El regreso de los trabajadores al centro de la política económica

Miguel Martínez Lucio, Profesor de la Universidad de Manchester

Unas de las características de la derecha populista, como es el caso del presidente Trump y algunos aspectos de la política de ‘Brexit’ en el Reino Unido, es la manera en la que han hecho referencia a los intereses de la clase trabajadora.  Esta derecha intenta posicionar los intereses de la clase trabajadora en oposición a lo que llaman el establecimiento ‘cosmopolita’ del sistema político. Es un desarrollo que se basa en la manera en la que grandes partes de dicha clase trabajadora han sido marginadas en la política económica de los últimos años. Aunque se puede decir que era la derecha neoliberal la que afrontó esta estrategia de cambio en la política industrial (con sus cierres de la industria de los astilleros, etc.), la manera en que la tradición social democrática participó en esta desindustrialización permite que figuras como Donald Trump en los EEUU o el político Nigel Farage en el RU sean los portavoces de estas tradiciones perdidas. Paralela a esta política ‘populista’ (post)industrial se ve el desarrollo de un discurso xenofóbico donde las pérdidas materiales de la clase obrera tradicional (por usar tal frase) se explican por el cada vez más alto ritmo de inmigración. La ironía del discurso contemporáneo de la supuesta nueva derecha es que pone énfasis en la pérdida de la identidad social y económica de los trabajadores. Se puede decir que la Nueva Derecha de los ochenta también tuvo lo que Stuart Hall (el sociólogo británico de origen caribeño) llamó también un discurso populista que manipuló las incertidumbres de tales clases: pero en este caso el proyecto juega con la ilusión de remontar la industria tradicional (aunque sea poco probable que esto ocurra) y volver a un contexto histórico del siglo XX. Este juego ideológico marca la diferencia entre el discurso neoliberal de Reagan y Thatcher con el de Trump. Este juego de palabras que significa una vuelta a las minas de carbón y a las fundiciones de acero, por ejemplo, tiene el impacto de poner a la izquierda y a los sindicatos en una posición defensiva dado su papel cómplice en el momento de la desindustrialización. La manera en la que el trabajo se ha ido degradando cada vez más como se puede ver en la economía de plataformas y su empleo fragmentado permite que esta derecha estilo Trump cree una alianza simbólica con las clases trabajadores (que se mantiene dado que es pronto para juzgar las realidades y resultados de esta contra política).

Es por esto que la respuesta de la izquierda(s) en este momento puede ser crucial para no solamente relanzar una política progresista en el seno de la economía, sino para permitir una nueva visión real y concreta del papel de los trabajadores en la economía. En el caso del RU está claro que nadie puede predecir lo que ocurrirá durante 2019 dado el contexto surreal que traen las discusiones sobre la salida del país de la Unión Europea: pero, estamos viendo debates entre partes de la izquierda que intenta confrontar este tema de como renovar el socialismo de una forma que imagina un nuevo papel institucional de los trabajadores en la economía.                      

El que fuera Primer Ministro del Reino Unido en dos momentos diferentes de las décadas de los 60 y 70, Harold Wilson, comentó una vez que una semana es mucho tiempo en política. La gran velocidad en la que se mueve el panorama político nos fuerza a todos a pecar de precavidos a la hora de hacer predicciones. En el caso del contexto actual del Reino Unido, muy pocas cosas resultan predecibles dada la aguda crisis por la que atraviesa el Estado como consecuencia de la decisión de salirse de la Unión Europea. Quién accederá al poder y quién tendrá posibilidades de ganar las elecciones generales en el futuro próximo es tan incierto como la naturaleza de las políticas y de los líderes de los principales partidos políticos. Sin embargo, en medio de toda esta crisis constitucional y caos político, se han producido una serie de cambios relativos a muchos aspectos del Partido Laborista, aun cuando éstos hayan ocurrido en un clima de enorme hostilidad hacia su líder, Jeremy Corbyn, y las redes y comunidades políticas alineadas con él. Los desafíos constantes a su liderazgo y las alegaciones persistentes a su postura de apoyo histórico a la causa palestina (según muchos, como parte de una estrategia para expulsarle) generan una sensación de incertidumbre y desasosiego existencial a la hora de escribir sobre lo que puede pasar en el panorama político británico.

