México autorizó incursión aérea

Gobierno justifica vuelo de aviones no tripulados de EEUU para tareas de seguridad

Los aeronaves tipo Global Hawk sobrevuelan el espacio aéreo mexicano para rastrear actividades de los narcotraficantes.

Escribió: Gardenia Mendoza Aguilar en laopinion.com

MÉXICO, D.F.— El gobierno de México ha solicitado en ocasiones y eventos específicos a Estados Unidos el apoyo de aviones no tripulados para obtener información de inteligencia en contra del crimen organizado, aceptó ayer el vocero de Seguridad Nacional.

"Cuando se realizan estos operativos siempre se hacen con la autorización, vigilancia y supervisión operativa de agencias nacionales, incluida la Fuerza Aérea Mexicana", puntualizó Alejandro Poiré, titular de la dependencia, en un comunicado.

El diario The New York Times citó ayer —sin dar nombres— fuentes del Pentágono y mexicanas que revelaron que desde febrero pasado aviones Global Hawk, como los que se utilizan para el espionaje en Afganistán, sobrevuelan territorio mexicano para rastrear a narcotraficantes.

La incursión de armamento y tropas extranjeras es un tema sensible para los mexicanos, cuya Constitución los prohíbe por considerarlos una violación a la soberanía nacional.

Especialmente con Estados Unidos, México sostiene una histórica desconfianza desde que perdió la mitad del territorio en 1847.

El senador Ricardo Monreal, del izquierdista Partido del Trabajo (PT), consideró que al permitir el ingreso de los aviones estadounidenses se "somete al país a una condición de indignación y una actitud subordinada y demasiado entreguista".

La posición del Ejecutivo es más pragmática: afirma que los esfuerzos han sido particularmente útiles en la consecución de diversos objetivos de combate a la delincuencia y han incrementado notablemente las capacidades y superioridad tecnológica de las autoridades.

Poiré sostuvo que se respetaron las leyes del país, ya que estas dan atribuciones a las instancias de seguridad nacional de utilizar cualquier método de recolección de información para la producción de inteligencia.

"La definición de los objetivos, la información a recolectar y las tareas específicas a realizar han estado bajo el control de autoridades mexicanas", detalló.

Analistas mexicanos en seguridad nacional coinciden en este último punto. "No hay violación a la Constitución porque el gobierno mexicano solicitó y autorizó el ingreso de los aviones. No tiene esa tecnología y la pide al país que sí la tiene", dijo Martín Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

"Solo hace falta que México explique para qué le sirvió".

Los vuelos no tripulados y la creación de un centro de fusión "antinarcóticos" en México, en el que trabajarían conjuntamente ambos países, fueron parte de los trabajos ratificados durante la última visita del presidente Felipe Calderón a su homólogo estadounidense Barack Obama, el pasado 3 de marzo, informó The New York Times.

El rotativo estadounidense aseguró que las operaciones aéreas apoyaron la ubicación geográfica de los presuntos asesinos del agente de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Jaime Zapata, quien murió en un ataque en el estado de San Luis Potosí (centro) el pasado 15 de febrero.

De su parte, México abundó que el uso de dichos recursos es parte del "fortalecimiento institucional" para escalar en instrumentos tecnológicos a su alcance que consoliden un Estado de derecho.

Diversos esquemas de colaboración en contra del narcotráfico se han emprendido desde que tomó posesión el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006 y desde que han muerto hasta la fecha más de 35, 000 personas.

En agosto pasado arrancaron las operaciones en la Ciudad de México de la Oficina Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida (OBS), en la que funcionarios estadounidenses y mexicanos intercambian información y capacitación sobre proyectos de seguridad, a los que se destinaron 450 millones de dólares para un período de tres años.

Entre los eventos bilaterales relacionados con la seguridad destaca la introducción clandestina de 1,998 armas de alto poder por parte de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) a territorio mexicano aparentemente sin el consentimiento del gobierno.