Costa Rica entra a la OCDE: hacia el estándar de la economía neoliberal

Desde mediados de la administración Chinchilla Miranda en 2012, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) inició las gestiones para que Costa Rica iniciara el proceso de admisión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sin embargo no es hasta 2015 que se inicia con el proceso formal de ingreso a la Organización. Hoy, 5 años después Costa Rica está solamente a la espera de la invitación del organismo a formar parte del mismo, luego de haber cumplido con los requisitos solicitados.

Escribió: Alejandro Granados, La Izquierda Diario. Miércoles 8 de abril 

 

Durante la administración Alvarado se han cumplido los requerimientos para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una actitud complaciente frente a los organismos internacionales impositivos que han ejercido presión sobre los países de la región latinoamericana insistiendo en un modelo económico al servicio de potencias hegemónicas.

El Ingreso a la OCDE

Desde mediados de la administración Chinchilla Miranda en 2012, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) inició las gestiones para que Costa Rica iniciara el proceso de admisión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sin embargo no es hasta 2015 que se inicia con el proceso formal de ingreso a la Organización. Hoy, 5 años después Costa Rica está solamente a la espera de la invitación del organismo a formar parte del mismo, luego de haber cumplido con los requisitos solicitados.

Sobre los requerimientos, corresponden a 22 comités, estos comités son mecanismos de evaluación técnica de la OCDE, que se encargan de evaluar el cumplimiento de los Estados candidatos con los estándares en diversas políticas públicas y hacer un análisis del rendimiento actual de los Estados en cada una de esas áreas basado en datos. Lo que se busca en la evaluación de ingreso es finalmente que los Estados se ajusten a los parámetros de “buenas políticas públicas” definidos por la Organización, esto demanda que la legislación del Estado candidato se ajuste a un “mínimo aceptable” respecto a esos estándares definidos por lo que gran parte de la responsabilidad de cumplirlos recae en la labor del Poder Legislativo.

Sobre el ingreso, Costa Rica desde el 2015 y con mayor intensidad en la última administración, ha puesto sus esfuerzos en aprobar las demandas de la Organización para asegurar el ingreso del país a la misma. Claro ejemplo de esto, es el hecho de que la función legislativa en los últimos años se haya centrado en el cumplimiento de las solicitudes hechas por los comités, evidencia de esto es la rapidez con la que se cumplieron las demandas de cada comité, reflejada en que para febrero de 2020 aún hacía falta la aprobación de tres de los comités, pero que hoy a inicios de abril, ya se ha cumplido con estos.

El proceso y las “sugerencias” de la organización han generado conflictos entre los intereses de sectores de la clase trabajadora y el gobierno, como lo fue la aplicación de la nueva Regla Fiscal en Costa Rica y las acciones de fuerza unificada llevadas a cabo por la clase trabajadora en contra de la misma. Estos ejemplos no se limitan a las políticas impulsadas en el país, sino que también se pueden referenciar en otras naciones que gestionan el proceso de ingreso como Argentina, donde se impulsan de igual manera políticas públicas en contra de la clase trabajadora a petición de la Organización.

La OCDE ¿Organización para la colaboración o versión pasiva de los organismos financieros?

Existe toda una discusión respecto al papel de la OCDE y su función, quienes le defienden argumentan que no es un organismo financiero, como los utilizados por las potencias hegemónicas para imponer política económica a las economías latinoamericanas y en especial a países semicoloniales como Costa Rica, y que en cambio corresponde a un organismo imparcial de colaboración fundamentado en parámetros de medición estandarizados.

Respecto a la naturaleza del organismo no hay ninguna objeción, en efecto no corresponde a un organismo financiero, en tanto no es su labor brindar fondos a los Estado miembros, sino proveerles datos y generar a partir de estos “recomendaciones” respecto a cómo proceder a partir de estos. Sin embargo, el asunto con las evaluaciones estandarizadas es que son diseñadas para medir el rendimiento respecto a un determinado objetivo o modelo, por ejemplo, las pruebas estandarizadas de la OCDE para evaluar la educación, pruebas PISA, están diseñadas para medir la calidad de un sistema educativo, pero no de forma general, sino que explícitamente para medir la calidad de un sistema educativo enfocado en la capacitación de individuos para el mercado laboral. Se entiende entonces que las “buenas políticas públicas” que se busca diseñar desde la información suministrada por la OCDE son concebidas desde un modelo específico a evaluar, en este caso el modelo económico neoliberal.

Para comprender lo anterior basta con remitirse a la historia de la OCDE y procesos históricos que marcaron los inicios de la Organización. Previo a su fundación en 1960 lo que hoy conocemos como la OCDE, tenía el nombre de Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), que correspondía al ente encargado de implementar en Europa el Plan Marshall, medida imperialista estadounidense sobre los países europeos correspondiente a una movida geopolítica previo a la Guerra Fría justificada como ayuda económica para la reconstrucción de la naciones afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Posterior a 1960 y siguiendo las dinámicas político-económicas del mundo occidental, la OCDE adopta el pensamiento de la Sociedad de Mont–Pèlerin, compuesta por los principales pensadores del neoliberalismo, como el que define la línea de economía política a seguir.

Pese a no ser un organismo financiero, uno de los supuestos beneficios del ingreso a la OCDE corresponde al de tener acceso de una forma más ágil a fuentes de endeudamiento, esto sin las trabas usuales a las que se ven sometidas los Estados al solicitar el financiamiento sin formar parte del grupo de naciones que componen a la Organización. De acá que dentro del diseño de las políticas públicas de la organización, se parta de cumplir con las responsabilidades contraídas con los organismos financieros hegemónicos, políticas que finalmente terminan correspondiendo a las que dichos organismos impulsan de una forma más coercitiva, pero en este caso bajo un supuesto sustento empírico “imparcial”.

La necesidad de prepararse

Producto de esto es de esperar que el Estado siga haciendo uso del mecanismo de la deuda, ahora que se suponen “mejores” condiciones respecto al pago de la misma, y que cuando de nuevo las responsabilidades económicas contraídas con los organismos financieros asfixien las finanzas públicas, el pago de las mismas vuelva a recaer en la clase trabajadora del país como sucede con la última reforma fiscal, la cual tiene un carácter regresivo, y que fue aprobada a pesar del repudio hacia la misma por parte de la clase trabajadora y diversos sectores sociales.

Frente a este panorama se vuelve urgente la unión y organización de la clase trabajadora para hacerle frente a las futuras medidas de ajuste propuestas por la OCDE en función de cumplir con las “obligaciones” del país con el FMI y el Banco Mundial, esto implica establecer objetivos estratégicos claros que representen un plan de lucha para vencer, plan que debe tomar como enseñanza los errores cometidos durante la coyuntura de la huelga de 2018 y que expuso la debilidad e inoperancia estratégica de las cúpulas sindicales para llevar a cabo una lucha contra un gobierno que insistía en llevar adelante un proyecto impopular y antiobrero y que finalmente culminó con una derrota reflejada en la aprobación de la Reforma Fiscal y una Ley Antihuelgas posteriormente, por lo que definir el rumbo de acción se vuelve indispensable para evitar escenarios similares frente a la nueva coyuntura para la clase trabajadora que representa el ingreso de Costa Rica a la OCDE.

Además este ingreso se hará frente a la crisis económica que implica la pandemia del Covid-19 en el mundo y que ha empezado con el despido de más de 100 000 trabajadores en el país, con cerca del 50% de la fuerza de trabajo en la informalidad y una clase trabajadora que ya de por sí paga todos los préstamos que han hecho los gobiernos de los empresarios.