A pesar de todo, e incluso teniendo en cuenta que para cuando este artículo se publique cada palabra del mismo pertenecerá a la historia antigua, la realidad es que el Partido Laborista ha sido testigo de dos procesos paralelos significativos en los últimos cuatro años más o menos, desde que Jeremy Corbyn se convirtiera en su líder. El primero consiste en que la tendencia más neoliberal y cercana a la filosofía del ‘Nuevo Laborismo’ de Tony Blair ha sido cuestionada desde dentro del mismo Partido Laborista. En segundo lugar, las políticas innovadoras del equipo de dirección de Jeremy Corbyn (especialmente las de John McDonnell) han supuesto una curiosa y significativa renovación del compromiso gracias a unos enfoques de la política económica e industrial más comprometidos con lo social.

En una primera instancia, las ideas en torno a la Tercera Vía, que habían surgido en torno al trabajo del sociólogo Anthony Giddens y cristalizado en algunos aspectos de las políticas del Partido Laborista de los años 90, constituyeron una ruptura importante con respecto a las políticas sociales y económicas más tradicionales y de vocación pública. Que el Partido Laborista fuese el partido históricamente considerado como más ‘socialista’ es cuestión de opiniones, pues en algunos momentos fue descrito como una ‘iglesia extensa’ que incluía tanto a socialdemócratas partidarios del mercado como a ‘socialistas democráticos’ más identificados con la clase y los sindicatos. Desde sus inicios, se han dado debates permanentes sobre el papel de los sindicatos y de la clase política, así como sobre el grado óptimo de intervención estatal. Sea como fuere, los años del Nuevo Laborismo bajo la batuta de Tony Blair y Gordon Brown representaron lo que Simon Jenkins denominó en su libro Thatcher and Sons [Thatcher y sus hijos] una política de continuidad con rasgos políticos de la Nueva Derecha en lo que se refiere a la limitada colaboración con los sindicatos de cara a la política económica y al rechazo a ampliar el papel del Estado en la economía y la industria, aunque en el terreno de lo social hubiera, en cierto sentido, una relativa mejora en la asistencia social y los servicios de salud. La filosofía surgió de las experiencias y las prácticas llevadas a cabo en Francia y España por los gobiernos respectivos de Mitterrand y González.

En gran medida, la Victoria de Jeremy Corbyn constituía en parte una reacción desde dentro y desde el entorno cercano al Partido Laborista a dichas políticas, que, para algunos, estaban asociadas a los orígenes de las políticas de austeridad y al fracaso a la hora de regular el capital de manera efectiva. También suponía, por otro lado, una reacción a la creciente inclinación de la filosofía del partido hacia los negocios y hacia la gestión, como resultado de su fascinación por todo lo que tuviera que ver con lo comercial y lo corporativo. Un camino no muy diferente al tomado por algunos de los principales líderes socialistas del caso español. Esto es, el atractivo de la idea del mercado y las escuelas de negocio como motor de la economía y su singular, aunque simbólica retórica de la responsabilidad social corporativa.

Sin embargo, el viraje reciente hacia la izquierda también ha sido el resultado de un conjunto de debates y redes que existieron y fueron fundamentales en las innovaciones que se dieron en la década de los 80 e incluso en la de los 90 a nivel local y municipal, con el socialismo municipalista como bandera. Esta era la izquierda que se había formado en las décadas de los 70 y 80 en varias ciudades claves (especialmente Londres) en oposición a la hegemonía de las políticas conservadoras de Margaret Thatcher. En ciudades como Londres se pudo experimentar con políticas locales alternativas en los campos de la economía y el transporte. Un ejemplo de ello serían las políticas industriales inclusivas e innovadoras que se pusieron en marcha en torno a organismos como el Greater London Enterprise Board, bajo el auspicio de la primera oleada de la marca de socialismo local puesto en práctica por Ken Livingstone en Londres en la década de los 80. Esta red se estableció como movimiento político ubicado en el margen izquierdo del Partido Laborista (con vínculos con la extrema izquierda), y su trabajo se caracterizó por su alto compromiso con la igualdad y las políticas multiculturales. Estos fueron los orígenes de los discursos emancipatorios de Jeremy Corbyn y John McDonnell (como ministro de economía en la oposición), ubicados en el margen izquierdo en torno a una socialdemocracia más progresista que, como ya expliqué en los Pasos de la izquierda (Número 12), permanecieron en la memoria colectiva y se constituyeron en repertorio de acción para todas aquellas personas que se ubican a la izquierda del partido y más allá.

