo lunes; sin embargo, Pierluisi dijo que como ya tomó posesión no tiene por qué someterse al proceso de confirmación como secretario de Estado ante la cámara alta. La audiencia fue cancelada.

El viernes, Pierluisi comentó durante una conferencia de prensa que la audiencia podía ser para que el Senado lo “ratifique” directamente como gobernador, pero no parece existir un marco legal para que eso suceda.

El lunes por la tarde, a pesar de que se había cancelado la audiencia original, la cámara alta anunció una sesión extraordinaria para evaluar el nombramiento de Pierluisi; este entonces ajustó sus declaraciones nuevamente y dijo que aceptaría la decisión de los senadores.

“Si el Senado de Puerto Rico decide llevar a cabo cualquier tipo de votación sobre mi incumbencia, voy a respetar el resultado de dicha votación”, indicó Pierluisi. “Lo único que le pido a los senadores es que, antes de tomar su decisión, escuchen al pueblo, a quien nos debemos todos”.

Pero al final el senado no votó. Los legisladores se turnaron para tomar la palabra y lamentar la confusa situación.

Líderes de la oposición culparon a Rosselló por el dilema actual de Puerto Rico, por no haber nombrado a un secretario de estado hasta dos días antes de abandonar el cargo. A Pierluisi lo culparon por no definir claramente un camino constitucional de cara al futuro antes de asumir el cargo, a pesar de ser abogado.

“Estamos en el momento más oscuro, porque por caprichos personales de poder, una persona no se sometió al criterio constitucional” dijo el senador Juan Dalmau Ramírez del Partido Independentista Puertorriqueño.

Rivera Schatz dijo que en ninguno de los casos Pierluisi habría recibido suficientes votos para ser ratificado.

“Esto es un hecho”, dijo. “Su juramentación es nula.  Está actuando ilegalmente como gobernador. Es mi deber llevarlo al tribunal”.

Después de la sesión del senado, Pierluisi dijo que esperaría la decisión del Tribunal “confiado en que prevalecerá lo mejor para Puerto Rico”.

Pierluisi, de 60 años, fue comisionado residente en Washington durante ocho años y ha recibido críticas de los legisladores debido a conflictos de interés. Después de abandonar la función pública, ha trabajado para un despacho legal contratado por la impopular junta que supervisa las finanzas en bancarrota de la isla. También ha cabildeado a favor de una empresa acusada de verter cenizas tóxicas en el sur de Puerto Rico.

Además de la impugnación de Rivera Schatz, Pierluisi enfrenta otra demanda legal presentada por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que le pidió al Tribunal Supremo declarar como ilegítima la toma de posesión. Cruz es precandidata para la gobernación en las elecciones de 2020 por el Partido Popular Democrático, que respalda que Puerto Rico siga siendo territorio estadounidense.

El fin de semana, Yulín Cruz les dijo a los reporteros que tampoco respalda a la persona que asumiría el cargo si Pierluisi queda fuera, la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, pero que considera que la corte debe clarificar la ley respecto de la sucesión constitucional.

Un abogado que representa a la ciudad de San Juan, Frank Torres Viada, describió a la isla como un sitio en medio de “un vacío jurídico”.

“Ahora mismo, los puertorriqueños se encuentran en un estado de incertidumbre, agitación e inquietud de espíritu”, dijo Torres Viada, porque no saben “realmente quién es gobernador de Puerto Rico”.