En segundo lugar, estos acontecimientos han dado lugar a un programa del Partido Laborista que hace cinco años habría sido inimaginable. Se han incorporado una serie de innovaciones e ideas que tratan de combinar una mayor socialización de la economía y un desarrollo significativo del compromiso democrático. Que para los habitantes del norte de Europa muchas de estas políticas no se antojen ni tan radicales ni tan innovadoras, no resta importancia al hecho de que existe un intento de equilibrar la ampliación del renovado papel del Estado con una lógica industrial más participativa. Esto no significa (desafortunadamente) la proclamación de la necesidad de la clásica renacionalización a gran escala y el aumento del control por parte de los trabajadores, pero sí implica el replanteamiento del desarrollo de la economía, no solo alejándose de la obsesión por la austeridad económica sino acercándose a nuevas formas de democracia industrial. Supuestamente, los costes del programa han sido calculados y diseñados para garantizar la estabilidad económica, en parte debido a la obsesión que existe en la política británica (entre otras) con los programas presupuestados al detalle, como consecuencia de la fijación neoliberal permanente con los presupuestos económicos y su estabilidad, pero también de la certeza de que la prensa vinculada a la derecha utilizará el fantasma del gasto excesivo y la inflación (vinculados a las dosis habituales de xenofobia) para desvirtuar un programa progresista.

En lo que se refiere al nuevo programa del Partido Laborista, la creación de un Banco Nacional de Inversión para recaudar y generar una inyección de 250.000.000.000£ en la economía se presenta como el aspecto fundamental para respaldar la industria y los proyectos de infraestructura claves, así como para vincular dicha financiación al desarrollo de cooperativas y pequeños negocios, entre otras iniciativas. Esta institución no es única en Europa, pero está resultando curiosa la manera en que se está vendiendo políticamente como la priorización de los espacios alternativos que han estado copados en la práctica por el capital financiero y corporativo que ha prevalecido en el país. En cuanto a la regulación financiera, las propuestas giran fundamentalmente en torno a la aprobación de una serie de reformas que debían haberse puesto en marcha de manera efectiva en 2008 como resultado de la crisis financiera. Hasta cierto punto uno podría alegar que dichas propuestas no son radicales, pero en comparación con el Nuevo Laborismo, cuando menos, representan un giro en el modo en que las finanzas pueden replantearse. El programa también sostiene que ‘el Laborismo modificará la ley empresarial de manera que los directores cumplan sus obligaciones directas no solo con los accionistas, sino también con los empleados, los clientes, el medio ambiente y el público en general, y realizaremos una consulta sobre la aprobación de la legislación correspondiente dentro de este Parlamento’. O dicho de otro modo, promulgar el concepto de responsabilidad social corporativa de un modo más efectivo y garantizar que se presta una mayor atención a los derechos de los trabajadores y consumidores. A este respecto, uno puede apreciar el carácter innovador de las medidas en la necesidad de desarrollar la dimensión participativa que tantas restricciones sufrió durante los gobiernos laboristas previos de Blair y Brown. En el discurso actual, la confianza en el capital no es tan fuerte. El objetivo es utilizar los dispositivos legales y los marcos normativos de una manera más efectiva y generar una mayor sensibilización en torno a la importancia de la regulación. En muchos aspectos, lo que pretenden es sacar provecho de lo que los académicos de la gestión empresarial llaman ‘buenas prácticas’, y que ya existen en otros contextos nacionales, quizá más regulados, con la intención de sortear y debilitar algunas de las críticas de presunto radicalismo que la prensa asociada a la derecha activará en caso de elecciones.

En el terreno de los servicios públicos, como pueden ser los ferrocarriles, el objetivo es volver a la propiedad pública una vez terminadas las concesiones; la creación en el sector de la energía de un conjunto de influencias operativas más descentralizadas y de iniciativa pública; y la eventual transferencia de la industria del agua a estructuras regionales públicas. El discurso tiende a enfatizar los problemas surgidos de la flagrante especulación en dichos sectores y el fracaso de las estructuras regulatorias que se implementaron para proporcionar concesiones y de la supervisión minimalista que obvió el comportamiento habitual de las empresas. Este nuevo discurso se basa en una propiedad pública que no solo depende de una política estatal centralizada. El argumento central parece ser que el error cometido por la socialdemocracia en el pasado, cuando nacionalizó y pasó a ser propietaria de servicios claves como el agua, la electricidad y el transporte, consistió en no intensificar la influencia pública sobre los sectores nacionalizados al no generar un mayor grado de compromiso y rendición de cuentas públicos y políticos a nivel local. En este sentido, lo esencial de este discurso no es solo que el mercado y las privatizaciones hayan fracasado, sino que los socialdemócratas fueron incapaces de establecer un proyecto de Estado y de pensar en fórmulas de compromiso públicas y más adaptadas al ámbito regional en lo que se refiere a dichos servicios, pero también a otros. Así, lo que hizo el Nuevo Laborismo es permanecer encandilado con la nueva filosofía de gestión heredada de Thatcher, mientras que anteriormente el laborismo de Wilson y Callaghan, caracterizado por un peso (relativamente) mayor del Estado, se aferró a las fórmulas más tradicionales y jerárquicas del control de la gestión; y en ninguno de los dos casos consiguieron superar las filosofías de gestión jerárquica y alcanzar un mayor nivel de control o implicación por parte del Estado y del trabajador. Los defensores de dichos gobiernos, o incluso del de Tony Blair, podrían alegar que siempre existieron reticencias por parte de los líderes sindicales a la hora de implicarse en la gestión de los sectores industriales, pero más allá de las funciones simbólicas desempeñadas por los representantes de los consumidores y trabajadores, la crisis de la socialdemocracia se puede analizar en términos de fracaso a la hora de renovar el vínculo entre el Estado y la sociedad en lo que a participación se refiere.

Existen muchas otras dimensiones que merecería la pena analizar sobre el conjunto de propuestas políticas del actual Partido Laborista como la ampliación de los mecanismos de formación, el incremento de la inversión en el renqueante sector de las infraestructuras nacionales y el aumento de los niveles de inversión en ecología. También se presta una mayor atención a los derechos de los trabajadores en la economía de plataformas y en otros mecanismos similares en los que el trabajo está sufriendo un proceso de fragmentación y a la necesidad de una nueva estrategia para promover la dignidad laboral a través de la anulación de un conjunto de leyes que han restringido los derechos sindicales en diversos ámbitos. En cualquier caso, la clave se sitúa de nuevo, asociada al debate sobre el control público, en el intento de vincular una lógica industrial democrática a las actividades propuestas. Han sido varios los factores que han originado un interés creciente por la idea de ampliar el control y la influencia de los trabajadores sobre la industria y los negocios. Independientemente de cuál sea el contexto político futuro, el asunto de los representantes de los trabajadores y la gobernanza empresarial se antoja como un punto de debate clave. Las políticas del Partido Laborista bajo la dirección de Jeremy Corbyn comienzan a apelar a la necesidad de los trabajadores de contar con algún grado de influencia institucional sobre sus empresas, más allá de la cortina de humo que suponen los planes de sugerencias y las reuniones de equipos, aunque aún está por ver cómo y cuándo sucederá esto una vez que el laborismo entre en el gobierno. Una de las ideas que ha sido propuesta y discutida es que el Partido Laborista, una vez en el gobierno, pediría a las empresas con más de 250 empleados que reservaran hasta un tercio de los puestos de sus Consejos de Administración para los trabajadores, como método para garantizar una mayor vigilancia y control del negocio y para evitar decisiones económicas caprichosas y cortoplacistas. Esta propuesta es significativa en tanto que comienza a comprender la necesidad de democratización de la gobernanza empresarial y que este nuevo papel de los trabajadores redunda tanto en la eficiencia económica como en la justicia social de los planteamientos corporativos. Pero esto no es solo una respuesta a la crisis financiera de 2008 y al modo en que la opacidad de la toma de decisiones ha socavado la coyuntura económica del país. También constituye una fórmula para contrarrestar la recientemente estigmatizada idea promovida por los conservadores desde 1979 bajo la cual la posesión individual de acciones por parte de los trabajadores es el mejor modo de crear un capitalismo más popular y (supuestamente) responsable: el enfoque thatcheriano de la copropiedad a través de acciones ha sido poco común, fragmentado y altamente individualizado, de modo que ha supuesto un escaso control efectivo sobre los Consejos de Administración.

La idea propuesta por el laborismo parece prometedora, en parte porque el asunto de la participación colectiva del trabajador sigue quedándose fuera de la agenda política y del imaginario de la izquierda y del movimiento obrero, en la misma medida en que los discursos académicos sobre la naturaleza del trabajo se quedan absortos en la problemática de la explotación y no generan respuestas alternativas. Todos estamos legítimamente centrados en los costes sociales y económicos de la creciente degradación de la situación laboral y en las nuevas formas de explotación de la llamada economía de plataformas, pero la idea de desarrollar formas alternativas y participativas de organización y gobernanza se discute muy ocasionalmente en este contexto.

Evidentemente, estas propuestas no son las más ambiciosas que se podían presentar, tal y como podría revelar cualquier breve comparación con otras partes de Europa más comprometidas con lo social. Sin embargo, la lógica subyacente busca que la participación popular se constituya en un nuevo agente de importancia estatal. En mi opinión, estas políticas no son tan extensibles como podrían serlo, pero durante décadas el contexto político del Reino Unido no ha estado familiarizado con este tipo de políticas. La necesidad de introducir una dimensión más democrática en las estructuras de la economía y de repensar el papel de los trabajadores, más allá de la ampliación del alcance y de la práctica de la negociación colectiva, necesita de una mayor reflexión. En algunos aspectos, esto se vincularía con la lógica de democracia radical puesta en práctica por la teórica política belga, residente en el Reino Unido, Chantal Mouffe. La reforma económica y las políticas progresistas asociadas a ésta necesitan desarrollarse con la mirada puesta en nuevas formas de implicación pública y social y no solo a través de la propiedad directa o indirecta del Estado. En este sentido, se requiere un fuerte replanteamiento y un repliegue con respecto de la filosofía empresarial contemporánea y su obsesión por las heroicidades y prácticas de gestión asociadas al liderazgo individualista. El asunto al que se enfrentan los progresistas de la izquierda es que el enfoque de mercado ha seguido su curso en muchos aspectos, pero el regreso a un estado de bienestar Keynesiano clásico no es ni tan sencillo ni constituye ya una alternativa.

Sea como fuere, terminamos como empezamos: una semana es mucho tiempo en política. La posibilidad de que vuelva a haber un gobierno laborista en algún momento, y que sea con las políticas que acabamos de analizar, no está muy clara. La importancia del debate actual sobre los distintos aspectos de la izquierda británica reside en que cualquier vuelta a un conjunto de políticas más orientadas hacia lo social y con un papel más proactivo en el sector industrial que ponga fin a la economía de la austeridad, debería abordar el modo en que la influencia y el control de los trabajadores y consumidores (como colectivo) tenga efecto sobre lo económico. Ahora mismo este asunto pendiente es fundamental para la izquierda tanto dentro como fuera del Reino Unido.